La Fiscalía investiga los presuntos vínculos de Arnaldo Giuzzio durante su gestión con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
La Fiscalía de Paraguay allanó este martes la vivienda del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en el contexto de una investigación abierta en su contra por sus presuntos vínculos durante su gestión (2021-2022) con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, detenido en su país.
El Ministerio Público de Paraguay notificó que los fiscales de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, Alicia Sapriza, y de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, encabezaron el operativo en el domicilio de Giuzzio.
El ente informó que durante el registro se ocuparon documentos vinculados con la compañía Black Eagle, propiedad del narcotraficante Espíndola Marques de Padua, así como varios equipos, grabadoras y cintas de sonido.
En declaraciones a medios locales, Giuzzio aseguró que el allanamiento a su vivienda “es parte de una vendetta”, e indicó no conocer las causas del operativo.
Sin embargo, la Fiscalía ha acusado al exministro por el delito de cohecho pasivo agravado, ante las presuntas comunicaciones con el narcotraficante brasileño entre julio de 2021 y febrero de 2022, cuando se desempeñaba al frente de la cartera del Interior.
En ese entonces, Espíndola Marques de Padua administraba las compañías Black Eagle Group S. A. y Ombú S. A., dedicadas al alquiler y protección de automóviles, y según la Fiscalía de Paraguay, Giuzzio “aceptó servicios de blindaje de vehículos para la Policía Nacional, supuestamente en carácter de cortesía” por parte del narcotraficante, con quien aseguran sostuvo varios encuentros personales.
El presidente de Paraguay Mario Abdo, sustituyó a Giuzzio el pasado 22 de febrero, tras conocerse las denuncias sobre sus presuntos vínculos con Espíndola Marques de Padua.
El Código Penal paraguayo en su artículo 301 tipifica que ante el delito de cohecho pasivo agravado, el funcionario que “solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que lesione sus deberes”, recibirá una pena de hasta cinco años de privación de libertad.
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