Colombia | Corrupción sin máscaras: el exgobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, confiesa vínculo con la red criminal “Las Marionetas”

Una confesión que pocos esperaban y que muchos consideran un reflejo de la magnitud del escándalo. Así puede describirse la declaración hecha por el exgobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, ante la Corte Suprema de Justicia. Jaramillo admitió sin rodeos que, por recomendación directa del fallecido senador Mario Castaño, nombró a Pablo César Herrera en un puesto de alta relevancia en su administración. Herrera, figura clave del entramado criminal conocido como “Las Marionetas”, es acusado de haber participado en un esquema de corrupción que desvió millonarios recursos de la contratación pública regional y nacional, utilizando su cargo para servir a los oscuros intereses de la red.

El caso “Las Marionetas” ha sacudido los cimientos del panorama político colombiano. La captura de Herrera en julio de 2022, en la sede de la Gobernación, marcó un punto de inflexión para las investigaciones que la Fiscalía lleva adelante. Su testimonio ha sido calificado como una “bomba de tiempo”, aportando detalles sobre la manera en que el difunto senador Castaño logró tejer una red de colaboradores en puestos estratégicos de las gobernaciones y alcaldías del Eje Cafetero, todo con el propósito de lucrarse de contratos amañados y multimillonarias coimas. Según la Fiscalía, Herrera cumplía el rol de “ventilador”, proporcionando datos clave que revelan la manera en que operaba esta maquinaria de corrupción.

La declaración de Jaramillo ante los magistrados, lejos de aclarar su responsabilidad, parece confirmar su posible participación en este entramado criminal. El exgobernador relató cómo el senador Mario Castaño solicitó una reunión para presentar la hoja de vida de Herrera y proponerlo como candidato para un cargo en la Empresa para el Desarrollo Territorial, “Proyecta”. “Me pareció que cumplía con todos los estándares y con la experiencia necesaria”, sostuvo Jaramillo, argumentando que su decisión fue tomada en el marco de la junta directiva. Sin embargo, esta explicación, según expertos, puede ser entendida como una aceptación tácita de las dinámicas de influencia corrupta ejercidas por Castaño sobre sus aliados políticos.

El nombramiento de Herrera, quien firmó numerosos contratos como gerente de “Proyecta”, ilustra cómo la red de Mario Castaño se servía del control sobre posiciones estratégicas para canalizar recursos públicos hacia sus intereses personales. Los analistas señalan que los recursos desviados bajo su administración representan apenas una parte del vasto esquema de corrupción, lo que subraya la gravedad de las confesiones emitidas. La Fiscalía, consciente de la trascendencia de estos testimonios, considera que Jaramillo pudo haber facilitado el desvío de fondos a través de contratos direccionados, lo que amerita su posible vinculación formal al caso.

El impacto de esta red criminal no se limita al Quindío. La operación liderada por Castaño se extendió a varios departamentos, implicando a numerosos funcionarios y empresarios. Pierre García, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), también figura como un actor relevante en este escándalo. Según las investigaciones, García era el enlace que conectaba a Castaño con altos cargos del Gobierno Nacional durante la administración de Iván Duque, sirviendo como una pieza clave para facilitar el acceso a recursos y contratos. En la actualidad, García se encuentra prófugo, lo que añade un componente de misterio y tensión al proceso judicial.

El avance de las investigaciones ha sacado a la luz conexiones y testimonios que podrían complicar aún más la situación de Jaramillo. Uno de los personajes que promete aportar más detalles es el detenido exsenador Ciro Ramírez, quien ha expresado su disposición de colaborar con las autoridades para explicar cómo operó la red en otros territorios, incluyendo Tolima y, de manera específica, Quindío, durante el mandato de Jaramillo.

Mientras la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia continúan desentrañando el complejo entramado de corrupción, la atención se centra en el alcance de la participación de Jaramillo y en las consecuencias de sus decisiones. La confesión del exgobernador podría ser el inicio de un proceso judicial que desvele nuevas facetas de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, sacando a la luz nombres, conexiones y estrategias que durante años permanecieron ocultas bajo el manto de la política y el poder. La magnitud de esta trama pone en evidencia la urgencia de que las instituciones del Estado actúen con firmeza para erradicar las prácticas corruptas que, como un cáncer, corroen la confianza de la ciudadanía y los cimientos mismos de la democracia.