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En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulada una organización criminal conocida como «Bodegas», dedicada al hurto y comercialización ilegal de combustible en estaciones de servicio en Bogotá y Cundinamarca. La red operaba desde marzo de 2024 y habría sustraído un total de 545 mil galones de gasolina y diésel, afectando gravemente la infraestructura de transporte de hidrocarburos de Cenit, filial de Ecopetrol.
Entre los 16 capturados se encuentran los propietarios de cuatro estaciones de servicio, quienes utilizaban sus negocios como centros de distribución del combustible hurtado. Según la investigación, los delincuentes instalaban válvulas ilegales en los poliductos Salgar-Mansilla y Mansilla-Puente Aranda, mediante las cuales extraían cerca de 2.200 galones diarios. El hidrocarburo robado era transportado en tractocamiones cisterna desde el municipio de Funza hasta Bogotá, donde finalmente era vendido de manera clandestina.
Cenit, como empresa víctima, desempeñó un papel fundamental en las investigaciones al proporcionar información clave y pruebas materiales. Estos elementos permitieron a las autoridades identificar a los responsables y ejecutar un operativo que incluyó 17 diligencias de registro y allanamiento en diversas localidades de la sabana de Cundinamarca. Durante estas acciones se incautaron 17 teléfonos móviles y tres memorias USB con evidencia que será determinante para el proceso judicial.
En las audiencias realizadas ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Facatativá, se legalizaron las capturas y allanamientos, y se imputaron cargos por apoderamiento de hidrocarburos, receptación y concierto para delinquir. Quince de los capturados recibieron medida de aseguramiento intramural debido a la magnitud del daño causado a la sociedad, el medioambiente y la economía.
Ecopetrol y Cenit reiteraron su compromiso en la lucha contra el hurto de hidrocarburos y agradecieron la colaboración de las autoridades en la operación. La compañía destacó que este tipo de actividades delictivas no solo generan pérdidas económicas, sino que también representan un alto riesgo medioambiental y social para las comunidades afectadas.
Con esta contundente acción, las autoridades lograron un importante avance en la lucha contra el crimen organizado, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias legales para quienes atentan contra el patrimonio público y la seguridad energética del país.
carloscastaneda@prensamercosur.org
