La diputada del Frente Amplio y ex subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, manifestó preocupación y alarma por la decisión del gobierno de flexibilizar la legislación sobre el tabaco, y aseguró que el decreto del gobierno del presidente, Luis Lacalle Pou, fue inconsulto con el Ministerio de Salud Pública, “no está basado en evidencia científica, y parece elaborado por las industrias tabacaleras”. En tal sentido, trascendió que la Compañía de Tabaco Montepaz S.A fue una de las empresas que realizó un fuerte aporte monetario a la campaña electoral del Partido Nacional.
El Decreto de Presidencia, que partió del Ministerio de Industria, dispone modificaciones a los artículos 7, 8 y 10 del Decreto N° 120, de abril de 2019 (relativo al empaquetado y etiquetado neutro o genérico de todos los productos de tabaco y cigarrillos) del ex presidente, Tabaré Vázquez.
Las modificaciones planteadas por el gobierno actual establecen: la introducción de la “cajilla blanda”, lo que permitiría a la industria competir más efectivamente con los cigarrillos de contrabando; se permite la identificación en el cigarrillo, con el fin de asegurar al comprador la autenticidad de la marca, y las empresas podrán incluir logotipo en el filtro; y se establecen sanciones para los comerciantes que vendan cigarrillos de contrabando, que podrán ser condenados a seis meses de prisión efectiva.
La salud de la población está por encima de los intereses de la industria
A raíz del reciente decreto, la diputada del FA y ex subsecretaria de Salud, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Cristina Lustemberg, manifestó su “preocupación y alarma”, por las resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo respecto a las normativas que refieren a la industria tabacalera y a la flexibilización de las normas vigentes.
Dijo que el decreto genera un “claro retroceso”, respecto a la política antitabaco de Uruguay, desde la firma del Convenio Marco en 2004 de Control del Tabaco y todas las políticas implementadas con posterioridad.
Reflexionó que afecta a la salud de los uruguayos. “La salud debe primar ante presiones de intereses económicos”.
“Parece un decreto elaborado por las industrias tabacaleras, porque es un reclamo que han hecho los integrantes de dicha industria”, lamentó. En efecto, representantes de Montepaz han realizado planteos al respecto ante las comsiones respectivas del Parlamento.
La legisladora señaló que las presiones de los grupos empresariales existen, y remarcó que, a pesar de ello, Uruguay ha sido ejemplo a nivel mundial, al ganar un juicio internacional.
En dicho marco, en las últimas horas trascendió, según datos de la Corte Electoral, que la Compañía de Tabaco Montepaz S.A colaboró con más de 550 mil pesos en la campaña electoral de Luis Lacalle Pou, y que el Partido Nacional fue la única colectividad política que recibió su aporte monetario.
Según informó Sudestada, el vínculo entre Montepaz y el Herrerismo, “es de larga data”. En tal sentido, la publicación recuerda que el asesor jurídico de Montepaz, Eduardo Mezzera, fue viceministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), senador suplente en el período 2010-2015, e ingresó a la Cámara en varias ocasiones. Asimismo, Mezzera fue asesor jurídico del Ministerio de Industria, Energía y Minería durante 16 años.
Decreto inconsulto
Por otro lado, Lustemberg expresó no compartir el argumento del gobierno referido a que se trata de una medida para combatir el contrabando.
“Estas resoluciones no están basadas en evidencia científica y se realizaron de forma inconsulta”, por parte del Ministerio de Industria. “Nos llama la atención que el Ministerio de Salud Pública no haya convocado a ámbitos tales como: la Comisión Asesora de Control de Tabaco, ni a la Comisión de Protocolo de Erradicación de Comercio Ilícito, que también depende del MSP”, cuestionó Lustemberg
La legisladora frenteamplista denunció que también se genera un “retroceso” al habilitar, a partir de otro Decreto de Presidencia, la importación de productos de tabaco calentado, que tiene claros efectos nocivos sobre la salud de la población.
Lustemberg cuestionó la decisión del gobierno ante la Comisión de Salud de Diputados, y el FA no descarta tomar acciones políticas.
lr21.com.uy
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