La farmacéutica fabricante debe demostrar que los anticonceptivos no provocaron embarazos no deseados, gracias a un nuevo proyecto de ley.
A inicios de este año, tres instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamaron al Estado chileno reparar a las más de 200 mujeres que quedaron embarazadas debido a que los anticonceptivos que usaron estaban defectuosos, los cuales fueron entregados por el sistema de Salud Pública del país.
La abogada de Women’s Link International, María Cecilia Ibañez, remarcó que el Grupo de Trabajo Contra la Discriminación de las Mujeres de Naciones Unidas, la Relatoría Especial de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, se manifestaron a favor de las denunciantes y pidieron “un estricto control para garantizar la calidad y eficacia de las pastillas anticonceptivas y ampliar el marco legal para el acceso a los servicios de aborto en el país, especialmente en casos como este, derivado de una negligencia del Estado”.
A mediados de julio se aprobó en la Comisión de Salud del Parlamento chileno una iniciativa para modificar el Código Sanitario a fin de que las farmacéuticas tengan que responder más vehementemente ante este tipo de situaciones. La idea es que sea carga del laboratorio probar que el defecto no haya generado el daño. Paralelamente, establece el efecto retroactivo de la ley, para los casos que generaron el proyecto en cuestión.
Las mujeres afectadas por este asunto piden “acompañar las maternidades no planeadas, a través de ayudas económicas que les permitan a las mujeres retomar sus proyectos de vida y la crianza de los niños y niñas”, según relató Ibañez.
El escándalo de los anticonceptivos
Medios de comunicación chilenos hicieron públicos, hace dos años, los testimonios de decenas de mujeres que afirman haber tomado el mismo anticonceptivo entregado en el sistema de Salud Pública y que, a pesar de haber seguido el calendario de pastillas estrictamente, quedaron embarazadas.
El fármaco era el Anulette CD, dado en los centros de salud estatales. Por esta negligencia el Instituto de Salud Pública (ISP) impuso una multa de 66 millones de pesos chilenos (unos US$81.000 dólares) a dos laboratorios por fabricar estas píldoras defectuosas.
Se consideró que estos hechos vulneraron los derecho sexuales y reproductivos de las mujeres afectadas, por lo que se inició un proceso por medio del Consejo de Defensa del Estado que terminó en una compensación económica por parte del laboratorio a las mujeres.
La mayoría de las afectadas son mujeres de escasos recursos, a las que además se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales legales en Chile: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.
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