“La corrupción y la mora son las principales debilidades de la Justicia”

El miembro de la Sala Penal señala que estas se enfrentan con mayor control y sanciones. Habla de los motivos de que haya tantas casaciones inadmisibles. Reconoce que hay presiones en el caso de Kattya.

El ministro Manuel Ramírez Candia habló de que la corrupción y la mora son los principales problemas de la Justicia. Citó las deficiencias de los recursos de casación y la presión que se ejerce en el caso de la ex senadora Kattya González.

–¿Qué opina de la mora judicial, especialmente del pleno la Corte?

–Hay dos principales debilidades del sistema de justicia: Por una parte, la corrupción, y en segundo lugar, no sé qué primero, la mora judicial. La corrupción es algo que se denuncia en forma cotidiana por los abogados en donde se da cuenta de que funcionarios, magistrados, pero en especial funcionarios, que piden dinero para cualquier acto del procedimiento. La mora es una realidad cotidiana en todos los fueros, pero con especial gravedad en el sistema penal por la extinción y por la prescripción que es sinónimo de impunidad.

–¿Qué se hace entonces?

–Estas dos situaciones y, en definitiva, la corrupción, se enfrenta con mayor control y con sanciones. La Corte, en estos últimos tiempos, aumentó su labor de control sobre funcionarios y magistrados cuando se denuncia un hecho o se reciben informes de supuestas irregularidades. Se instruye sumario, se suspende al juez y se remiten los antecedentes al Jurado y, en relación con los funcionarios, hay que señalar que, en el 2022, se dictaron 1.901 resoluciones de sumarios a abogados, funcionarios y magistrados, lo cual muestra que hay una preocupación de la Corte por ejercer un mayor control.

Sobre la mora judicial, si bien no es suficiente, la Corte ha implementado un mecanismo para tratar de superar o disminuirla. En la Sala Penal hemos implementado el trámite simplificado. Es decir, cuando objetivamente un recurso de casación no es admisible, en un gabinete se hace el proyecto de resolución y ya pasa al otro integrante para la firma, de modo a ganar tiempo, ya que objetivamente es inadmisible porque se presenta fuera del plazo o la resolución impugnada no es objeto de casación, entre otros.

Entonces, se pretende ganar tiempo. También se piden informes periódicos a magistrados de todo el país en causas penales con peligro de prescripción y se hacen reuniones con ellos para evitar esa situación. Además, con el apoyo de los gremios de abogados con quienes se hacen reuniones periódicas, donde se recibe denuncia y según estas, se implementan mecanismos para el control. También se divulga en la página del Poder Judicial el rendimiento de los magistrados.

Si bien no hay una respuesta, es para que se controle. Además, el expediente electrónico que ha facilitado el control tanto de profesionales como del litigante que puede acceder solicitando la contraseña. Todo eso puede ayudar a disminuir estos dos problemas que afectan la imagen del Poder Judicial.

–Pero no hay datos sobre resultados de sumarios.

–Es posible que no se divulgue, porque realmente en el 2022, entre las 1.901 resoluciones, han habido escribanos, abogados que fueron sancionados por dilaciones innecesarias, en procesos penales y funcionarios también. La verdad que quizás falta una mejor divulgación de eso.

–Al sancionar por las dilaciones, ¿no hay una delgada línea con la violación del derecho a la defensa?

–Sí, hay. Pero a veces se percibe perfectamente el ejercicio abusivo; por ejemplo, plantear en un proceso 34 incidentes sin sentido. Otro, cuando uno se ausenta del juicio oral sin aviso, para evitar la realización del mismo. Todo eso no es una afectación del derecho a la defensa, sino que es simplemente maniobra dilatoria.

–Sobre la apelación del auto de apertura. Algunos hablan de que no es posible el control horizontal, ¿qué piensa?

–Bueno, yo ya senté posición en un fallo del 2019, donde sí dijimos con la doctora (Myriam) Peña, que esa disposición del Código Procesal Penal que impide la apelación del auto de elevación es inconstitucional y así lo hemos declarado. Creo que era en el caso de Camilo Soares y yo sé que hay una posición diríamos contradictoria. No hay una posición firme de la Corte. Varía de acuerdo con los integrantes respecto a eso.

–Prácticamente el 95% de las casaciones son inadmisibles, ¿qué es lo que pasa?

–Hay dos factores que inciden eso sí, por interpretación de la mayoría de la Sala Penal, que sostiene que solo una resolución es objeto de casación; es decir, las que pongan fin al proceso sea sentencia o auto interlocutorio, lo cual implica que cuando hay reenvío de sentencia, no se admite. Yo no participo de esa posición. Para mí hay dos resoluciones objetos de casación: El acuerdo y sentencia del Tribunal de Apelación o resoluciones que pongan fin al proceso. Ese es un factor que afecta la admisión, pero que corresponde a la Corte por una cuestión de interpretación de la mayoría de la Sala.

–¿Y los demás?

–Pero también una gran mayoría es porque se planteó en forma incorrecta. Se presentan fuera del plazo legal, no se adjunta cédula de notificación que permita verificar el plazo del recurso; segundo, se plantean recursos de casación contra autos interlocutorios que no ponen fin al proceso. Otro, por ejemplo, los agravios se centran en sentencia de primera instancia y no del Tribunal de Apelación o plantean agravios que no fueron planteados al Tribunal de Apelación; por lo tanto, los camaristas no se pueden expedir sobre eso.

Entonces, hay varios supuestos. Yo hice un análisis, porque también me preocupa, porque le digo, en el año 2020 –si mal no recuerdo– de 50 recursos de casación que hemos resuelto, 48 fueron declarados inadmisibles. Entonces, es un motivo de preocupación también para nosotros. Hemos hecho un análisis de cuáles son los motivos de la inadmisión. Si no está previsto en la ley hay que favorecer la amplitud de la defensa, porque el derecho al recurso es una derivación del derecho a la defensa, por lo tanto, siempre hay que estar a favor del ejercicio del derecho a la defensa.

–En el caso Kattya González, ¿hay una presión externa?

–Uno de los problemas graves que afecta la celeridad de los procesos ante la Corte es la integración y realmente eso preocupa. Recordarás que he planteado un proyecto de acordada el año pasado en donde trataba de arreglar el proceso de integración; inclusive, en caso de incumplimiento aplicar una multa, pero eso quedó archivado, porque realmente eso afecta la celeridad del proceso. Y en consecuencia afecta la imagen de la Corte.

En el caso de Kattya, a mí me consta que cuando llegó al despacho del doctor Martínez Simón el aceptó en el día, pero a partir de ahí no se tienen informaciones de ese expediente y todos estamos en el décimo piso y acá todavía no llegó. Cuando llegue inclusive voy a sacar copias del expediente, porque el escrito ya lo tengo y cuando venga para emisión de mi voto, creo que en dos, tres minutos, ya va a salir de acá.

Existe esa presión externa y yo escuché algunos comentarios en la prensa. Parece que se ejerce presión por todos lados. También ejerce la interesada y también escuché que un senador había dicho de que están expectantes de todo lo que pueda decir la Corte. Inclusive, se llegó a decir qué es lo que puede hacer el Senado en caso de que sea favorable, ¿verdad? Es un tema que está en el debate público y con voces favorables o en contra.

Hay dos principales debilidades del sistema de Justicia: Por una parte, la corrupción, y, segundo lugar, no sé qué primero, la mora judicial.
Existe esa presión externa y yo escuché algunos comentarios en la prensa. Parece que se ejerce presión por todos lados (caso Kattya González).
Manuel Ramírez C.

Fue electo ministro de la Corte Suprema de Justicia en el 2018. Integra la Sala Penal y es responsable de las circunscripciones del Guairá y Caazapá. Fue convencional constituyente en 1992. Ejerció la abogacía desde 1990. En 1995 fue electo camarista en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de Caaguazú. Es docente y tiene obras publicadas.