La región está experimentando una tormenta sin precedentes históricos, con tensiones económicas, criminales y políticas reforzantes, erosionando sus instituciones y prospectivas económicas, radicalizando a sus pueblos y socavando su compromiso con la democracia y el estado de derecho.
América Latina y el Caribe es la región a la que la seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos está más directamente vinculadas a través de lazos geográficos, comerciales y familiares. Está experimentando una “tormenta perfecta” sin precedentes históricos, con tensiones económicas, criminales y políticas reforzantes, erosionando sus instituciones y prospectivas económicas, radicalizando a sus pueblos y socavando su compromiso con la democracia y el estado de derecho. Este fenómeno no es exclusivo de América Latina, y me temo que solo estamos empezando.
En octubre de 2019, antes del COVID-19, las protestas en Ecuador y Chile ilustraron la frustración profundamente arraigada con el desempeño de los gobiernos democráticos en toda la región. La pandemia no solo mató a más latinoamericanos per cápita que cualquier otra región, sino que empujó a un segmento significativo de la clase media a la pobreza y la informalidad.
El COVID-19 también destacó la corrupción y los errores en los gastos de emergencia relacionados con la pandemia, al mismo tiempo que desvió dinero de la inversión social y de infraestructura, dejando a los gobiernos con decisiones políticamente polémicas sobre cómo recaudar dinero y cumplir con los compromisos de deuda. Los efectos se observaron en las protestas en Colombia, por la propuesta a la reforma tributaria, así como en los debates en Argentina, Ecuador y Costa Rica sobre el cumplimiento con los compromisos de préstamo del FMI.
Estas presiones reforzaron el giro a la política de la izquierda de América Latina, que ya estaba en marcha. La pandemia también justificó las restricciones a la actividad pública, ayudando a los gobiernos autoritarios de izquierda, en Venezuela, Nicaragua y Cuba en consolidar el control.
Los efectos inflacionarios de la invasión rusa a Ucrania agravaron estas tensiones, golpeando a las poblaciones vulnerables con aumentos significativos en los costos de las necesidades como alimentos y combustible para el transporte, para la calefacción y para cocinar, provocando protestas desde Perú hasta Ecuador, Panamá y Guatemala.
Otros dos factores también han contribuido a hacer un cortocircuito en lo que normalmente sería una oscilación más equilibrada entre los gobiernos de izquierda y derecha en América Latina.
En primer lugar, la ampliación del compromiso con la República Popular China (RPC) y sus empresas ha ayudado a los gobiernos populistas a consolidar el poder más allá de lo que los efectos destructivos de sus políticas habrían predicho anteriormente. Las empresas con sede en la República Popular China han proporcionado a regímenes autoritarios como Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia fuentes alternativas de inversión, préstamos e ingresos de exportación, mientras que estos líderes han desmantelado los controles y equilibrios democráticos, han abrogado compromisos legales anteriores y se han movido contra el sector privado, las ONGs y los medios de comunicación independientes.
En segundo lugar, el chavismo en Venezuela, informado y ayudado por Cuba y otros izquierdistas, ha inaugurado un modelo, que sigue evolucionando, para aprovechar la desilusión de las poblaciones con el mal desempeño de sus democracias, para secuestrarlas, explotando la pérdida de fe de las poblaciones en el estado de derecho, las libertades y las garantías, y gobierno limitado, para darles lo opuesta.
No hay nada de malo en que los gobiernos democráticos orientados a la izquierda luchen para rectificar la corrupción, los abusos de poder y la desigualdad por parte de las élites atrincheradas. Pero en un contexto de creciente crisis económicas y fiscales, la región está cada vez más llena de regímenes inexpertos que prometen proyectos de transformación fiscalmente poco realistas, basados en la expansión del sector público y el aumento de los impuestos, arriesgándose a un estancamiento legislativo y fuga de capitales. Esto es por encima de economías y poblaciones ya profundamente en crisis. Es una receta para reacciones extremos, y un giro hacia la RPC cuando los gobiernos e inversores occidentales no reciben bien a las visiones populistas mal concebidas.
La creciente tormenta toma diferentes formas en toda la región. Los ejemplos incluyen la política energética autodestructiva y otras políticas comerciales de AMLO en México, que ahora amenaza retirarse del T-MEC. Además, el enfoque de AMLO de “abrazos, no balazos” hacia las organizaciones criminales violentas está permitiendo una crisis de seguridad cada vez más grave, como lo ilustra el asesinato de 260 personas en cuatro días en ataques a gran escala por parte de grupos criminales contra la Guardia Nacional y la infraestructura pública en seis estados mexicanos.
En Colombia, el restablecimiento de los lazos políticos y de defensa de Gustavo Petro con el régimen de Maduro podría impactar la moral entre las fuerzas de seguridad de la nación. Sin embargo, los efectos más graves para la funcionalidad del Estado colombiano podrían provenir de los impedimentos del Presidente a la producción de petróleo y carbón, la principal fuente de ingresos de exportación de Colombia, la fuga de capitales, la posible relajación de los esfuerzos de erradicación de coca y la disminución de la presión contra los grupos criminales mientras Petro busca atraerlos para las conversaciones de paz.
En Perú, la creciente probabilidad de que el presidente Pedro Castillo sea destituido por el Congreso por pruebas creíbles de delitos penales abre una caja de pandora de incertidumbre. Esta incluya la influencia del radical Vladimir Cerron, entrenado en Cuba, sobre la vicepresidenta Dina Boularte. También se cuestiona si ella será destituida por otros cargos, dejando un camino incierto hacia nuevas elecciones.
En Chile, el probable rechazo en el 4to de septiembre de la nueva constitución desencanadará una nueva ronda de protestas sociales. En este contexto, los inversores suspenderían nuevos compromisos, paralizando aún más un presidente ya impopular e inexperto, abriendo puertas a soluciones radicales tanto de derecha como de izquierda.
Casi todos los pocos gobiernos democráticos de centroderecha que quedan en la región están actualmente asediados por las protestas que surgen por los efectos inflacionarios de la invasión rusa a Ucrania, incluidos, como se mencionó anteriormente, el gobierno de Nito Cortizo en Panamá, el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador y el gobierno de Giammattei en Guatemala.
En Brasil, la casi inevitable victoria del Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre completará el cambio político tectónico de la región, devolviendo al poder a Lula, cuya orientación factiblemente se ha radicalizado por su tiempo en prisión por cargos de corrupción, y sabiendo que será su última oportunidad para dirigir el país.
El cambio político de la región está haciendo que sea cada vez más difícil para los Estados Unidos asegurar la colaboración en cuestiones centrales para su seguridad y política exterior. Esto fue resaltado por la revuelta contra la exclusión por los Estados Unidos de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de las Américas, mostrando hasta qué punto el compromiso compartido con los valores democráticos en la región se ha erosionado. También se hace evidente por el apoyo de Brasil y Argentina a Rusia, y los lazos militares ampliados por Venezuela y Nicaragua con ella.
Es tentador terminar una presentación con recomendaciones que arreglan los males previamente identificados. En América Latina hoy, lamentablemente, la profundidad de las crisis económicas y la desilusión política en la región, el papel devastador de la corrupción, los flujos criminales y el respaldo económico proporcionado por China, hacen que las llamadas para más ayuda, inversión y atención a la región sean poco y demasiado tarde. En el corto plazo, debemos prepararnos para vivir en un hemisferio que sea menos democrático, más corrupto, más peligroso y menos dispuesto a colaborar con los Estados Unidos en temas como las drogas y la inmigración.
No obstante, debemos dedicar más tiempo y enfoque por líderes, y más recursos para ayuda, y el fortalecimiento de instituciones, la participación y la canalización de recursos del sector privado. Debemos luchar para recuperar la “iniciativa discursiva” y así ayudar a una nueva generación a ver por qué la democracia, el estado de derecho y los mercados libres, a pesar de su desorden, son la mejor manera de desencadenar a la iniciativa humana para generar sociedades con la promesa de prosperidad y libertad para todos.
*El autor es profesor de investigación en América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Este artículo es derivado de la presentación por Dr. Ellis sobre el mismo tema a la conferencia “Quo Vadis America Latina” por la Instituto Interamericano de Democracia, en Miami, Florida, el 17 de agosto de 2022. Las opiniones contenidas en este documento son estrictamente suyas.
Por Evan Ellis / INFOBAE
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