Washington debería estar abierto a oportunidades para dar un giro a la relación con La Paz, pero también, como en el caso de Venezuela, dispuesto a actuar con decisión para aislar al régimen y el daño que sus vínculos ideológicos y criminales pueden causar a la región
Recientemente tuve la oportunidad de dialogar con un alto colega boliviano vinculado al gobierno de Luis Arce sobre las dificultades económicas y políticas del país y su relación con Estados Unidos. Su pregunta fundamental era “¿por qué no puede ser mejor la relación de Bolivia con Estados Unidos?”. La respuesta instintiva que me vino a la mente comenzó con las problemáticas relaciones del gobierno boliviano con Irán, China y Rusia, el apoyo del presidente Arce al descarado robo de las elecciones en Venezuela por parte de Nicolás Maduro y el historial de expulsión del país de la DEA, USAID y del ex embajador estadounidense Phillip Goldberg, entre otros detalles. Sin embargo, al reflexionar más sobre el asunto, también me di cuenta de que Bolivia y su relación con los Estados Unidos es más complicada, y mucho menos comprendida, que la forma en que es comúnmente tratada por los responsables políticos en Washington DC. De hecho, las dificultades de la relación de Estados Unidos con Bolivia son ilustrativas de los dilemas a los que se enfrenta Washington en general a la hora de tratar con una serie de actores soberanos de la región ambiguamente problemáticos.
Bajo las presidencias de Evo Morales y ahora de Luis Arce, Bolivia ha aplicado sistemáticamente políticas poco beneficiosas o amenazadoras para los intereses estadounidenses en la región, aunque de forma más limitada que las de regímenes anti estadounidenses como Venezuela, Nicaragua y Cuba. El gobierno de Arce firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Irán en julio de 2023, que posiblemente incluía el suministro de aviones no tripulados iraníes, pero no se reunió con el entonces presidente iraní Ebrahim Raisi ni con su ministro de Defensa Ashtiani cuando visitaron la región apenas unas semanas antes. Bolivia también ha cooperado con Rusia en materia de defensa, pero no ha adquirido material militar ruso, no ha firmado acuerdos de cooperación significativos ni ha recibido delegaciones rusas en la misma medida que el régimen de Maduro en Venezuela, los Ortega en Nicaragua o el régimen de Díaz-Canel en Cuba. Los gobiernos de Morales y Arce se han comprometido ampliamente con la República Popular China (RPC), incluyendo proyectos poco transparentes y a menudo problemáticos en sectores que van desde el litio y otros minerales, hasta trenes, carreteras, instalaciones hidroeléctricas y otros proyectos de electricidad, y telecomunicaciones, sólo por nombrar algunos. Los gobiernos de Morales y Arce también han aceptado regularmente donaciones de equipamiento militar chino, han comprado aviones de combate chinos, helicópteros militares, vehículos blindados, y han aprovechado casi exclusivamente las capacidades de la RPC para establecer su agencia espacial, incluyendo la formación de su personal y la construcción de dos instalaciones de control en tierra que podrían ser aprovechadas por la RPC durante un conflicto con Estados Unidos. Aún así, el régimen boliviano no ha firmado una alianza militar con la RPC, ni le ha permitido operar una instalación espacial autónoma en territorio boliviano, como hizo el anterior gobierno peronista de Argentina en el suyo.
Mi colega boliviano me preguntó cuáles son las diferencias entre la frialdad con que la administración Biden ha tratado al gobierno de Arce en Bolivia y las relaciones relativamente positivas que trata de mantener con otros gobiernos de izquierda, como los de Chile, Brasil, México y Honduras. Respondí que, en el caso de Chile, la posición de principios del presidente Boric, incluida su disposición a hablar en contra del flagrante robo de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela, es el factor distintivo.
A pesar de tales distinciones, los otros tres casos de relaciones difíciles de Estados Unidos con gobiernos populistas y de izquierdas en la región muestran, sin duda, el dilema de la Administración Biden a la hora de buscar ámbitos de colaboración con regímenes que, como el de Arce en Bolivia, emprenden acciones que socavan gravemente los intereses estadounidenses. De hecho, en Honduras, la cancelación unilateral por parte de Xiomara Castro de un tratado de extradición con Estados Unidos, al igual que el hecho de que el régimen de Maduro no haya permitido unas verdaderas elecciones democráticas en Venezuela después de que Estados Unidos suavizara las sanciones para incentivar esa vía, abogan por el realismo en lugar de la esperanza, a la hora de reconocer cuándo los intereses de un régimen divergen fundamentalmente de los de Estados Unidos.
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En el contexto del robo de las elecciones en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, y su posterior represión de las masas de indignados venezolanos que protestan por ese robo, el reconocimiento del gobierno de Arce de la fraudulenta victoria de Maduro no ha sido útil. De hecho, la solidaridad de Arce con Maduro invita a preocupantes comparaciones entre la represión de este último contra los manifestantes y los esfuerzos por detener al presidente electo Edmundo González, frente al encarcelamiento en Bolivia de la ex presidenta interina Jeanine Añez y del gobernador de Santa Cruz Luis Camacho, aunque las circunstancias de esos casos sean diferentes de la situación en Venezuela. Aún así, a pesar de la preocupación por la corrupción y los comportamientos antidemocráticos de los gobiernos de Morales y Arce, incluida la instrumentalización política de las instituciones judiciales bolivianas, en Bolivia sigue existiendo un grado de pluralismo y de voz democrática que ha sido aplastado en regímenes más autoritarios de la región, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Aunque Bolivia tiene derecho a conducir sus asuntos dentro de los límites de sus propias leyes, compromisos internacionales y derechos humanos, el deterioro del entorno político, económico y penal del país suscita preocupación en la región en general.
Morales y Arce están enzarzados en una lucha por el control del MAS, con una serie de congresos, cada uno de ellos celebrado en condiciones cuestionables, dominados por los partidarios de un bando, que votan para expulsar al líder del otro. La autoridad judicial nacional, la CNE, se esfuerza por resolver la disputa, aunque no está claro si podrá hacerlo de un modo que ambas partes acepten. Aunque muchos bolivianos de a pie simplemente se mantienen al margen de la contienda, la enconada lucha entre los partidarios políticos de Morales y Arce también ha polarizado y mermado la labor de las organizaciones sociales y gubernamentales en las que ambos están atrincherados, mermando la capacidad de abordar la crisis económica que atraviesa el país u otras cuestiones políticas clave.
En el ámbito económico, los años de abandono de la inversión en la producción de gas por parte de la anterior Administración de Morales, que antes generaba ingresos en divisas para financiar programas sociales, significa que la producción de gas está cayendo bruscamente. Yacimientos como las enormes reservas de 1,7 billones de pies cúbicos descubiertas en el yacimiento Mayaya Centro-X1 IE tardarán años en entrar en funcionamiento, incluso si reciben la inversión adecuada. El continuo descenso de la producción y exportación de gas ha provocado la correspondiente caída de las reservas de divisas, lo que impide el acceso a dólares para importar bienes o comprar gasóleo, esencial para el sector del transporte. Las fuertes subvenciones gubernamentales al gasóleo han agravado el problema al mantener alta la demanda, contribuyendo incluso a crear un mercado negro de venta del escaso combustible a los países vecinos. La consiguiente escasez de combustible y bienes básicos ha alimentado innumerables huelgas, paralizando aún más la economía y obligando al gobierno de Arce a gastar dinero que no tiene en importar aún más combustible.
Para agravar la crisis económica boliviana inducida por el gas y la moneda, el gobierno nacional publicó recientemente los resultados de un censo retrasado, clave para la distribución de recursos y la representación política en el sistema centralizado de Bolivia. La falta de confianza en el gobierno del MAS en departamentos como Santa Cruz, donde la oposición es más fuerte, probablemente suprimió la participación. Cuando se publicó la encuesta del gobierno, que mostraba casi un millón de personas menos en Santa Cruz que una encuesta anterior realizada por la dirección más conservadora del gobierno departamental, estallaron nuevas protestas por las implicaciones que tendría para la recepción de recursos y poder nacionales por parte del departamento.
A principios de agosto, el presidente Arce propuso un referéndum nacional para abordar las difíciles cuestiones de la eliminación de la subvención gubernamental al gasóleo y la cuestión de la elección presidencial, planteando indirectamente la posibilidad de que Evo Morales se presente a la reelección. La medida, que está siendo evaluada por el Tribunal Constitucional de Bolivia, reprimió temporalmente algunas de las protestas contra Arce, aunque en septiembre se reanudaron las protestas.
Para complicar la dinámica de la crisis política y económica de Bolivia, es importante señalar que el país se ha convertido en un importante país de tránsito para la cocaína destinada a los mercados de Europa, Argentina y Brasil, incluida la producida en el vecino Perú. Parte de la cocaína también procede del propio país, donde es legal el cultivo de hoja de coca en cantidades limitadas (burdamente ignoradas) para usos tradicionales. El sector minero artesanal de Bolivia y el uso de minas bolivianas mal reguladas para blanquear oro extraído ilegalmente en el vecino Perú han alimentado aún más la delincuencia organizada en Bolivia, al igual que el uso del país para blanquear dinero a través del contrabando de mercancías y otras actividades. El resultado combinado de todas estas actividades delictivas es inundar el país de dinero ilícito, distorsionando aún más el funcionamiento de sus ya débiles instituciones gubernamentales.
A medida que Bolivia se acerca a las elecciones de agosto de 2025, el deterioro de su economía e instituciones y su parálisis política parecen acelerarse. Las luchas políticas internas han paralizado de hecho acciones significativas para abordar la caída de la producción de gas y la escasez de divisas, por no hablar de cuestiones a más largo plazo como la forma en que el gobierno podría aprovechar mejor su nuevo papel como miembro del Mercosur para expandir su economía produciendo para mercados vecinos como los de Brasil. La parálisis política del país también ha impedido, irónicamente, que el gobierno estudie cómo aprovechar pretendientes como la RPC, incluido el desarrollo de proyectos de litio concedidos a las empresas con sede en la RPC CATL y Citic Gouan y a la rusa Uranium One. Podría decirse que las luchas políticas internas de Bolivia también han perjudicado a una serie de otros proyectos con la RPC y otros, incluidos inversores occidentales, centrados tanto en la obtención de las infraestructuras necesarias como en la ampliación de los ingresos procedentes de las exportaciones de productos del sector agrícola y de otros sectores, además del petróleo.
La decisión del presidente Arce de eliminar las elecciones primarias aumenta las posibilidades de que alguien consiga hacerse con el control del MAS. Dado que el apoyo de los bolivianos tanto al presidente Arce como a Evo Morales está por debajo del 20%, se rumorea incluso que el MAS apoye al joven cocalero Andrónico Rodríguez, posiblemente en conjunción con la presentación de graves cargos de narcotráfico contra Evo Morales y la extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila Pérez, antiguo jefe de la organización de narcotráfico boliviana FELCN, en un intento de limpiar su imagen y entablar una mejor relación con Estados Unidos.
Más allá del MAS, la política boliviana está fragmentada entre candidatos cuyas carreras políticas y aspiraciones presidenciales se remontan a los años noventa y anteriores, como Jorge “Tuto” Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, entre otros. Aunque se ha hablado de seleccionar un candidato de unidad, e incluso de celebrar unas primarias informales no vinculantes para elegirlo, estas iniciativas no han avanzado hasta ahora.
Tanto si el MAS sigue en el poder como si no, a Estados Unidos le interesa colaborar con el gobierno boliviano en la medida de lo posible, con los ojos bien abiertos ante sus significativos niveles de corrupción y afiliaciones criminales y las áreas en las que los intereses del MAS divergen significativamente de los de Estados Unidos. Bolivia todavía no es Venezuela. Estados Unidos debería estar abierto a oportunidades para dar un giro a la relación, pero también, como en el caso de Venezuela, dispuesto a actuar con decisión para aislar al régimen y el daño que sus vínculos ideológicos y criminales pueden causar a la región si eso no resulta posible.
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