Asesinato de Fernando Villavicencio fue un crimen político según Asamblea Nacional de Ecuador

La comisión especial de la Asamblea Nacional de Ecuador encargada de investigar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023 ha concluido que el crimen pudo haber estado motivado por razones políticas.

El informe final, aprobado con seis votos a favor y uno en contra el jueves indica que hay  un posible móvil político detrás del asesinato, con indicios de que existían organizaciones criminales respaldadas por funcionarios públicos, políticos y periodistas que buscaban acabar con la vida del candidato.

El riesgo de un atentado contra la vida de Villavicencio se estimaba en un alarmante 93 % al momento de su muerte el 9 de agosto de 2023, cuando fue asesinado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito.

El candidato, conocido por sus denuncias de corrupción que involucraban a diversos sectores gubernamentales, se había convertido en blanco de grupos ilegales debido a su labor de exposición.

El informe parlamentario identifica a figuras como Xavier Jordán y Ronny Aleaga, así como al periodista Anderson Boscán, como presuntos involucrados en una trama para desacreditar a Villavicencio. Además, se destaca la falta de protección adecuada por parte del dispositivo de seguridad policial del candidato en el momento del atentado.

Una jueza ecuatoriana ha decidido abrir juicio contra cinco de los seis acusados por la Fiscalía en relación con el asesinato, atribuyendo la autoría intelectual del crimen a Carlos Angulo (‘El Invisible’), líder de una facción de la banda criminal conocida como Los Lobos. Los involucrados en el caso, tanto los que enfrentan juicio como los fallecidos durante la investigación, revelan la complejidad y la gravedad del crimen que conmocionó a la sociedad ecuatoriana.

La Asamblea Nacional subrayó la necesidad de identificar y sancionar a todos los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, haciendo un llamado a la justicia para que se haga justicia y se evite la impunidad en este caso. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado se perfilan como desafíos cruciales para el país, como evidencia esta investigación parlamentaria.