¿Qué pasó con Jesús Álvarez? Uno de los presos políticos venezolanos que falleció en Tocuyito

Jesús Rafael Álvarez murió mientras estaba en custodia del Estado venezolano. El hombre de 44 años de edad falleció entre la noche del 12 de diciembre y la madrugada del 13 en el centro penitenciario de Tocuyito, en Carabobo.

Su hijo, quien lleva el mismo nombre que su padre, se enteró de la información a través de redes sociales; después pudo confirmar la lamentable noticia a través de una fotografía que le enviaron desde el servicio de medicina forense del hospital central de Valencia.

Ha pasado casi una semana de la muerte de Jesús Rafael Álvarez y, todavía, las autoridades venezolanas no explican las razones del deceso.

Mientras tanto, a Jesús Álvarez hijo le tocó enterrar a su padre mientras era escoltado por funcionarios de seguridad. El cadáver se lo entregaron el sábado 14 de diciembre y, según dijo Álvarez, el cuerpo de su padre ya estaba en avanzado estado de descomposición.

Al preso político lo detuvieron el 2 de agosto en El Callao, estado Bolívar. En el contexto de las protestas postelectorales. Ese día también apresaron a su esposa, Anny Suárez de Álvarez. A los dos los sacaron de su casa funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Como ha ocurrido con otros presos políticos venezolanos fallecidos, la responsabilidad de la salud y bienestar de estas personas recae sobre el Estado. Diversos abogados han conversado con Efecto Cocuyo para recordar que los familiares podrían citar el artículo 140 de la Constitución de la República. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Sección segunda: De la Administración Pública”, reza el artículo.

Le habrían negado atención médica a Jesús Álvarez, preso político venezolano

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) indicó, a través de redes sociales, que a Jesús Rafael Álvarez le habrían negado atención médica necesaria durante su reclusión en Tocuyito. Sin embargo, debido a la opacidad de las autoridades venezolanas, no se sabe qué padecía Álvarez y cómo fue su muerte.

Lo que sí se sabe es que el hijo de Jesús Rafael Álvarez tuvo que ir hasta la sede del penal para poder hacerse responsable del cuerpo de su padre, mientras su madre sigue recluida. El joven, de 22 años de edad, ahora se encarga de dos hermanas menores de edad y por ser hombre no le permitieron visitar a su papá mientras estuvo vivo en la penitenciaría carabobeña.

«Mi papá que falleció fue ayer (jueves 12 de diciembre) y lo pasaron para el hospital central, en la morgue, pero no me avisaron nada. No recibí ninguna llamada, nada. Yo me vengo a enterar es por una noticia en las redes. ¿Cómo el familiar de uno que está ahí, preso inocentemente, va a morir y a uno no lo llaman, uno tiene que enterarse así», manifestó Jesús Álvarez hijo en un video difundido por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, preso político, falleció en el Internado Judicial de Tocuyito. Su hijo se enteró de la noticia a través de las redes sociales y, tras reconocer el cadáver en la morgue, se trasladó al penal donde le negaron que algún preso hubiera muerto. El… pic.twitter.com/VIMEYUtQkW

— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) December 14, 2024

Álvarez, mayor de tres hermanos, también informó que no le permitían visitar a su padre porque en el centro de reclusión sólo permitían la entrada de mujeres. «Mi papá era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban. A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel«, denunció Álvarez.

¿Quién es responsable por la muerte de Jesús Álvarez?

Diversos abogados consultados por Efecto Cocuyo aseguran que el responsable por las muertes de personas en centros de reclusión es el Estado venezolano. Especialmente si dichas muertes no ocurrieron en un contexto de violencia o enfrentamientos dentro de los penales.

“Los familiares pueden y deben demandar al Estado”, indicó un abogado penalista en conversación con este medio y quien pidió reservar su nombre por razones de seguridad.

Una persona experta en leyes y activista por los derechos humanos comentó que «el Código Orgánico Penitenciario establece la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos, que deviene del artículo 272 de la constitución y del propio catálogo constitucional de derechos. El Código Orgánico Procesal Penal también establece que se pueden conceder medidas humanitarias en favor de las personas privadas de libertad cuando su situación de salud lo justifique».

Algunos expertos han hablado del Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (también llamado Protocolo de Minnesota) y cómo este se podría aplicar en las muertes de los presos políticos venezolanos que están bajo custodia del Estado.

Sin embargo, dicho protocolo se suele aplicar a las ejecuciones. No obstante, el protocolo también tiene modelos de autopsias y exhumaciones que se pueden emplear para conocer las causas reales de la muerte de una persona. Tres días después de la muerte de Jesús Rafael Álvarez, se registró el fallecimiento de Osgual González Pérez, también en Tocuyito.