Retos de la Alianza contra el Hambre: Inclusión y Sostenibilidad

Como legado de su presidencia en el G20, Brasil ha propuesto la creación de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, enfocada en combatir el hambre que afecta a más de 700 millones de personas en el mundo. Esta iniciativa pretende coordinar recursos y conocimientos para fomentar políticas públicas efectivas. Su lanzamiento oficial coincidirá con la Cumbre de Líderes del G20, que comenzará el 18 de noviembre, y la Alianza será gestionada desde oficinas en Roma (Italia), Addis Abeba (Etiopía), Bangkok (Tailandia), Brasilia (Brasil) y Washington (EE.UU.).

Expertos consultados por Agência Brasil apoyan la iniciativa, aunque advierten sobre importantes retos. Señalan que para que la Alianza sea eficaz, los países deben comprometerse con medidas a largo plazo y asegurar la participación activa de la sociedad civil en la implementación de políticas.

El profesor Renato Sérgio Maluf, coordinador del Centro de Referencia para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ceresan) de la UFRRJ, destaca la importancia de un enfoque integral en derechos humanos y sostiene que las políticas no deben ser simplemente asistencialistas. Según Maluf, “los programas contra el hambre y la pobreza deben enfocarse en reducir desigualdades estructurales, no solo en transferencias de renta o donaciones de alimentos. Los logros de Brasil en este campo han dependido de políticas laborales, de salario mínimo y de una red de derechos sociales”.

Sobre la participación social, Maluf enfatiza que depende del contexto político de cada país y de las libertades de sus ciudadanos para exigir derechos. “La metodología brasileña incluye una participación social robusta, un componente difícil de replicar sin una base democrática. En Brasil, los movimientos sociales juegan un papel fundamental, y esperamos que esta plataforma también promueva procesos de participación similares en otras naciones”, concluye.

Experiencia

Mariana Santarelli, coordinadora de FIAN Brasil —una organización de derechos humanos que defiende el derecho a una alimentación adecuada—, destaca que la principal fortaleza de Brasil para liderar la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza radica en su amplia experiencia en la lucha contra el hambre y la pobreza.

“Increíblemente, incluso en los países del Norte Global carecen de políticas tan efectivas para garantizar el derecho a la alimentación. En Brasil, somos un referente; hemos consagrado el derecho a la alimentación en nuestra Constitución Federal, junto con una ley orgánica de seguridad alimentaria y nutricional, un sistema de protección de este derecho y financiamiento propio para sostenerlo. Esto no ocurre en gran parte del mundo”, afirma Santarelli, quien también integra el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA).

Conjunto de políticas

La Alianza Mundial contra el Hambre se estructura en una amplia gama de políticas, con unas 50 acciones potenciales adaptables a los contextos de cada país. Estas acciones se organizan en diez categorías principales: protección social (como programas de alimentación escolar), acceso a servicios básicos (por ejemplo, agua potable), acceso a activos productivos (incluida la tenencia de la tierra), infraestructuras (movilidad e información), crédito y servicios financieros, apoyo a pequeños agricultores, nutrición, programas integrados (como resiliencia climática), herramientas transversales (como el registro de agricultores) y financiación (incluidas reformas fiscales).

La plataforma de la Alianza se concibe como un esfuerzo colaborativo, permitiendo a los miembros editar y enriquecer la propuesta con ejemplos de políticas exitosas y nuevas iniciativas. Las sugerencias deben cumplir cinco criterios para ser consideradas: deben definir claramente un instrumento político específico, ser factibles para los gobiernos, estar respaldadas por datos que demuestren su eficacia, dirigirse principalmente a personas en situación de pobreza y hambre, y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (erradicación de la pobreza) y 2 (hambre cero y agricultura sostenible).

“Las políticas de combate al hambre y la pobreza deben estar lideradas por el Estado. Esto puede sonar obvio en Brasil, pero no es común en muchos países, especialmente en África, donde a menudo las políticas son implementadas por agencias internacionales y ONG. Esta Alianza marca una diferencia crucial al impulsar el rol estatal, a diferencia de otras iniciativas del pasado”, explica Mariana Santarelli.

Adhesiones

Alemania fue el primer país del G20 en unirse a la Alianza Mundial contra el Hambre, comprometiéndose a respaldar la agricultura sostenible y fortalecer las redes de seguridad social, incluidas políticas de salario mínimo. La Organización de Estados Americanos (OEA) también se sumó, declarando su intención de “alinear acciones, desarrollar soluciones innovadoras y compartir experiencias” en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

La Fundación Rockefeller, primera organización filantrópica en integrarse a la Alianza, se comprometió a proporcionar recursos financieros, asistencia técnica, apoyo al desarrollo de capacidades y conocimientos para ayudar a los países a implementar programas de alimentación escolar.

Posteriormente, se incorporaron las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), un grupo de entidades multilaterales que incluye al Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y el Grupo del Banco Mundial (GBM). Estas instituciones contribuirán con financiamiento y apoyo técnico para respaldar los objetivos de la Alianza.