El Gobierno de Uruguay modificó el reglamento relativo a la expedición de pasaportes comunes, medida que había sido anunciada por las autoridades luego de la polémica que se generó por la entrega de un documento de este tipo al ahora prófugo narcotraficante Sebastián Marset.
El decreto, que hizo diversos cambios al anterior de 2014 y que fue dado a conocer este jueves, reforzó algunos de los requisitos necesarios en cuanto a los antecedentes que se deben tener para conseguir el pasaporte.
Algunas de las condiciones necesarias para los mayores de 18 años, según detalla el artículo 5, son “no encontrarse privados de libertad, carecer de orden de cierre de fronteras, requisitorias u orden de captura, a nivel nacional, así como internacional que hayan sido informadas a la Dirección general de Lucha contra al Crimen Organizado e Interpol”.
El decreto emitido en 2014 se refería a la “aprobación del reglamento relativo a la expedición de pasaportes comunes, títulos de identidad y de viaje y derogación del decreto 167/993”.
Dicho reglamento establecía la consulta de antecedentes judiciales en Uruguay para la expedición de un pasaporte a ciudadanos de esa nacionalidad en el exterior.
Según alegó el Ejecutivo uruguayo, las causas que Marset tuvo en algún momento en su país ya estaban cerradas y no había petición del extranjero.
Marset, uruguayo de 31 años, con largo historial delictivo en varios países y cuyo nombre aparece vinculado como presunto autor intelectual del asesinato en Colombia del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, recibió un pasaporte de las autoridades uruguayas que le permitió escaparse de Emiratos Árabes Unidos.
Según informó días atrás el diario uruguayo El Observador, el narcotraficante recibió el pasaporte mientras el Ministerio del Interior colaboraba con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en una investigación internacional liderada por la Secretaría Antidrogas de Paraguay.
El pasado 22 de agosto, los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, fueron interpelados por los senadores de la oposición, quienes pidieron que estos dieran “un paso al costado”.
Ambos integrantes del Ejecutivo defendieron que la entrega del pasaporte fue “un trámite administrativo” y no político.
“El problema es el decreto 129/014, que facilitó que Marset tuviera pasaporte”, indicó en ese momento el ministro del Interior en una rueda de prensa.
Fuente: EFE
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