​​​​Amparo a favor de un taxista al que no le renovaban la licencia

El taxista bahiense que no podía trabajar, al considerar violados distintos derechos constitucionales, hecho que dio a conocer La Nueva. hace unos meses, tuvo un resultado judicial favorable para su lucha.

El juez Guillermo Mércuri acaba de calificar como arbitraria la decisión del municipio de no renovarle la licencia profesional por contar con un antecedente penal por el delito de lesiones leves, condena dictada en 2016 y que venció en abril de 2019.

De esa manera el titular del Juzgado de Garantías N° 2 resolvió un amparo a favor de D.A.G., quien fue patrocinado por el abogado Martiniano Greco.

En un principio, Mércuri había rechazado el pedido sin darle tratamiento (in limine), pero el trabajador apeló ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que revocó ese fallo y ordenó uno nuevo.

Ahora el juez consideró que la negativa del municipio, basada únicamente en la existencia de un antecedente condenatorio, “resulta arbitraria”, porque la normativa que impide la renovación a choferes condenados “debe ser entendida a la luz de la intención de su legislación”.

Hecho ajeno a su trabajo

En ese sentido, explicó que el taxista no cometió ningún delito relacionado con su función ni puso en riesgo a las personas transportadas ni a la seguridad vial, sino que se trató de un hecho ajeno a su trabajo y por el cual ya cumplió sanción.

“Poseer una condena por un delito que nada tiene que ver con la aptitud para conducir no puede, per se, y sin mayor análisis, impedir este derecho a la persona que ya cumplió la condena impuesta por ese hecho. De lo contrario sería extender in aeternum las consecuencias y se estaría generando un efecto negativo en el individuo que ve vulnerado su derecho a trabajar”, dijo Mércuri.

El juez no llegó al extremo de declarar inconstitucional la normativa que regula estos casos pero sí discutió la denegatoria automática del derecho a la renovación de la licencia que tiene el trabajador.

Aclaró que él no puede ordenar la entrega del documento, porque escapa a su función, pero sí disponer que el municipio abra el trámite y considere, con otros elementos -como el apto psicológico-, si es viable la renovación para D.A.G.