Ejecutivo promulgó ley que castiga con hasta 10 años de cárcel la criptominería ilegal

En el transcurso de este viernes, el Poder Ejecutivo anunció la promulgación de la Ley n° 7.300 que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados a dicho delito y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal.

Mediante estos cambios, las personas que sustraigan energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje para establecimientos de criptominería no autorizados por la Ande, se exponen a hasta 10 años de cárcel más multa complementaria.

Asimismo, la normativa establece que la Ande podrá solicitar a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) la administración provisional de los bienes incautados y los recursos obtenidos por su venta anticipada también pasarán al patrimonio de la firma estatal

“Esta nueva ley es una herramienta legal muy importante para poder erradicar este mal que se instaló en el Paraguay,principalmente las conexiones irregularidades para las actividades de criptominería. Desde el año 2020 se instalaron masivamente en el país esta actividad y la mayoría son de procedencia China, en donde por un lado están las instalaciones legales y las ilegales”, dijo el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa

Asimismo, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, acotó que “hemos realizado una campaña muy fuerte contra el robo de energía realizadas por las criptominerías prueba de ello es que hemos realizado 78 denuncias penales en el Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional, el Poder Judicial y en algunos casos con el apoyo de las Fuerzas Armadas de la Nación”

En los procedimientos contra las granjas ilegales se incautaron más de 10.000 procesadores de datos y 52 transformadores de distribución, entre los principales bienes. En cuanto a personas procesadas, dos fueron condenadas y once se encuentran imputadas. “Es una lucha frontal. Lastimosamente, ninguna persona hoy en día por está en la cárcel por esta irregularidad que tanto daño hace a la Ande, al Estado y la ciudadanía en general”, lamentó.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Paula Carro, sostuvo que las medidas buscan tener un efecto disuasivo sobre aquellas industrias que se instalan de forma ilegal, y no se busca criminalizar a la producción de criptomonedas como tal.