Así afirma el ingeniero Esteban Vasconcellos, asesor de la UGP, al tiempo de advertir que “los temas ambientales y las presiones van a continuar, entonces nuestra capacidad de negociar como sector privado y público es muy importante para defender el desarrollo sostenible del país”.
En el marco del Campo Summit de Forbes Paraguay, que reunió a líderes y referentes del sector agropecuario, el Ing. Esteban Vasconcellos, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), explicó que la reglamentación europea es una normativa que entra en vigencia el 1 de enero del 2025 para limitar la importación o comercialización dentro de la comunidad europea para ocho productos. En el caso de Paraguay, los sectores involucrados serían los de ganado bovino, soja, cuero y madera.
“El punto más importante es la deforestación o la degradación forestal -como le llaman ellos- sumado a otras normativas o legislaciones pertinentes que también deben ir acompañados en un sistema de diligencia debida, que es donde empieza solamente una parte importante de las complicaciones”, puntualizó.
Europa no tiene una participación importante en la compra de carne o soja paraguaya. En el caso de la soja, sucede que Argentina es nuestro gran comprador, que luego la industrializa y exporta a Europa. En ese contexto, el profesional indicó que el reto como país es plantear mecanismos sencillos y voluntarios que permitan continuar operando con Argentina y otros mercados, sin que esto represente un freno o un sobrecosto importante para el productor.
“Que sea un sistema, primero voluntario y luego accesible para los que quieran ingresar, y teniendo en cuenta al pequeño y mediano productor que va ganando espacio en la producción de soja”, reiteró.
El Ing. Vasconcellos reconoció que hoy es bastante complicado cumplir con la normativa, así como está escrita, y que intentar adaptarla de una u otra manera a nuestras normas locales es la parte más difícil.
“Soy defensor de que Paraguay tiene leyes y normativas de primer mundo, adaptadas a las condiciones de un país en vía de desarrollo, como lo somos nosotros. Ya venimos respetando una serie de normativas, leyes y decretos en relación a la producción rural”, detalló y remarcó que dentro del proceso se debe intentar continuar en esa línea y lograr que otros países validen nuestro sistema jurídico.
El campo no para
Lo esencial es seguir trabajando, buscar que los productores entren a los procesos sin que esto genere una barrera para ninguno de los actores involucrados y apoyar dentro de las posibilidades al Gobierno para fortalecer el trabajo en conjunto y participativo para que no se corte la cadena de producción y comercialización.
“Todavía hay mucho camino que andar y salir a explicar o socializar una situación de estas no va a ser fácil. Se requiere de la participación activa de los gremios para acercarse a los productores, pero seguiremos avanzando y hacia fin de año veremos cómo se hace”, señaló.
Finalmente, mencionó que los temas ambientales y presiones van a continuar, entonces la capacidad de negociar, tanto del sector privado como público va a ser de gran relevancia. “Nos guste o no, el sector público es el que negocia internacionalmente y al final son nuestros representantes quienes luego tienen que ir a defender nuestro sistema de producción con los otros países”, puntualizó.
Fuente: UGP
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