Solicitan acceso a información ambiental sobre el dragado del río Uruguay y una planta de hidrógeno verde

La Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina (AAAA) ha solicitado a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) acceso a información sobre dos proyectos de gran relevancia ambiental: el dragado del río Uruguay y la construcción de una planta de hidrógeno verde en Uruguay. Basándose en el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información pública ambiental en la región, los abogados ambientalistas han requerido a CARU la entrega de toda la documentación disponible relacionada con ambas iniciativas.

Uno de los pedidos se refiere al proyecto de dragado del río Uruguay a 34 pies de profundidad en el tramo comprendido entre el puerto de Nueva Palmira y Fray Bentos. La AAAA exige detalles sobre los estudios de impacto ambiental (EIA) que las empresas promotoras del dragado deberían haber presentado. Además, se solicita que se clarifique si estos estudios fueron evaluados y aprobados por las autoridades ambientales de Uruguay, Argentina y la provincia de Entre Ríos, ya que esta última es la responsable de sus recursos naturales según la Constitución argentina.

El segundo proyecto en cuestión es la construcción de una planta de hidrógeno verde en el ejido de la ciudad uruguaya de Paysandú. Este tipo de instalaciones está diseñado para generar hidrógeno mediante energías renovables, lo que las convierte en un pilar importante de las energías limpias. Al igual que con el dragado, la AAAA exige la presentación de los estudios de impacto ambiental y la documentación relacionada con las autorizaciones, audiencias públicas y cualquier otro trámite administrativo que respalde la viabilidad del proyecto.

Ambas solicitudes, elevadas el 9 de septiembre, buscan esclarecer el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales y normativos en ambos países, y si los procesos correspondientes han sido realizados de acuerdo con la legislación vigente. La organización también ha demandado respuestas específicas sobre los posibles impactos del dragado en zonas críticas del río, como el eventual uso de explosivos en derrocamientos, que podrían tener un impacto significativo en los ecosistemas acuáticos.

Esta acción por parte de la AAAA se enmarca en la creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos y el cuidado del ambiente en grandes proyectos de infraestructura y energías renovables, en especial en áreas tan sensibles como el río Uruguay. Las autoridades binacionales de CARU ahora deberán responder si los procedimientos ambientales fueron seguidos adecuadamente y si la información requerida está disponible para su revisión pública.

La respuesta de CARU a estas demandas será crucial para determinar si las obras avanzarán bajo un marco de transparencia y responsabilidad ambiental, o si surgirán nuevos cuestionamientos en el seno de la sociedad civil.