Fuerzas venezolanas asesinaron más de 10 000 ciudadanos en la última década, dice informe

Un informe de la ONG Programa Venezolano de Educación para la Acción en Derechos Humanos (Provea), afirma que 10 085 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad de Venezuela en los últimos diez años. Las cifras se refieren en su mayoría a ejecuciones extrajudiciales, pero también incluyen las muertes ocurridas durante las protestas masivas que tuvieron lugar en 2014 y 2017.

El número de asesinatos aumentó en 2020; después comenzó a descender. Según la ONG, el descenso documentado pudo deberse a  la falta de denuncias o de cobertura de la prensa.

Sólo en 2023, el número total de víctimas fue de 620, la mayoría entre 18 y 30 años, y la Policía Nacional Bolivariana fue responsable del 30 por ciento de los crímenes. El informe, publicado el 30 de abril titulado Maduro, una década oscura para los derechos humanos, también señala que se registraron 43 003 víctimas de violaciones a la integridad personal, entre ellas 1652 víctimas de tortura y 7309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

“Desde 1989, Provea monitorea las denuncias de violaciones a los derechos humanos en los medios de comunicación nacionales y regionales. En el caso de las violaciones del derecho a la vida, se lleva a cabo un proceso de verificación adicional, para llegar a las estadísticas de presuntos asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad. Esta información se publica cada año en el Informe Anual y este balance de los 10 años de Maduro consolida los reportes de 2013-2023”, dijo a Diálogo la coordinadora de investigación de Provea Lissette González, quien explicó que la mayoría de las víctimas son jóvenes de sectores populares y que el año con más muertes fue 2019.

“Aunque la tendencia viene creciendo desde 2015, con el inicio de las Operaciones de Liberación Popular, que son operativos militares de seguridad ciudadana, se han tomado barrios populares urbanos y se han cometido múltiples desmanes para “acabar con la delincuencia”, agrega González.

La ONG advierte de un aumento de la represión, de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro aspira a un tercer mandato de seis años. El lanzamiento del informe coincide con las denuncias de un “alarmante aumento de las desapariciones forzadas” realizadas por grupos de derechos humanos y expertos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, debido a la persecución de opositores durante la campaña presidencial.

Foro Penal, una ONG venezolana que brinda asistencia legal a personas detenidas arbitrariamente, informó que entre 2014 y 2024 se registraron 15 827 detenciones. Según Foro Penal, actualmente hay 273 “presos políticos confirmados” en Venezuela, entre militares y civiles. A esto se suma el hecho de que muchos de ellos llevan más tiempo del permitido para la prisión preventiva, lo que constituye una violación a los derechos legales, entre ellos el debido proceso.

“Hay intensificación significativa de la persecución de activistas de derechos humanos, o fuerzas políticas no gubernamentales en Venezuela”, dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, según AFP.

Desde enero, unos nueve colaboradores de la líder opositora María Corina Machado fueron detenidos. Lo mismo ocurre con otros activistas como Rocío San Miguel, experta en temas militares, que fue detenida en febrero acusada de conspirar para derrocar a Maduro.

“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasorio y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, advirtieron los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU, según la CNN.

El mismo día que se dio a conocer el informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una resolución extendiendo medidas cautelares de protección a todos los miembros de Provea. La ONG, que lleva 35 años defendiendo los derechos humanos en Venezuela, fue varias veces demandada y amenazada, y un miembro del personal estuvo secuestrado durante las protestas de 2014.

“El equipo de coordinadores ya contaba con medidas cautelares desde 2015, debido a las amenazas y agresiones mencionadas. Desde 2022, Provea es objeto de ataques públicos. Temiendo por la integridad y libertad del equipo, solicitaron que estas medidas se extendieran a todo el equipo de trabajo de la organización”, explica González.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para González, la resolución de la CIDH significa un poco más de protección en la práctica: “El costo político de la detención o desaparición de un miembro de Provea aumenta” para el régimen.