En un comunicado, Diana Salazar resaltó que el correísmo busca impunidad
Luego de que el Congreso del Ecuador archivara los juicios políticos que el correísmo impulsaba contra de la fiscal general Diana Salazar por incumplimiento de funciones, la abogada resaltó que los “narcojuicios” tenían por objetivo la búsqueda de impunidad.
En un comunicado, compartido en su cuenta de X, la fiscal general indicó que su trabajo se ha visto reflejado en la votación del pleno de la Asamblea al permitir el archivo de los procesos en su contra: “Esto, como un reflejo del respaldo que hemos visto, durante los casi seis años, del pueblo ecuatoriano, que está cansado de la corrupción, la delincuencia organizada y sus intentos de tomarse el país”.
Salazar investiga los casos más emblemáticos de corrupción y narcotráfico en el país. Ella reveló que los sicarios contratados para asesinar a Fernando Villavicencio, que aspiraba a la presidencia de Ecuador, tenían también como tarea matarla. Salazar enfrenta un riesgo personal, lo cual señala la presencia constante de amenazas contra su vida.
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En su comunicado, la fiscal apuntó a un “grupo político” (en referencia al correísmo) que “busca impunidad”. Además, Salazar reiteró que detrás de la tramitación de los juicios políticos se escondían oscuros intereses: “Sabíamos que los narcojuicios nacieron viciados, sin el sustento que, al menos, un proceso de este tipo requiere, y lo ocurrido todos estos meses da cuenta de los macabros intereses que había detrás de estos”.
La fiscal aseguró que, con el archivo de los procesos, podrá continuar con las exigencias que demanda su cargo “y enfocarme en lo importante, combatir a las estructuras criminales que tanto daño le han hecho y pretenden continuar haciéndole al Ecuador”.
El correísmo buscaba enjuiciar políticamente a Salazar acusándola de incumplimiento de funciones. Los argumentos de la bancada de la Revolución Ciudadana indicaban que la fiscal general ha cometido retrasos en procesar casos como León de Troya, Encuentro (que involucran al círculo cercano de Guillermo Lasso) e INA Papers (donde se investiga al ex presidente Lenín Moreno). También la acusaban de irregularidades en el proceso contra el ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, que fue investigado por abuso sexual. A eso se suma, según los interpelantes, que Salazar no ha investigado a los vacunados VIP, como se los llamó a los funcionarios públicos y sus familiares que accedieron primero a las vacunas contra el coronavirus. El incumplimiento de funciones, aseguraban los legisladores correístas, se extiende a la falta de prevención de asesinatos a agentes fiscales y de mala administración del Ministerio Público.
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La fiscal general pidió que su juicio político se reactive luego de que se suspendiera para preservar su salud luego de anunciar su embarazo. El Consejo de Administración Legislativa aceptó la solicitud de Salazar la semana pasada y el proceso continuó.
La noche del 9 de septiembre, en una tensa y agitada sesión, caracterizada por enfrentamientos y gritos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó la calificación del juicio político contra la fiscal. La tarde del 10 de septiembre, el pleno sesionó y votó a favor del archivo.
Las bancadas oficialista ADN (con 24 congresistas), del Partido Social Cristiano (con 15) y Construye (con 17), desde que inició el trámite de enjuiciamiento, públicamente respaldaron a Salazar y lo ratificaron en el recinto.
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