Según la revista Novapolis, escrito por el criminólogo Juan Martens, entre los miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía reciben un total de G. 10 a 12 millones por hectárea de marihuana.
“Una cinta roja que envuelve una tacuara o algún árbol cercano a un marihuanal, significa que el cultivo que se encuentra en el lugar está protegido por la Policía Nacional”, indicó el criminólogo y experto en seguridad, Juan Martens.
Refirió para nuestro medio que nada de lo que ocurre en Canindeyú se hace sin autorización de la Policía y de la Fiscalía y que la autorización policial previo pago es la que permite que se cultive grandes cantidades de marihuana.
Dos párrafos publicados en la Revista Novapolis N° 23 – 2024 y escrito por Juan Martens, menciona que “diversos interlocutores coincidieron en identificar a los mismos cuerpos policiales y fiscales a quienes les pagan para proteger sus cultivos y asegurar la cosecha. La lista de pagos de los cultivadores incluyen a miembros de estas direcciones: 1) Investigación de Delitos, 2) Inteligencia, 3) Antinarcóticos, 4) comisaría jurisdiccional, 5) Grupo Especial de Operaciones (GEO), 6) Homicidios, 7) Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA) y también al fiscal antidrogas de la región”.
“En julio de 2024, los entrevistados señalaron que los precios por hectárea eran de 2 millones de guaraníes, por cada uno de los miembros de dichas direcciones. Así, el pago total a la Policía y la Fiscalía, por una hectárea de marihuana podía llegar a 10 y 12 millones de guaraníes (unos 1.500 dólares), según la cantidad de efectivos policiales existentes en la zona”, señala la revista.
Martens también indicó que en algunos cultivos los policías dejan, al igual que la cinta roja por alguna tacuara, su número de teléfono, que significa que el propietario debe de llamar para comunicar que ya se efectuó el pago.
Señaló que los cultivos son “supernaturalizados” y que es rubro de renta para muchos y que hay gente que su único ingreso es a través de la marihuana. Son familias que su ingreso es mediante la agricultura campesina, pero deciden plantar solo marihuana en vez de otro cultivo de renta, porque es lo que garantiza el ingreso anual.
“Se debe hacer una distinción, al hablar de marihuana, no hay que olvidar que es un trabajo, de hecho, normalizado. No estamos hablando de narcotráfico, la gente no piensa en crimen organizado, es más, no se sienten delincuentes por plantar marihuana”, acotó.
Detalló que del producto del cannabis se pagan hasta carreras universitarias, cursos de peluquería, de manicura, posibilita que la gente se convierta en profesional y eso tiene que ser tomado en cuenta por el Estado, porque si no, va a generar un perjuicio económico muy grande, “porque son comunidades, no comunidades, ciudades dependientes de la marihuana, comercialmente hablando”.
Refirió que al visitar semanas atrás un campamento, el mismo estaba constituido –para tener una idea– por la mamá, el hijo mayor, el hijo adolescente, la suegra y una criatura que viven en el campamento. Los mismos también contratan a personas para la limpieza de la vivienda.
El criminólogo indicó que la marihuana es una unidad económica productiva en Canindeyú y que genera dinero, por un lado, para las comunidades campesinas y, por otro, es fuente de ingreso de la Policía y de la Fiscalía, “fuente de ingreso ilegal”.
En ese sentido, aclaró que se deben dar opciones en la economía lícita y lo primero que se debe pensar es en industrias, generar fuentes de trabajo para que la gente, en vez de trabajar en lo ilícito, trabaje en lo lícito, porque hoy la marihuana contribuye a la economía.
ultimahora.com
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