Ataques y persecución a periodistas regionales se intensifican tras las protestas por los resultados electorales

Detenciones arbitrarias, amenazas directas por parte de algunos gobernadores y alcaldes e instrucciones para que las radios suspendieran cualquier transmisión relacionada con las protestas postelectorales son parte de las restricciones que sufren hoy los medios de comunicación independientes en las regiones venezolanas.

“Desde hace una semana no estoy en mi casa, porque vivo sola. Los últimos 10 días me tocó dormir en otra casa para estar acompañada, por si me llegan a ubicar, porque ubicable somos” confiesa la periodista Tatiana*, quien trabaja en la región central del país y quien pide que no se publique su nombre real, ni su estado de residencia, para evitar el asedio por parte de las autoridades locales.

Periodistas de los estados Aragua, Carabobo, Guárico, Lara y Portuguesa son algunos de quienes tuvieron que buscar un refugio seguro, tras las publicaciones que les señalaban como “operadores de la derecha fascista” y “terroristas financiados”. Sus rostros fueron expuestos en carteles digitales titulados “Se busca terrorista”, como parte de una campaña de descrédito y estigmatización, como lo reseñó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) en su capítulo venezolano, recopiló un conjunto de 30 agresiones físicas o verbales y otras 18 expresiones de discursos estigmatizantes a los medios de comunicación, en el período desde el lunes 29 de julio hasta el 4 de agosto pasado.

El temor de los periodistas no solo se extiende entre figuras reconocidas en el gremio, con trayectoria y credibilidad en las audiencias, sino también entre jóvenes reporteros que apenas lidian con la cobertura de sus primeras manifestaciones políticas en la era del chavismo.

“En el medio regional donde laboro, recibimos mensajes de parte de la Gobernación porque están pendientes de lo que se publica en redes sociales. Si ellos hacen una cadena y no la transmitimos, consideran que se hace mal el trabajo. Todos esos señalamientos afectan nuestro trabajo, porque uno se siente vulnerable como periodista y como ciudadano” contó Astrid*, profesional periodística en el occidente del país.

Emisoras locales bajo amenaza

Apenas dos días después de las elecciones presidenciales, el alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) del municipio Boconó en el estado Trujillo, Alejandro García, tildó de “golpista” a la emisora Boconesa 107.3 FM y también calificó como “cómplices”, a quienes borraron los videos a las afueras del liceo Dalla Costa de la noche del 28 de julio.

“Lo voy a denunciar con nombre y apellido, la emisora Boconesa es una emisora golpista y cómplice de esta verga, no me interesa ¡Mis cojones lo que digan ustedes, cobardes, fascistas y golpistas lo que son!”, dijo el mandatario local en un acto proselitista del pasado 31 de julio.

La emisora Boconesa 107.3 FM la señalaron de forma pública en la región andina. En cambio, los dueños de otras emisoras recibieron instrucciones directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) para suspender cualquier mención a las protestas por los retrasos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la publicación de los resultados disgregados por mesas de votación de las elecciones presidenciales.

La orden era pausar los programas informativos y de opinión en las emisoras radiales de Monagas y Bolívar, de acuerdo con una comunicación escrita a la que tuvo acceso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp). Aunque la instrucción de censura también se confirmó para emisoras de Aragua, Carabobo, Barinas, Falcón, Zulia, Amazonas y Nueva Esparta.

La “Operación Tun Tun” contra los periodistas

La primera vez que “Operación Tun Tun” fue usada para el allanamiento de las residencias y la detención arbitraria de manifestantes fue durante las protestas del año 2017. Ahora se revivieron el nombre y los procedimientos de los cuerpos policiales y de seguridad, pero esta vez se usó como otra amenaza contra los periodistas.

“También les va el Tun Tun, para que sepan, porque por ahí también hay panfletos digitales todo el tiempo en contra del Gobierno. Estamos revisando porque entre las cosas que saca ese periódico, ese panfleto digital, saca cosas de instigación al odio. ¡Ay, papá! Yo los quiero ver también frente a los tribunales”, expresó el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, en su espacio radial durante el viernes 2 de agosto.

Márquez posee un amplio historial de confrontación contra periodistas y medios de comunicación críticos y a todos los califica como “panfletos digitales”. Aunque sus declaraciones radiales llegaron después de que algunos de los trabajadores de la prensa fueran víctimas de detenciones arbitrarias en todo el país.

El caso más emblemático es el del reportero deportivo y camarógrafo del medio VPI TV, Paúl León, quien fue detenido en la Av. Bolívar del municipio Valera, antes de siquiera empezar a grabar y transmitir sobre las protestas postelectorales.

“Íbamos camino a la concentración cuando agarraron a Paúl León. Lo montaron en una moto y se lo llevaron con todos los equipos”, detalló la periodista Wendy*, quien fue testigo del momento de la detención del periodista andino.

Junto a León también hay que contar las detenciones arbitrarias del camarógrafo Yousner Alvarado, el reportero Joaquín de Ponte y la reportera gráfica Deysi Peña, como lo señaló Ipys Venezuela. El balance era de 13 trabajadores de la prensa detenidos hasta el pasado 5 de agosto.

Ninguno de estos periodistas detenidos pudo ser representado por una defensa privada y algunos ya tuvieron una presentación ante un tribunal vía telemática para imputarlos por presuntos delitos de terrorismo y odio.

La organización de defensa de los derechos humanos Provea criticó este mecanismo de acusación masiva que se repite con el grupo de más de 1.300 detenidos por las protestas postelectorales. “Alertamos que se están realizando audiencias colectivas donde no hay individualización de los presuntos delitos. A todos los están metiendo en el mismo criterio de imputación”, escribió Provea en su cuenta de la red social X el 1° de agosto.

“La ‘alegre’ interpretación oficial de los llamados ‘crímenes de odio’ son un cheque en blanco que usan los gobernantes de turno para castigar a quienes refutan las narrativas que intenta imponer el poder, eso aplica a fuentes informativas, medios independientes y periodistas críticos”, como explicó el periodista Jaime*, quien trabaja en la región occidental del país.

El resultado de este conjunto de amenazas, estigmatizaciones y detenciones es que los periodistas ahora confiesan que se sienten “aturdidos ante la situación”, “colapsados emocionalmente” y lidian con “no sentirse culpables” frente a sus audiencias, porque ahora son más cuidadosos a la hora de publicar informaciones sobre los testigos electorales que recolectaron actas de votación en sus centros de votación, las protestas en las regiones o las nuevas detenciones.

*Todos los nombres de los periodistas que brindaron sus testimonios fueron cambiados para mantener su anonimato, al igual que se evitó referenciar sus localidades de trabajo exactas por protección.

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