Revisar sentencias ejecutoriadas, y tomarse principales entes de control, el objetivo de UNES y el PSC

El oficialismo pide “dar la espalda” a la intención de UNES y el PSC de meter mano a la Justicia.

El movimiento Unión por la Esperanza (UNES) en la Asamblea Nacional insiste en su aspiración de que se conforme una “comisión de la verdad” denominada así por ellos para que “ausculte” los procesos judiciales en contra del expresidente Rafael Correa, quién está prófugo, y de su exvicepresidente Jorge Glas.

Esta intención la confirmó Nathalie Arias, asambleísta de CREO, en momentos en que en el Pleno de la Función Legislativa inició el enjuiciamiento político en contra de Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), de  los  vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno, y María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo, por presunto incumplimiento de funciones.

“Esto es motivo de preocupación; se escucha nuevamente a los legisladores de UNES insistir por enésima vez en la denominada comisión de la verdad, pero a la que la Asamblea tiene que darle la espalda para evitar una intromisión en la Justicia”, alertó Nathalie Arias.

 Lo que hay detrás

La “comisión de la verdad” tiene como objetivo revisar los procesos judiciales con sentencias ejecutoriadas que se emitieron en abril de 2020 en contra de Correa y  Glas, acusados de cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos. Junto a ellos, también fueron sentenciados los entonces ministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri y Walter Solís.

Correa está prófugo en Bélgica desde fines de 2017, y Glas cumple una sentencia de 8 años de prisión por el caso Sobornos, y seis en el caso Odebrecht.

Para él y otros siete excolaboradores del correísmo hay una sentencia de ocho años de prisión en el caso Singue por la cual está pendiente un fallo a un recurso de apelación interpuesto por los acusados. Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de la Presidencia en la administración de Correa investigado por el presunto peculado en las sabatinas, también está prófugo.

Al exsecretario jurídico del correísmo, Alexis Mera, le fue negado en abril de 2022 un recurso de revisión en la CNJ a la sentencia por el caso de corrupción Odebrecht. Por esta trama cumple arresto domiciliario desde julio de 2019.

Jorge Esteban Gallegos, abogado de Mera dijo que por el momento no tienen planificado presentar otro recurso de revisión. Sin embargo, aclaró que cualquier recurso que le asista a  Mera será planteado en estricto derecho. “Aquí no tiene que haber ninguna injerencia política, ni ningún acuerdo político;  tampoco estamos a la espera de que se mantenga este Consejo de la Judicatura o se cambie el Consejo”, señaló.

Pacto UNES-PSC

El pacto entre UNES y el PSC se remonta a mayo de 2021, cuando se propuso la candidatura para la presidencia del Legislativo,a  Henry Kronfle.

Tras ese acuerdo estaba la aspiración de los correístas de librarse o minimizar las sentencias que algunos de ellos ya han recibido. A cambio no solo le darían al PSC la presidencia de la Asamblea, sino que además se habría comprometiendo para el PSC,  la Judicatura,  la Contraloría, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, opinó Salvador Quishpe, jefe de bloque del Pachakutik.

Desde 2021, Mariano Curicama (movimiento Minga), que votó a favor del juicio al CJ enfrenta un juicio penal por el presunto delito de concusión (cobro de diezmos) a empleados y trabajadores a contrato mientras ejerció la prefectura de Chimborazo, cuyo monto superaría el millón de dólares, según los denunciantes. (SC)

Así se debilitó el Consejo de la Judicatura

Las debilidades en el CJ se  evidenciaron apenas cinco meses después de que las autoridades asumieron el cargo en enero de 2019.  Por discrepancias con María del Carmen Maldonado, la vocal Patricia Esquetini renunció a su cargo el 14 de junio de ese año. Cuestionó el liderazgo de la entidad que no demuestra un  compromiso hacia   cambios profundos en la administración de Justicia

En los tres años en funciones, Maldonado dictó cerca de 16 medidas preventivas de suspensión que consistieron en apartar del cargo a jueces, fiscales por  presuntos indicios de irregularidades y corrupción.

Las críticas  a su administración empezaron en 2019, cuando la Asamblea investigó una denuncia, según la cual, Diego Molina, esposo de Maldonado,  y Maribel Barreno, habrían «vendido” nombramientos de notarios a cambio de $120.000.  Esta es una de las siete causales que plantea Viviana Veloz (UNES) para la censura de Maldonado, y destitución de los vocales.

Maldonado renunció al cargo el 2 de febrero de 2022. Argumentó que la Corte Constitucional había dictado una sentencia que, según ella, retiraba a la Presidencia del  CJ la facultad de dictar medidas de suspensión para funcionarios judiciales que enfrenten procesos disciplinarios.   La sentencia de la CC del 12 de enero de 2022 determinó que, para que esas medidas de suspensión sean constitucionales “deben ser ejercidas privativamente por el Pleno del Consejo de la Judicatura y no de forma individual por su presidente o presidenta”.

Fausto Murillo es presidente del CJ desde el 3 de febrero de 2022. Fortalecer el servicio de justicia para garantizar la tutela de los derechos ciudadanos, anunció Murillo como la prioridad de su gestión.

El CJ tiene pendiente la evaluación a 700 fiscales, convocar a un concurso a llenar seis vacantes de jueces y 13 conjueces para la CNJ, evaluación a notarios, jueces de cortes provinciales y tribunales, jueces de primer nivel, e implementar el expediente electrónico.

En marzo de 2022, el CJ anunciaba que el proceso para la designación de los magistrados empezaría en mayo, y en octubre ya estarían designados.

Después del último concurso en 2020, la CNJ está incompleta.  En esa ocasión no se llenaron todas las vacantes porque los postulantes no alcanzaron los puntajes mínimos requeridos.    Desde entonces, de los 21 jueces titulares que debe tener la Corte, solo hay 15; pero faltan seis.  Y de los 21 conjueces titulares, hay ocho, pero faltan trece.