Tribunal Supremo de España rechaza aplicar amnistía a dirigentes del ‘procés’

La Fiscalía pidió en el pasado mes de junio que se aplicara a los condenados la ley de amnistía.

El Tribunal Supremo de España rechazó este lunes perdonar el delito de malversación que atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y acordó mantener las órdenes nacionales de detención en su contra.

La decisión afecta también a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, acusados por el delito de malversación.

El juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, afirmó «que los comportamientos atribuidos en la causa a los tres procesados incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea».

Llarena mantuvo la inhabilitación de otros líderes independentistas, entre ellos, el exvicepresidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras y los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas desde el 30 de octubre de 2017 para eludir a la justicia española, se enfrenta a varias causas relacionadas con la convocatoria del referéndum ilegal celebrado en Cataluña ese mismo año, la declaración unilateral de independencia y las posteriores protestas.

El líder catalán tiene abierto otros dos procesos por la vía penal, uno por sedición y otro por terrorismo.

La tramitación de la Ley de Amnistía fue un requisito exigido por los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y ERC para apoyar la investidura como presidente del actual mandatario, Pedro Sánchez, el 16 de noviembre del año pasado.

La norma eliminaría los posibles delitos cometidos en el marco del proceso secesionista catalán entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, que incluye a los dirigentes y ciudadanos independentistas involucrados en una consulta, un referéndum ilegal y diversas protestas, así como a los policías acusados de uso excesivo de la fuerza y otros delitos en su represión.