El paro interinstitucional dejó calles desiertas en la capital y hubo protestas en al menos 15 de los 54 municipios del departamento de Santa Cruz. La medida fue calificada de “exitosa”, pero sobre todo “consciente y disciplinada”, porque gran parte de la población se quedó en casa o tomó las calles y rotondas pacíficamente. Al final del día, el Gobierno defendió la decisión de postergar el censo, hasta mediados de 2024.
Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), valoró la participación ciudadana en la movilización de ayer. La autoridad lamentó “la falta de voluntad política” del Gobierno para poder resolver la demanda de la región en una mesa de diálogo. Recordó que envió notas desde febrero para pedir reuniones con las autoridades del Órgano Ejecutivo, pero ellas no fueron respondidas hasta la fecha.
“El paro ha sido un éxito total en el sentido que la gente ha tomado conciencia, se quedó en su casa. Este hecho, el paro, es única y exclusiva responsabilidad del Gobierno”, dijo el rector de la Uagrm.
Cuéllar es el principal vocero del Comité Interinstitucional que fue creado para impulsar un censo “oportuno” y “transparente” en 2023. La autoridad académica, en la evaluación del paro, anunció que este jueves se reunirán las organizaciones para evaluar otras medidas “en caso de que el Gobierno no atienda la demanda” de adelantar la gran encuesta.
“Les pedimos que sigamos en emergencia, porque el Comité interinstitucional, impulsor del Censo de Población y Vivienda, se va a reunir el jueves para otras medidas, si el Ejecutivo no baja para, de una vez por todas, fijar una fecha del censo en 2023”, afirmó la autoridad académica, quien estuvo junto al gobernador, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, para evaluar la protesta departamental.
“Si en ese tiempo y hasta el día jueves, cuando nos volvamos a reunir, el gobierno no hada dado respuestas, las medidas se van a ir endureciendo”, advirtió Camacho. El gobernador dijo que recibió “muchas llamadas para que podamos coordinar las próximas medidas con otros departamentos”.
De este modo, la institucionalidad cruceña esperará los resultados de la reunión que sostenga el presidente Luis Arce con los alcaldes de las nueve capitales de departamento, además de El Alto. El burgomaestre cruceño, Jhonny Fernández, anticipó el domingo que en esa cita iba a pedir que el empadronamiento se adelante, para que con esos resultados se establezca un nuevo pacto fiscal y, así, una nueva reasignación de recursos para las regiones. Ayer estuvo alejado del Comité Interinstitucional, pero luego apareció para explicar su postura ante el paro.
“Lo que menos yo quiero es figurar y aparecer como si esto fuera un acto político; hay que tener mucho cuidado. Eso no significa que uno esté en desacuerdo. Yo estoy haciendo mis tareas, como debo hacerlas”, declaró el alcalde.
El presidente Luis Arce puso en vigencia el Decreto 4760 con el que establece la realización del censo para un día entre mayo y junio de 2024. La decisión fue asumida tras la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) que solicitó aplazar el censo. “Es muy peligroso llevarlo al 2024 porque ese será un año electoral. Vamos a terminar mezclando lo técnico con lo político”, remarcó el rector Vicente Cuellar, quien ratificó la propuesta de aplicar “técnicamente” la gran encuesta el 28 de junio de 2023.
La respuesta del Gobierno llegó poco después. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que en Santa Cruz hubo “un paro parcial” y desmereció la convocatoria del Comité Cívico. Aseguró que, de acuerdo con reportes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, el 90% de los gobiernos locales trabajo con normalidad.
La autoridad subrayó la decisión que asumió el CNA para postergar el censo y que fue la base del Decreto 4760. “El Consejo (Nacional de Autonomías) ya ha tomado una decisión; ya se ha pronunciado y han estado participando los gobernadores. Es bueno que se escuche lo que se avanzó, el trabajo que se tiene”, declaró la autoridad.
Fue más contundente el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, quien cerró cualquier posibilidad de ajustar la fecha de la gran encuesta. “El censo está para 2024, ya tiene un decreto, tiene un acuerdo con las gobernaciones y las alcaldías. El diálogo está abierto bajo ningún condicionamiento”, apuntó tras cuestionar el paro por las pérdidas que provocó, especialmente, en el sector informal.
“Siempre vamos a ser respetuosos de las decisiones que se toman de manera consensuada. En este caso, la decisión es (postergar el censo nacional) hasta el 2024 y eso es lo que tiene que cumplirse. Nosotros vamos a acatar eso”, apuntó por su lado el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Destacó la aprobación del Legislativo del presupuesto de $us 68 millones para la encuesta.
La jornada de protesta comenzó ruidosa con episodios de tensión en la ciudadela del Plan Tres Mil, a donde llegaron autoridades del Gobierno central para “garantizar” el derecho a la circulación y el trabajo. Los mercados populares de esa zona se mantuvieron abiertos, pero hubo pocos compradores.
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, estuvo muy activo ayer junto a los habitantes cruceños que se manifestaron contra el paro. La autoridad, a través de sus redes sociales, divulgó videos en la que varios activistas se movilizaron para levantar los bloqueos.
“A los ciudadanos, cruceños y cruceñas, es el momento de pedir que nos respeten todos nuestros derechos, caso contrario van a seguir violando todo lo que está escrito en la Constitución”, expresó.
El rector de la Uagrm le pidió que su tarea debería ser apoyar al diálogo y no dividir. “Venga ministro, conversemos sobre nuestras demandas, usted es un enviado del presidente, tiene mucho por hacer en favor de su Santa Cruz”, le solicitó las autoridad.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, también estuvo en Santa Cruz. Eligió al Plan Tres Mil como su centro de operaciones y aseguró que la Policía se movilizó para proteger los derechos de los ciudadanos que querían trabajar. Reportó 14 personas arrestadas y uno de ellos fue aprehendido por hacer detonar petardos. “Fueron arrestados principalmente por consumo de alcohol en vía pública, así como también por faltas y contravenciones”, señaló Ríos a los medios.
El presidente del Comité Cívico Provincial, José Ernesto Serrate, le dijo a EL DEBER, que más del 90% de los pueblos cruceños se encuentran paralizados con bloqueos y en otros se realizan marchas. El dato es diametralmente opuesto al que presentó en La Paz la viceministra de Comunicación
Pero Serrate detalló que los cortes de ruta se instalaron en diferentes puntos del departamento, como en la provincia Germán Busch, los municipios de Puerto Suárez, Quijarro y El Carmen Rivero Tórrez. En la provincia Chiquitos, más concretamente en Roboré, Chochís y San José hay puntos de bloqueo, mientras que en la provincia Velasco se acató el paro en los municipios de San Miguel, San Rafael y San Ignacio.
En la provincia Ángel Sandóval, dijo que hubo bloqueos en San Matías y Ascensión de la Frontera; mientras que la provincia Ñuflo de Chávez hubo en Concepción, San Javier, y Lomerío. En cuanto a la provincia Guarayos, indicó que los vecinos instalaron puntos de bloqueo en Ascensión. En la provincia Andrés Ibáñez, Cotoca, Paila y La Guardia, hubo actividad, pero con varios cortes de ruta. En Cordillera los bloqueos cerraron por varias horas los accesos a Camiri, Charagua, Lagunillas y Cuevo.
El panorama fue diferente en los Valles, puesto que solo hay un punto de bloqueo en Samaipata, y en el resto hubo movilizaciones esporádicas “En Vallegrande, parte de Comarapa y Mataral, más que bloqueos la costumbre que tienen es hacer marchas”, precisó.
Los municipios que no acatan el paro fueron San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní, señaló el reporte del dirigente. Agregó que hubo bloqueo en los municipios fronterizos con Brasil, pero sin alterar la actividad binacional.
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