Ecuador anuncia alza en los precios de la gasolina y eliminación de subsidios

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, junto a la Viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, confirmaron el martes la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís en Ecuador.

Desde el Palacio de Carondelet, ambos funcionarios indicaron que esta medida entrará en vigor a finales de junio, lo que resultará en un aumento de precios para estos combustibles.

Avilés justificó esta decisión calificando el subsidio como «ineficiente» y afirmó que el Gobierno ha encontrado una solución para esta asignación. A partir de la implementación, el costo de las gasolinas extra y ecopaís aumentará en 26 centavos de dólar, alcanzando un precio de 2,725 dólares por galón.

Para mitigar el impacto del alza en los precios, se ofrecerá compensación únicamente a los propietarios de taxis, camionetas de alquiler y tricimotos, con el objetivo de evitar un incremento en las tarifas de estos servicios para los usuarios. Los dueños de los vehículos deberán registrarse en una plataforma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para acceder a esta compensación.

Además, tras el aumento inicial, el Gobierno implementará un sistema de bandas de estabilización de precios para equiparar el costo de los combustibles con los precios internacionales del crudo.

Este sistema limitará la variación de precios en Ecuador, permitiendo un aumento máximo del 5 % mensual si el precio internacional sube, y una reducción de hasta el 10 % mensual si disminuye.

La eliminación de estos subsidios y el consecuente aumento en los precios han generado controversia en la sociedad ecuatoriana. Organizaciones sociales y sindicales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), han expresado su preocupación ante la posibilidad de un incremento en los costos de vida y la canasta básica de los ecuatorianos.

La decisión de eliminar los subsidios a los combustibles ha sido un tema recurrente en la política ecuatoriana, recordando las protestas de 2019 y las negociaciones con el movimiento indígena en 2022. El Gobierno se prepara para afrontar las posibles repercusiones sociales de esta medida en el país.