Santa Cruz, el mayor consumidor de energía de Bolivia, ya debe tomar previsiones para garantizarse el abastecimiento de electricidad en el mediano y largo plazo, según autoridades y analistas que no ven otra solución que ajuste a la normativa vigente que permita el cambio de la matriz energética con proyectos alternativos rentables, incluido el de la generación de energía eléctrica con basura.
Con la caída sostenida de la producción nacional de gas (39% desde 2015) por la declinación de los campos gasíferos, la ausencia de resultados positivos en la exploración hidrocarburífera y la creciente demanda del energético en el mercado interno, es incierto que existan a futuro los volúmenes de gas suficientes para la generación de electricidad con ese combustible, sostienen los expertos.
Mientras el Gobierno habla de una oferta de gas nacional asegurada por 10 años, los analistas estiman entre cinco y ocho años.
“Tenemos que tomar las previsiones ya, en este momento, para no tener sustos después que puedan tener consecuencias muy graves para el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia”, alertó José Padilla, exsecretario de Energía e Hidrocarburos del Gobierno Autónomo Departamental.
“Este es un tema que debería tratarse ya”, convino Jorge Franco, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, quien precisó que el departamento emplea hasta 710 MW por día.
“Hay una urgente necesidad de desarrollar políticas energéticas para dejar de depender de las fuentes fósiles tanto a escala nacional como departamental”, coincidió Raúl Velásquez, investigador en energía e hidrocarburos.
Datos de la Fundación Jubileo dan cuenta que más del 95% de la matriz energética de Bolivia, es decir, electricidad más combustibles, se basa en fuentes fósiles explotadas en el país o importadas.
Bolivia cuenta al momento con una capacidad instalada de 3.558 megavatios (MW), de la que el 72% funciona con gas y diésel. En 2021, el 63% de la producción nacional fue generada por termoeléctricas, el 32% por hidroeléctricas y el 5% por fuentes renovables.
“Santa Cruz es el mayor consumidor de energía porque tiene múltiples industrias, de cemento, cerámica y azúcar, por ejemplo, que igualmente dependen de las reservas de gas natural del país, las cuales alcanzan para cinco años más”, sostiene Padilla.
Son cinco años, precisa, si continuamos con los compromisos de exportación y con el crecimiento de la demanda interna, la cual será cada vez mayor por los nuevos proyectos industriales como el Mutún, las cementeras estatales y la segunda planta de urea, entre otros, y por la ampliación de las redes de gas domiciliario y conversiones de gas vehicular.
Se buscó la versión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos sobre la provisión de gas, pero no contestaron.
Dependencia energética
“Preocupa la no reposición de reservas para mantener la exportación de gas en el corto plazo, pero preocupa más que en el mediano y largo plazo nuestra matriz energética, dependiente del gas para la generación térmica, tendrá que ser cubierta con gas importado”, dijo Eduardo Ibáñez, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación cruceña.
“Para evitar o paliar este efecto, debemos repensar nuestra política de subvención de precios que, si bien es un beneficio presente pagar por energía relativamente barata, nos puede golpear fuerte cuando seamos nosotros los que compremos gas natural a precios internacionales”, alertó.
Padilla detalló que la electricidad que consume Santa Cruz es generada en “casi un 85%” con gas. “No tenemos energía sostenible para cubrir la electricidad que requiere el departamento” ni para el 20% de reserva adicional “para el crecimiento y casos extremos (…). La única energía sostenible que hay proviene de las biomasas de Guabirá, Unagro y Aguaí, que aún no pueden meter 60 MW porque tenemos superoferta”, indicó.
En este contexto, Franco ve como prioridad poner en funcionamiento “todos los proyectos de energías alternativas”, como las plantas eólicas de El Dorado (54 MW), San Julián (39,9 MW) y Warnes (14,4 MW) que aún “no inyectan energía al SIN” y que no ayudan a disminuir el uso de gas para generación eléctrica.
Otra opción práctica es educar a la gente para que tenga un consumo eficiente de energía, y ayudarlos a cambiar sus duchas eléctricas por calefones solares con créditos aprobados por el Gobierno.
Según Franco, por el lado del municipio, un importante proyecto a tomar en cuenta -que no está en la agenda de la actual gestión edil- es la generación eléctrica a partir de los desechos, como se hace en Europa y también Brasil.
“Con la basura se puede generar un tercio de los 710 MW que consume Santa Cruz por día (…), si hay una ley nacional que permita inyectar (esa potencia) al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a un mejor precio que el de la electricidad generada con gas”, dijo.
Las termoeléctricas pagan en Bolivia un precio de $us 1,3 por millón de BTU a diferencia de los $us 8 que paga Brasil por la misma cantidad. Con estos costos “ningún proyecto de energías alternativas va a ser financieramente factible”, remarcó Franco.
“El marco constitucional limitante y los costos de generación a través de energías alternativas son barreras”, reconoció Ibáñez.
“El país tiene una sobreoferta de generación eléctrica en capacidad instalada, eso nos debería llevar a que cualquier proyecto nuevo debería estar destinado no a incrementar nuestra capacidad de generación, sino a reemplazar las fuentes termoeléctricas con fuentes renovables, ya sea hidroenergía, solar, eólica o geotérmica, para dejar de depender del gas”, remarcó Velásquez.
En el caso de las hidroeléctricas, precisó, serán necesarios proyectos pequeños o medianos, que pueden generar otras dinámicas con otros sectores como el agro o la piscicultura; no proyectos grandes como El Bala (3.000 MW), debido a que causan grandes impactos ambientales y a que “pierden sentido” si se considera el actual escenario energético del mundo.
Para Padilla, lo que debe hacerse es dar curso a los proyectos hidroeléctricos Rositas (600 MW) y Oquitas (125 MW), porque además de energía generan agua para regar más de 300.000 hectáreas en la zona del Chaco. “Si vemos el panorama de aquí a cinco años, con las reservas actuales el tema para Santa Cruz es bien delicado” y “poner en marcha una planta hidroeléctrica tarda mínimo tres años a full trabajo”, sostuvo.
Para Velásquez, la transición energética es la respuesta, considerando claro que esta se hace no en uno o dos años, sino en un periodo de cinco a 10 años. “En este tiempo se verán los resultados de las políticas de transición energética que se deberían haber implementado ya en la actualidad”, sostuvo el investigador de Jubileo.
A modo de ejemplo, recordó que en el 2000 el 60% de la energía eléctrica generada en Bolivia provenía del agua y el 40% del gas, pero ahora esa relación es del 63% termoeléctricas, un 32% hidroeléctricas y el 5% renovables.
El sector privado no es ajeno a esta preocupación. La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) prepara para las próximas semanas un foro internacional en el que se evaluará el mercado nacional y departamental de electricidad.
“Este es un proceso gradual en el que las nuevas tecnologías deben contar con incentivos y un marco jurídico coherente que permita atraer inversiones y programas de ayuda para introducirnos en la dinámica mundial hacia las energías renovables. Estamos a tiempo”, precisó Ibáñez.
El Deber.
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