Asamblea de la OEA: Erradicar la pobreza, promover la cooperación y robustecer lucha contra el crimen, entre lo puntos destacados

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunida en Asunción, Paraguay, los días 26, 27 y 28 de junio de 2024, con motivo de su quincuagésimo cuarto período ordinario de sesiones, aprobó la siguiente Declaración de Asunción:

Reafirmando la importancia de los cuatro pilares fundamentales de la Organización —democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral— y considerando que el lema de este período ordinario de sesiones de la Asamblea General es “Integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región”;

Reafirmando que la Carta de la OEA establece que los “Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad”;

Reafirmando su compromiso con la promoción y el fortalecimiento de la paz en el hemisferio, con pleno respeto a la soberanía de cada Estado y al derecho internacional, de conformidad con las leyes internas de cada país, los principios, valores compartidos y enfoques y compromisos comunes, y las medidas de cooperación articuladas en la Declaración sobre Seguridad en las Américas;

Teniendo en cuenta que la Declaración sobre Seguridad en las Américas reconoce que “nuestra nueva concepción de la seguridad en el hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional”;

Considerando que la Carta Democrática Interamericana reconoce que la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana;

Reafirmando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible;

Consciente de que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada el 21 de octubre de 2015, se reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, en particular la pobreza extrema, sigue siendo el mayor desafío mundial y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, y haciendo notar además la importancia del pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio;

Enfatizando que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París son los foros principales internacionales e intergubernamentales para negociar la respuesta global al cambio climático;

Consciente de que el cambio climático supone un reto sustancial al disfrute de los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible del hemisferio, y puede exacerbar los retos en materia de seguridad;

Recordando la Declaración de Nassau para el Desarrollo Sostenible en las Américas: “Acción Climática: Construir una Agenda Hemisférica para Asegurar Nuestro Futuro”, adoptada en la Cuarta Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible en octubre de 2023, en la que se reafirma el compromiso de los Estados Miembros de implementar efectivamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, enfatizando la integración equilibrada de sus dimensiones económica, social y ambiental, y el Plan de Acción Interamericano sobre el Cambio Climático 2023-2030, que establece un marco integral para afrontar los urgentes desafíos climáticos que enfrentan las Américas;

Destacando que para atender de forma integral los desafíos de seguridad multidimensional, incluida la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, es importante incorporar un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos y la seguridad humana;

Destacando el valor de la integración regional y la cooperación interamericana para complementar los esfuerzos de los Estados Miembros destinados a lograr la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad del hemisferio, y la prosperidad de todos los pueblos de las Américas, así como para el bienestar económico, el cuidado ambiental, la igualdad de género, el desarrollo integral de las personas, la eliminación de la pobreza, la discriminación, la exclusión social y la inequidad, y la vinculación en los campos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura.

Declara:

Promover la cooperación regional en materia económica, técnica, política, jurídica, medioambiental, social, educativa, cultural, científica y tecnológica, de seguridad y de defensa para la estabilidad y la seguridad de los Estados y del hemisferio en su conjunto.

Fortalecer la gobernabilidad e institucionalidad democrática en los países de la región como factor de cohesión social, promoviendo las condiciones que generen sociedades igualitarias, justas y prósperas, asegurando el respeto de los procesos democráticos y los derechos de todas las personas, incluyendo especialmente a los miembros de grupos minoritarios y grupos en situación de vulnerabilidad.

Condenar a la delincuencia organizada transnacional, sus distintas manifestaciones y su financiamiento, que ponen en riesgo la seguridad de los Estados y atentan contra las sus instituciones, generando efectos nocivos sobre las sociedades, y poniendo en riesgo la seguridad, la democracia, el Estado de derecho, y el desarrollo integral e inclusivo.

Robustecer las acciones para enfrentar el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones en la región y sus efectos en los derechos humanos, tomando en cuenta el papel que desempeñan las empresas y la relevancia de su involucramiento en la prevención de este fenómeno, así como de la cooperación de los Estados y el sector privado, según corresponda, para abordar este problema.

Reafirmar el respeto por el estado de derecho y la aplicación efectiva del derecho internacional como pilares fundamentales para mantener relaciones amistosas, así como para asegurar la paz y la seguridad regional.

Fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y enfrentar con enfoque integral a la delincuencia organizada transnacional y en especial el tráfico ilícito de estupefacientes, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, el lavado de activos, los delitos que afectan al medioambiente ; y otras amenazas como el terrorismo, los ataques cibernéticos, la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción, la minería ilegal, entre otros, que constituyen elementos para el desarrollo y sustento de las economías ilegales.

Fomentar la cooperación internacional, la implementación de buenas prácticas, el intercambio y análisis oportunos de información, en la prevención, investigación, persecución y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Fortalecer la cooperación en materia de acción contra las minas especialmente en materia de desminado humanitario como factor facilitador del desarrollo sostenible en la región.

Respetar, proteger y promover los derechos humanos y defender, promover y consolidar la democracia en la región, así como fortalecer la gobernabilidad e institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana, y eliminar toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres y las niñas, y grupos en situación de vulnerabilidad, generando las condiciones para alcanzar sociedades igualitarias, justas y prósperas.

Continuar promoviendo, a través de acciones de cooperación y el multilateralismo, siempre en cumplimiento y en adhesión a las prioridades nacionales de desarrollo de cada uno de los Estados miembros , el fortalecimiento de las instituciones, valores, prácticas y la gobernabilidad democrática, la prevención y lucha contra la corrupción y la consolidación del Estado de derecho; el logro del pleno goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos; y, la reducción de la pobreza, la desigualdad, el racismo y la exclusión social, política o económica.

Instar a los Estados miembros, según corresponda, a implementar la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), y cumplir con las medidas señaladas en las Resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al tráfico de armas y municiones y la implementación de medidas de sanciones, respectivamente.

Priorizar la implementación de políticas públicas para erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, en particular la pobreza extrema y mejorar el bienestar por la reducción de la desigualdad y la exclusión social; y aumentar los esfuerzos para lograr la igualdad, la protección del medio ambiente y combatir el cambio climático como se define en la Declaración de Nassau para el Desarrollo Sostenible en las Américas.

Exhortar a la cooperación, la integración y las alianzas hemisféricas orientadas al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones – la económica, la social y la ambiental- incluida la implementación del Plan de Acción Interamericano sobre el Cambio Climático 2023-2030, reconociendo las necesidades específicas y circunstancias de los países en desarrollo.

Reafirmar el compromiso de continuar impulsando medidas nacionales y regionales para responder a los múltiples desafíos en materia de seguridad, promoviendo una mayor integración entre los Estados Miembros con miras a la consolidación del desarrollo sostenible en el continente.