Exigen informes sobre denuncias de negligencia médica en hospitales públicos

De acuerdo al proyecto aprobado, el Ministerio de la Defensa Pública y la Defensoría de la Niñez deberán informar sobre la muerte de una niña de 2 años ocurrida el 17 de febrero pasado, debido a una supuesta mala praxis de los médicos del hospital público de Minga guazú, Departamento de Alto Paraná.

Según la denuncia, el personal de Urgencias de dicho hospital, se habría negado a atender a la menor por carecer de cédula de identidad o certificado de nacimiento. La niña falleció, posteriormente, en el lugar sin ser atendida, según el documento.

El legislador proyectista, el diputado Rubén Rubín, también requirió a las citadas instituciones datos acerca de una niña de 6 meses que habría fallecido en el Hospital Municipal de Encarnación, el 6 de abril pasado, en circunstancias que apuntan a una posible negligencia médica.

También solicita informes a la Defensoría de Protección especializada de las Mujeres sobre una denuncia ciudadana y periodística, que habla de una mujer de 39 años, que ingresó al Hospital Regional de Ciudad del Este, el 23 de abril pasado, para la extracción de un quiste de ovario, pero que, supuestamente, terminó con los intestinos perforados.

En este mismo caso, la denuncia refiere que el 15 de mayo, los médicos tratantes no quisieron realizar una cirugía de urgencia por ser un día feriado. La paciente entró a cirugía recién el día 23 de mayo, pero la tardanza significó graves consecuencias para la salud de la mujer.

El proyectista también indaga sobre la supuesta omisión de auxilio, en el Hospital de Barrio Obrero, a una mujer de la tercera edad, quien llegó al lugar con una evidente fractura de miembro inferior. La denuncia asegura que no fue asistida, y que, además, no se gestionó la ambulancia del SEME para su traslado.

“Este incidente ha sido visto como un claro caso de negligencia y falta de humanidad en el tratamiento de los pacientes, como así también un presunto caso de omisión de auxilio”, indica la exposición de motivos.

Se establece un plazo de 15 días, para la remisión a la Honorable Cámara de Diputados, de los informes solicitados por mandato constitucional.

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