En el gigante sudamericano ha comenzado la cuenta atrás para los comicios, cuya primera vuelta está prevista para el próximo 6 de octubre.
En Brasil ha comenzado la cuenta atrás para las elecciones municipales, cuya primera vuelta está prevista para el próximo 6 de octubre. Oficialmente, la campaña electoral empieza el 16 de agosto y hay tiempo hasta la víspera para inscribir a los candidatos. Mientras tanto, en grandes ciudades como San Pablo, los partidos se preparan para la contienda. En la capital financiera del país, los dos principales precandidatos son el actual alcalde de centroderecha, Ricardo Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Aunque se encuentran en bandos políticos diametralmente opuestos, ambos han decidido aprovechar uno de los temas más sensibles para esta votación, el de la seguridad.
Una encuesta de Datafolha de marzo reveló que para el 23% de los entrevistados el mayor problema de San Pablo es la seguridad pública, seguida de la asistencia sanitaria. Los propios precandidatos han reforzado su seguridad personal debido a las amenazas que han recibido. Mientras Nunes goza de la protección habitual de un alcalde, Boulos se desplaza desde principios de año en un coche blindado y siempre rodeado de guardaespaldas. Ambos han optado también por hacerse acompañar en los actos preelectorales por dos comandantes de uno de los cuerpos de asalto de la policía militar de San Pablo, la Rota. El primero fue Nunes, que anunció como su vice al coronel Ricardo Mello Araújo, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. Muchos, por esta razón, ya han hablado de una “bolsonarización” de la candidatura de Nunes. Pocos días después, Boulos también incluyó a otro coronel de la Rota, Alexandre Gasparian, en el grupo que prepara su plan de gobierno en materia de seguridad.
En Rio de Janeiro, el actual alcalde Eduardo Paes, del Partido Socialdemócrata (PSD), vuelve a presentarse. Apoyado por Lula, encabeza las intenciones de voto. Será desafiado por los dos principales precandidatos, Tarcisio Motta, del PSOL, y Alexandre Ramagem, del PL de Bolsonaro. Todos juntos tendrán que enfrentarse a un escenario complejo en Rio, donde milicias paramilitares y grupos criminales como el Comando Vermelho (CV) y el Terceiro Comando Puro (TCP) se disputan el territorio con saña desde hace tiempo. Con la idea de garantizar un voto lo más seguro posible, el Tribunal Regional Electoral de Rio de Janeiro trasladó la ubicación de 93 colegios electorales en zonas consideradas de riesgo en el estado. Asimismo, en los puntos considerados más críticos, además de una presencia policial reforzada, las urnas electrónicas serán transportadas en coches blindados.
Otro asunto que ha recalentado la precampaña ha sido la economía. En los últimos días, la repentina subida del dólar frente al real, que llegó a cambiarse a 5,59 frente a la divisa estadounidense, el mayor nivel de los últimos dos años y medio, provocó muchas críticas a Lula. Sus acusaciones contra el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, y la autonomía de la institución, unidas a un escenario fiscal preocupante, figuran entre los principales motivos de la escalada. En particular, la guerra de Lula para rebajar la tasa Selic del Banco Central, ahora en el 10,5%, para muchos expertos como Malu Gaspar de O Globo es “muy útil en el momento en que Lula está rodando Brasil para mejorar su popularidad y ayudar a socavar la fuerza de la derecha en las elecciones municipales”. De hecho, según sondeos internos, más del 60% de la población está de acuerdo con los ataques del presidente al Banco Central.
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“Lo que pasa es que Lula está anticipando el debate político de 2026 para este año porque es el año en que se forman las bases de apoyo electoral. Él está tratando de ‘jugar para el electorado’, transfiriendo al mercado todo el problema económico que él mismo está generando”, afirmó al diario Gazeta do Povo Alex Agostini, economista jefe de la agencia clasificadora de riesgos Austin Rating. En concreto, es la inflación, especialmente en los alimentos, el gran fantasma que planea sobre estos meses previos a la votación de octubre. Si atacar al Banco Central ganó el consenso de Lula, el efecto colateral fue exactamente el contrario. La desconfianza de los mercados y el consiguiente fortalecimiento del dólar están comprando una crisis inflacionista que probablemente se manifestará incluso antes de la votación.
Tal vez ésta sea una de las razones por las que, en una carrera contrarreloj, el presidente se ha apresurado a repartir las llamadas enmiendas, es decir, fondos gubernamentales transferidos sin necesidad de un proyecto por parte de los municipios o estados que los reciben. La Ley Electoral 9504 prohíbe las “transferencias voluntarias” del gobierno federal a los estados y municipios en los tres meses anteriores a las elecciones. Así, Lula ha donado en las últimas horas 4.250 millones de reales, 778,4 millones de dólares, de una sola vez. Estas dádivas, que ya habían sido criticadas en el gobierno Bolsonaro, han aumentado incluso en su gobierno a pesar de que Lula había asegurado en la campaña electoral de 2022 que con él se acabaría este ‘presupuesto secreto’, como lo apodó el diario O Estado de São Paulo. En total, hasta ahora se han desembolsado 22.000 millones de reales, 4.029 millones de dólares, superando los cerca de 17.000 millones de reales (3.113 millones de dólares) repartidos antes de las presidenciales de 2022 en el gobierno de Bolsonaro. La principal crítica que se ha hecho a esta forma de financiación de estados y municipios es la falta de transparencia en los criterios, lo que la convierte en un mero instrumento de cooptación política para obtener consenso. Además, la mayoría de las veces no hay controles posteriores sobre cómo se ha gastado el dinero. También se ha acusado a Lula de utilizar sus viajes oficiales a lo largo de Brasil de los últimos meses para reforzar a sus aliados en ciudades estratégicas para las elecciones municipales de octubre. Su Partido de los Trabajadores, el PT, quiere recuperarse de la gran derrota de hace cuatro años. De las 638 ciudades que el partido gobernaba en 2012, solo eligió 183 alcaldes en 2020 y, sobre todo, no consiguió el control de ninguna capital de los 26 estados brasileños. Bolsonaro en cambio ganó 349 alcaldías.
Tras las presidenciales de 2022, marcadas por una polarización extrema, la tendencia también para las municipales es nacionalizar las candidaturas, divididas entre los partidos de base de Lula y los aliados del ex presidente Jair Bolsonaro. El resultado de octubre también será un termómetro importante para la votación presidencial de 2026. Actualmente, los precandidatos apoyados por Bolsonaro lideran las intenciones de voto en cuatro capitales, Aracaju en el estado de Sergipe, Belém en Pará, Curitiba en Paraná y Salvador en Bahía. Los precandidatos apoyados por Lula son primeros en intención de voto en tres capitales, Rio de Janeiro en el estado homónimo, Recife en Pernambuco y Porto Alegre en Río Grande do Sul.
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Sin embargo, Bolsonaro sigue siendo una incógnita. Aunque ya está fuera de la carrera política – no es elegible hasta 2030 – el ex presidente sigue siendo visto como el as en la manga de su Partido Liberal (PL). Habrá que ver, sin embargo, qué impacto tendrá la acusación formalizada el jueves por la Policía Federal de malversación de joyas recibidas del Gobierno de Arabia Saudí. Fuentes próximas al Fiscal General de la República, Paulo Gonet – que deberá decidir si convierte la acusación en denuncia y al ex presidente en reo – han revelado al diario O Globo que lo más probable es que la decisión se posponga hasta después de una posible segunda vuelta, el 27 de octubre. El motivo es precisamente evitar una acusación contra la Fiscalía General de actuar políticamente en época electoral. Mientras tanto, un sobrino de Bolsonaro, Léo Índio, también anunció su candidatura a concejal municipal en Cascavel, en el estado de Paraná. Investigado en el Supremo Tribunal Federal (STF) por participar en la invasión de los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023, su nombre también apareció en dos etapas de la operación de la Policía Federal sobre la intentona golpista, la Operación Lesa Patria.
Las elecciones seguirán siendo casi exclusivamente masculinas. Sólo 32 mujeres son precandidatas y se concentran en seis capitales del país y en las coaliciones del PSOL-Rede y del Partido de los Trabajadores-Partido Comunista de Brasil, de Unión Brasil y del partido Novo. Destaca la capital de Sergipe, Aracaju, donde no menos de cinco mujeres compiten por la alcaldía. Sin embargo, este año el Tribunal Superior Electoral había actualizado sus normas precisamente para evitar el fraude en las cuotas de género. Los partidos están obligados por ley a tener al menos un 30% de candidatas, que tienen derecho al mismo porcentaje del fondo electoral de los partidos para pagar los gastos de campaña. Actualmente, según datos del Instituto Alziras, los hombres están al frente del 88% de los municipios brasileños, mientras que las mujeres, que representan el 51% de la población, controlan sólo el 12% de los ayuntamientos, y las mujeres negras apenas el 4%. Mientras tanto, el PT está presionando para que la esposa de Lula, Rosangela da Silva, conocida como Janja, participe cada vez más en la campaña electoral para reforzar las candidaturas femeninas.
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