El pasado 1.° de octubre, la plenaria del Senado de la República negó la moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio de una fuerte controversia relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión de mantener en su cargo al funcionario clave del Gobierno de Gustavo Petro se tomó con 51 votos en contra de la moción y 19 a favor, reflejando una sólida defensa de su gestión por parte de la mayoría de los senadores.
Bonilla, señalado de tener vínculos con presuntos manejos irregulares dentro de la UNGRD, acogió con alivio el resultado y no dudó en manifestar su disposición a colaborar con la justicia. “La recibo con beneplácito y ahora espero que la Fiscalía me llame a declarar”, afirmó el ministro, reiterando que está dispuesto a esclarecer su posición frente a las acusaciones.
Durante el debate, Bonilla rechazó las versiones que lo vinculaban con la compra de votos en el Congreso, tachando tales acusaciones de fabricadas. “No se ha impuesto ninguna maquinaria del Gobierno. Lo que prevaleció fue una argumentación clara de que no tengo ningún problema”, sostuvo, defendiendo la legitimidad de las sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que cumplió con su agenda en noviembre y diciembre de 2023, descartando cualquier irregularidad.
Este episodio no solo pone de manifiesto la capacidad del Gobierno de Petro para mantener a uno de sus principales ministros en un momento crítico, sino que también abre interrogantes sobre la investigación de la Fiscalía y el impacto que este escándalo podría tener en los altos círculos del poder.
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