Senado aprueba ascenso a militar sancionado por acoso sexual: tiene un sumario abierto

El Senado de Uruguay aprobó los ascensos al grado de coronel para tres militares del Ejército, generando un notable debate político y ético. Dos de las aprobaciones enfrentaron la oposición del partido Frente Amplio. Esto debido a las controversias en torno al historial de uno de los oficiales ascendidos, quien enfrenta denuncias de acoso y una sanción previa.

El Poder Ejecutivo solicitó las venias para los ascensos el 1° de febrero. La votación, discutida tanto en comisión como en el plenario, evidenció choques entre los senadores de gobierno y del Frente Amplio. La principal polémica giró en torno al militar, cuya situación legal aún no estaba resuelta y fue objeto de sanciones en 2023 por conducta inapropiada.

Discrepancias entre partidos: postura del PN y de la coalición

Fuentes del oficialismo justificaron la votación al señalar que el proceso judicial está pendiente, lo que mantiene su estado de presunción de inocencia. «Se evaluó que todavía no es cosa juzgada, por lo que la persona sigue siendo inocente», afirmaron a un medio local. «Eventualmente, si después se lo declara culpable, deberá ser penalizado», añadieron.

Desde el Frente Amplio, la senadora del Movimiento de Participación Popular, Sandra Lazo, criticó la decisión. «El Frente (Amplio) no está dispuesto a avalar y levantar la mano en este tipo de situaciones», comentó. También enfatizó en la importancia de revisar el historial de candidatos a ascenso para asegurar una trayectoria sin máculas antes de dar su apoyo.

Antecedentes y nuevas denuncias

Un informe del Ministerio de Defensa, al que accedieron los legisladores, detalla las quejas contra el coronel, que datan de mayo de 2023. Una comisión especializada del Ejército identificó que su conducta «podría enmarcarse dentro de la figura de acoso sexual». En respuesta, el comandante en jefe ordenó una sanción de cinco días de arresto por actuaciones inapropiadas.

En febrero de este año, se presentó una nueva denuncia. Según el informe, por ser posterior al 1° de febrero, la fecha inicial de solicitud del ascenso, no debía tomarse en cuenta para la venia. Sin embargo, el sumario sigue sin resolución, y la evaluación de la conducta del militar continúa siendo tema de controversia entre legisladores.

Denuncias y sistemática investigación

La investigación contra el militar comenzó oficialmente en febrero del año pasado, con la primera denuncia formal. La denunciante presentó un escrito a principios de este año manifestando que, tras reportar su caso, fue transferida de departamento sin justificación debida. «La psicóloga de ese momento me dice que no corresponde me cambien de destino si estoy ante un proceso de investigación siendo la víctima», explicaba en su declaración.

Durante la investigación, las denunciantes y autoridades mantuvieron reuniones para abordar el caso, pero según su abogado, Luis González, el acceso a la información procesal ha sido restringido. «En lo que respecta al procedimiento, existen fallas claras que enmarca la ley para tales casos, a la fecha no hemos podido acceder a la información», señaló.

Denuncias de acoso: la controversia detrás del ascenso militar

González también cuestionó la lógica detrás de la votación en el Senado. Planea presentar un asesoriamiento para acceder al expediente completo y a las decisiones del Ministerio de Defensa. Las críticas son refutadas por las autoridades involucradas, que defienden el procedimiento seguido y el derecho de ascenso del militar hasta que se demuestre culpabilidad.

Las otras dos venias aprobadas por el Senado tuvieron distintos caminos. Uno de los casos, retrasado por una investigación de mala praxis médica, terminó resolviéndose a favor del militar, tras aclaraciones del Ministerio de Defensa que constataban intervenciones correctas por parte del acusado. Finalmente, la votación fue unánime.

En otro caso, se investigó a un oficial por presunta exhibición inapropiada de banderas en su escritorio, exonerándolo después de concluir que las banderas eran regalos relacionados con su trabajo y no constituían una infracción.

Sandra Lazo, senadora del Frente Amplio, expresó la disposición de su partido a no obstaculizar por mera oposición. «Las Fuerzas Armadas es una institución necesaria para Uruguay, pero hay que tener las mejores, y que quienes asciendan tengan un historial intachable», manifestó. La necesidad de una revisión ética en cada paso de ascenso militar fue reafirmada por la senadora.