En un operativo conjunto en Ciudad del Este, se desmanteló una instalación dedicada a la criptominería que utilizaba suministro eléctrico de manera ilegal. Las autoridades encontraron conexiones ocultas que generaron un perjuicio financiero significativo para la ANDE.
Funcionarios de la ANDE, en colaboración con el Ministerio Público y la Policía Nacional, llevaron a cabo una intervención en una residencia del Área 8 de Ciudad del Este, Alto Paraná. La operación se centró en la utilización ilegal del suministro eléctrico de baja tensión para actividades de criptominería, lo que generó un perjuicio patrimonial estimado en G. 126.958.128 para la entidad.
Según informó un medio de Ciudad del Este, el allanamiento, dirigido por el fiscal Alcides Giménez, permitió descubrir una conexión directa oculta en la mampostería del inmueble, antes del medidor, que empleaba un sistema trifásico con conductores de aluminio. Este hallazgo confirma la dedicación de los responsables.
La irregularidad detectada no solo representa un daño financiero significativo, sino que también implica que los responsables deberán cubrir tanto el monto del perjuicio como los costos de la intervención y las sanciones establecidas por la Ley N° 966/64. Durante la operación, se incautaron 10 procesadores de criptominería en funcionamiento, así como conductores de acometida y tableros eléctricos, que fueron trasladados al depósito de la ANDE.
Además, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Penal N° 1 de Ciudad del Este, correspondiente a la causa N° 15987/24, por el delito de sustracción ilegal de energía eléctrica. Esta acción se encuentra respaldada por la Ley N° 7300/2024, que busca proteger la integridad del sistema eléctrico, permitiendo la incautación de bienes asociados a este delito y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 del Código Penal.
Se recuerda a la ciudadanía que el robo de energía eléctrica, ya sea en media o baja tensión, es considerado un delito grave bajo la nueva legislación, con penas que pueden llegar hasta los 10 años de prisión.
La ANDE exhorta a la población a reportar de manera confidencial cualquier acto de este tipo a través de su sitio web institucional o medios de comunicación.
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