Poco después del comunicado del partido liderado por Mauricio Macri, las autoridades nacionales se reúnen con los sindicatos docentes para analizar una salida al conflicto
Menos de una semana después de la Marcha Universitaria Federal, el Gobierno se acercó este lunes al número que necesita para sostener el veto presidencial al proyecto de financiamiento de las instituciones educativas que aprobó el Congreso, aunque mantiene las negociaciones con los gremios docentes para tratar de destrabar el conflicto.
Por primera vez desde que se creó la mesa de diálogo, el PRO no asistió a la Casa Rosada para acordar la agenda parlamentaria de esta semana, en medio de un ordenamiento interno para fijar una posición respecto de este tema, que será tratado en la Cámara de Diputados en tan solo dos días.
Finalmente, tras largas horas de incertidumbre y ante la atenta mirada de las autoridades nacionales, el partido liderado por Mauricio Macri emitió un comunicado en el que anticipó que va a apoyar al oficialismo en el recinto, aunque también expresó algunas críticas al Poder Ejecutivo.
En este sentido, el espacio opositor instó a la actual gestión a que “convoque a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios”, incluya las necesidades de estas casas de altos estudios en el proyecto de Presupuesto 2025 “de manera prioritaria” y derogue la resolución del ex procurador Carlos Zannini “involucrando a la SIGEN en la auditoría” de las instituciones.
“Hoy nos toca desde el Congreso definir nuestra posición en relación con el veto del Presidente Milei sobre la ley de Financiamiento Universitario. Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo”, remarcó el partido.
En el oficialismo celebraron el comunicado de sus habituales aliados parlamentarios, pero se mostraron cautos respecto de lo que pueda llegar a pasar luego en el recinto: “Somos bilardistas, nosotros jugamos los 90 minutos del partido”, resumió a Infobae una fuente cercana a la cúpula libertaria.
De hecho, en la propia bancada encabezada por Cristian Ritondo reconocen que el mensaje que se difundió este lunes “es solo un pronunciamiento, una bajada de línea”, pero que la forma en la que votará cada diputado se terminará de definir el martes, en la reunión de bloque.
Si bien, luego de un zoom convocado por la mesa ejecutiva del espacio, en la que estuvieron Macri y Ritondo, se decidió plantear esa postura, algunos de los legisladores que no están de acuerdo con la medida podrían optar por ausentarse durante la sesión del miércoles, o incluso rechazar el veto.
En la Casa Rosada confían en que aquellos que se muestran más duros, terminen faltando al debate, lo cual le facilitaría más a La Libertad Avanza alcanzar el número que necesita -dos tercios de los presentes- para que el kirchnerismo y la UCR no insistan con el proyecto.
Mientras tanto, este mismo lunes por la tarde, en el Palacio Sarmiento, ubicado sobre pasaje Pizzurno al 935, las autoridades nacionales se reunían con los representantes gremiales para tratar de llegar a una solución institucional del conflicto.
Desde las 17:00, el director nacional de Presupuesto e Información Universitaria, Juan Oudín, recibe a los técnicos de los sindicatos docentes, con los que tenía previsto analizar los fondos ya girados a las instituciones educativas.
Si bien en el encuentro no hay funcionarios de primer nivel, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, o el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, del mismo podría surgir un acuerdo que luego se plasme en una oferta superadora al 6,8% de incremento salarial que ofreció la cartera hasta el momento.
Un acuerdo de esas características podría influir también en la votación parlamentaria, en la que, a pesar del eventual respaldo del PRO, el oficialismo sabe que no tiene garantizada la cifra para sostener el veto.
No obstante, si la oposición dura insiste con el proyecto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ya anticipó que las autoridades nacionales recurrirán a la Justicia, ya que la norma no aclara de dónde se sacarán los fondos para hacer frente a ese gasto no previsto en el Presupuesto.
infobae.com
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