Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo eran tres jóvenes colombianos que fueron detenidos de forma ilegal por la policía, golpeados salvajemente, torturados, asesinados y presentados como supuestos delincuentes, en un nuevo caso de ‘falsos positivos’ que ahora se conoce como la masacre de Chochó.
Los detalles del suceso fueron expuestos el miércoles por la Fiscalía colombiana durante la audiencia preliminar del juicio que se adelanta contra 10 efectivos policiales involucrados en el brutal crimen, sin incluir al teniente coronel identificado como Benjamín Núñez Jaramillo, quien se encuentra prófugo de la justicia y es buscado con circular roja de Interpol, señalado de haber matado con su arma de fuego a las tres víctimas.
La masacre ocurrió el pasado 25 de julio en el corregimiento de Chochó del municipio Sincelejo, en el departamento de Sucre, al norte del país. Todo inició cuando los tres jóvenes fueron interceptados y retenidos de manera ilegal por los policías en un punto de control, quienes señalaban a los jóvenes de ser delincuentes y responsables del homicidio del patrullero policial Diego Ruíz, crimen que ejecutó el grupo armado conocido como Clan del Golfo.
De acuerdo a la Fiscalía, las víctimas se movilizaban en motocicletas con destino a un centro hospitalario para que atendieran a uno de ellos, que se había lastimado una pierna. Cuando llegaron a la alcabala, los policías los obligaron a detenerse “sin ninguna justificación” e inmediatamente los sometieron y los golpearon “hasta dejarlos gravemente heridos y sin posibilidades de defenderse”.
Luego de esto, los subieron a una camioneta oficial con distintivos de la policía, los trasladaron a un lugar desolado y apartado del casco urbano, para infligirles torturas, golpes con elementos contundentes y heridas con arma blanca. Cuando ya estaban malheridos, el teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo sacó su arma oficial, una Sig Sauer 9mm, y los baleó.
“Disparó en tres oportunidades contra Carlos Ibañez, impactándolo en brazo, abdomen y tórax. Luego le disparó a corta distancia en el tórax a Jesús David Díaz. Asimismo, disparó en tres oportunidades a José Carlos Arévalo. Esto como venganza por el señalamiento que recaía como autores del homicidio del patrullero Diego Ruíz”, señaló la Fiscalía durante la audiencia.
Delitos e imputados
Dentro de los delitos por los que deberán responder los involucrados están: homicidio, homicidio agravado, tortura, falsedad en documento público, ocultamiento de material probatorio y privación ilegal de la libertad. Si son hallados culpables, los policías podrían ser condenados a penas entre 33 y 50 años.
Por ahora, el único uniformado que se mantiene prófugo de la justicia es el teniente coronel Núñez Jaramillo, quien habría huido a Panamá antes de que se dictara orden de captura en su contra y, según las averiguaciones, estaría ocultándose en México.
Los policías imputados, que se han declarado no culpables, y que la Fiscalía ha solicitado que se les imponga prisión preventiva, son:
- Rafael Paz Barbosa
- Jesús María Bolaños Castro
- María Camila Buriticá
- Santiago Garavito Díaz
- Álvaro Antonio Álvarez Ricardo
- Yamid Alfonso Henao Araque
- Huber Guillermo Mieles Arroyo
- Bernardo Pontón Mercado
- Diana Marcela Puerta Rodríguez
- Leila Carolina Ávila Pestana
De momento, María Camila Buriticá, Rafael Paz, Santiago Garavito y Jesús Bolaños están imputados por los delitos de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad. Mientras que a Yamit Henao y Álvaro Álvarez, quienes conducían la camioneta que escoltaba el vehículo donde fueron asesinados los menores, han sido acusados con cargos por privación ilegal de la libertad y favorecimiento.
En el caso de Uber Mieles, Diana Puerta, Bernardo Pontón y Leila Ávila, patrulleros de la unidad de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía les atribuyó los delitos de delitos de tortura y privación ilegal de la libertad.
El pasado domingo, el nuevo director general de la Policía, general Henrry Sanabria Cely, visitó la comunidad del Chochó, pidió perdón a los familiares de los tres jóvenes, se comprometió a esclarecer los hechos, a trabajar en favor de la justicia y prometió que los responsables sean castigados por la ley.
Verdad y justicia
Tras conocerse el crimen, calificado el su momento por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia como la masacre 56 de 2022, familiares, amigos y vecinos de los tres jóvenes se han mantenido efectuando actos públicos para exigir verdad y justicia.
A inicios de agosto, realizaron una movilización con carteles a lo largo de 10 kilómetros desde las afueras de las casas de las víctimas en Chochó, hasta Sincelejo, la capital de Sucre, donde se encuentra la sede del comando de la policía, lugar en el que exigieron limpiar la imagen de las víctimas.
Rodolfo Contreras Tapia, tío materno de José Carlos Arévalo, comentó al medio local El Heraldo, que su hermana Rosiris, sigue afectada y no duerme. “Permanece llorando diariamente y viendo las noticias. Es doloroso verla. La noche es cuando más se evidencia el dolor por la ausencia de su hijo mayor”, dijo.
Alberto Carlos Ibáñez Suárez, padre de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, también dijo a ese medio local que espera que el teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo se entregue para que se haga justicia. “Mientras él esté huyendo, nunca vamos a descansar los familiares de los tres muchachos”.
La comunidad del Chochó realizará este jueves ofrendas para recordar a los jóvenes y un velatorio público en la plaza principal de la localidad, donde también continuarán con su clamor de justicia.
RT
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