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Un paso histórico hacia una justicia más equitativa para los campesinos y comunidades rurales
En una jornada decisiva, el Senado de la República aprobó este jueves la conciliación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una norma que redefine el acceso a la justicia para las comunidades rurales del país. Este proyecto, que fue recibido con optimismo por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, establece una estructura judicial específica para abordar los conflictos agrarios y garantizar la protección de la propiedad rural.
“Esta iniciativa tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con expropiación. Precisamente lo que hace el proyecto de ley es crear jueces especializados que resolverán pleitos y aplicarán el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad. La norma no modifica en absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad; simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección”, explicó el ministro Osuna.
El proyecto, que será revisado por la Corte Constitucional antes de su sanción por el presidente Gustavo Petro, establece la creación de jueces de circuito y tribunales agrarios. Estos nuevos despachos judiciales estarán ubicados en zonas estratégicas como aquellas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), núcleos de reforma agraria y áreas afectadas por cultivos de uso ilícito.
Además de los nuevos jueces y tribunales, la ley también crea centros de apoyo técnico especializado, formados por profesionales en diversas disciplinas, para asistir a los jueces agrarios. Otra innovación significativa es la figura del facilitador agrario, un profesional que orientará de manera gratuita a los usuarios potenciales de la justicia agraria.
La selección de jueces y magistrados para esta nueva jurisdicción se hará a través de concursos de méritos, asegurando que los cargos sean ocupados por expertos en derecho agrario, administrativo y ambiental.
Aunque esta aprobación es un avance crucial, aún queda pendiente la discusión de la ley ordinaria que definirá el proceso operativo de la nueva jurisdicción. Esta futura normativa deberá especificar los requisitos para presentar demandas y el procedimiento para la práctica de pruebas, completando así el marco legal necesario para la implementación efectiva de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Con esta aprobación, se da un paso significativo hacia una justicia más equitativa y accesible para los campesinos y comunidades rurales, reafirmando el compromiso del Estado con la protección de los derechos de propiedad y el desarrollo sostenible del sector agrario.
carloscastaneda@prensamercosur..org
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