“Estamos en una situación de emergencia carcelaria y los políticos deberían atacar este problema”

En el marco del habeas corpus correctivo colectivo presentado por el sindicato que nuclea a los operadores penitenciarios, se dictó la sentencia que busca encontrar una solución a los problemas más urgentes de las cárceles. La Justicia ordenó que se forme un grupo de trabajo para que dé respuesta a los reclamos presentados, relativos al hacinamiento, la alimentación, la salud mental y las adicciones. También se revisará la cantidad de personal civil en las unidades penitenciarias, que es insuficiente para garantizar una atención de calidad, según dijo a La Mañana el presidente de la organización, Jonatan Perdomo. El objetivo es que las cárceles sean lugares más seguros y con mejores condiciones tanto para los internos como para los trabajadores.

¿Cómo se tomó la decisión de presentar este recurso de habeas corpus y qué se espera con esto?

La decisión se tomó porque venimos de muchas negociaciones y, si bien hemos tenido algunos avances mínimos, entendemos que estamos en una emergencia en materia de cárceles. En varias oportunidades hemos solicitado que el Poder Ejecutivo declarara la emergencia. Nosotros siempre recurrimos al diálogo, pero en esta instancia optamos por realizar un habeas corpus correctivo, al cual se sumó Bettiana Díaz, diputada y vicepresidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria. Tras la interpelación que se le hizo al ministro, no quedamos muy conformes con las últimas mociones porque entendemos que, para que se vuelque más presupuesto al INR, se tiene que declarar la emergencia en materia de cárceles.

El habeas corpus correctivo está basado en tres ejes: el hacinamiento, dado que a nivel nacional tenemos la gran mayoría de las unidades sobrepobladas; la alimentación, porque en promedio se están dando 83 pesos por persona para alimentos, sin contar a los niños; y la atención del Estado hacia la persona privada de libertad, donde entramos los trabajadores. En promedio, hay tres operadores para 180 personas privadas de libertad, por lo tanto, tenemos varias áreas que cubrir, no es solamente el contacto directo con la persona privada de libertad en el módulo.

¿Qué otras áreas deben cubrir?

El área laboral, que implica llevar y traer a las personas privadas de libertad a trabajar, controlar el trabajo que realizan y hacer toda la parte administrativa. Los internos también presentan emprendimientos porque muchas veces carecemos de trabajo en las unidades, entonces, tenemos que trabajar en eso. Por ejemplo, si se trata de una quinta, tenemos que ver el tema de mover tierra, conseguir las semillas, porque muchas veces el Estado no las provee, y todo el trabajo que conlleva. Después, el área de educación, donde hay que manejar las planillas, los ingresos de estudios, llevar y traer a las personas. También, el área de personal, donde llevamos adelante diversas tareas. Y el área de logística, de la cocina. Entonces, es muy menor la cantidad de trabajadores que tenemos para enfrentar todas esas situaciones. Además, debemos tener en cuenta que este personal se divide en tres turnos: mañana, tarde y noche. Y tenemos compañeros que han perdido licencia y un montón de situaciones más. Asimismo, necesitamos más recursos porque para el traslado de las personas privadas de libertad algunas veces no tenemos móviles y no se las puede trasladar. En otros casos, como en Rivera, no tenemos una camioneta para llevar a los niños que hay. En la gran mayoría de las unidades no tenemos handy para comunicarnos entre nosotros.

¿Cuál fue la postura del sindicato ante la sentencia y la creación del grupo de trabajo?

Estamos muy contentos con el fallo y sabemos que es un claro mensaje para el poder político de que estamos en una emergencia en materia de cárceles. Si bien el Poder Judicial no la puede declarar, esto es un gran indicio de que estamos en ese camino. Por eso vamos a seguir trabajando y vamos a continuar con otras medidas.

¿Consideran que este grupo de trabajo propuesto va a contar con la capacidad y los recursos suficientes para que se generen cambios?

La idea de la jueza es que juntemos 10 puntos en este grupo para resolver rápidamente, y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, es el encargado de llevar adelante todo lo que va a hacer el grupo de trabajo. Nosotros creemos que va a citar a gente del Ministerio por el tema del dinero. Eso es fundamental porque sin dinero no se puede realizar nada.

¿Cuáles son los apoyos o recursos específicos que necesitan como funcionarios para implementar mejoras en las condiciones de trabajo y de seguridad?

Lo primero que necesitamos es el ingreso de personal. Tenemos que hacer un llamado urgente, que no sea de 30 o 40 operadores como se ha hecho hasta el momento. Estamos hablando de más de 700 compañeros y nos quedamos cortos, pero sabemos que estamos en un año en que no se puede presupuestar gente. El ideal que nosotros necesitamos es de 1500 como mínimo para poder llevar adelante el trabajo, por todo lo que te decía anteriormente. El año que viene, en el presupuesto quinquenal, vamos a pelear por un ingreso masivo de operadores penitenciarios. Nuestra intención también es tener técnicos, que hoy en el interior del país no tenemos ninguno. Y muchas veces, por no tener civiles administrativos, los operadores terminan realizando tareas administrativas.

Como sindicato, ¿qué creen que fue lo que llevó a la situación actual y en qué medida impactó el aumento de la cantidad de presos?

Lo que está pasando se debe a que no hay una política clara de Estado que trascienda los partidos políticos. Es necesario que de una vez por todas los partidos dejen sus diferencias de lado, se sienten en una mesa y que realmente se realicen las políticas de Estado con distintos programas, con recursos, con todo lo que sea necesario. Porque no hay que dejar de lado que ocho de cada 10 personas privadas de libertad tienen adicciones y tampoco hay programas para abordar esa situación. Y todos sabemos que la gran problemática que tenemos en las cárceles hoy se da por el tema de las drogas.

En el último informe de Petit (2023) se determinó que un 43% de las personas privadas de libertad se encuentran en condiciones prácticamente inhumanas. ¿Cómo lo evalúan?

Estamos de acuerdo con lo que dice Petit. Estamos en una situación de emergencia y los políticos deberían atacar este problema. Se está filtrando mucho la violencia de las cárceles en la sociedad, vemos gente que se pelea con cortes carcelarios en la calle.

En ese sentido, de no atacar este problema con la urgencia que requiere, ¿qué podría llegar a pasar a futuro?

En 2010 teníamos 8000 personas privadas de libertad y ahora tenemos 16.000. Seguramente la creación de más cárceles y más gente hacinada es lo que está generando más violencia, y la violencia genera más violencia. Por eso nosotros hacemos un pedido al poder político, para que se ataque esto y se puedan crear planes de acción a corto y largo plazo. Por otra parte, está bueno que se cree un anexo en Salto en la cárcel de mujeres, pero no vemos que se haya realizado un llamado para atender ese lugar. En Durazno también se creó un anexo para la cárcel de mujeres, pero no ingresó personal. Lo mismo con la UTU en el Comcar o el centro universitario en el Penal de Libertad. Entonces, lo que pasa es que se sobrecarga al trabajador con más tareas. Y por la falta de personal, en muchos lugares, muchos sectores quedan vacíos. Por ejemplo, en la cárcel Nº 5, de mujeres, en el horario de la tarde, muchas veces queda un operador penitenciario para tres pisos. Es evidente que una persona no puede estar en tres lugares al mismo tiempo, por lo tanto, quedan muchas áreas desatendidas. Si nos ponemos a hablar del turno nocturno, ahí es peor todavía. Algunas veces tenemos cuatro compañeros para toda la cárcel. Es impresionante. Por todo esto es que el sindicato va a continuar trabajando para que se declare la emergencia en materia de cárceles.