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En un significativo acto de protesta, las mujeres privadas de la libertad en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad para Mujeres de Bogotá, conocida como El Buen Pastor, iniciaron una huelga de hambre el pasado 29 de mayo. Las reclusas denunciaron deficiencias graves en el servicio de alimentación y problemas en las instalaciones sanitarias, lo que desató una ola de preocupación entre las autoridades y organizaciones de derechos humanos.
Las internas alegaron que los alimentos servidos eran de mala calidad y no cumplían con los estándares mínimos de nutrición, además de que las instalaciones sanitarias estaban en condiciones deplorables, poniendo en riesgo su salud y bienestar. Estas quejas no son nuevas, pero esta vez, la desesperación llevó a las reclusas a tomar una medida extrema para llamar la atención sobre su situación.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Justicia y del Derecho tomó medidas inmediatas para abordar las quejas de las reclusas. Un equipo especializado del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa se desplazó al centro penitenciario para iniciar una mesa de diálogo con representantes de las internas, autoridades penitenciarias, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital. El objetivo principal fue verificar las condiciones denunciadas y asegurar la implementación de los acuerdos pactados.
La huelga de hambre, que representó un llamado de atención sobre las condiciones en la reclusión, fue levantada en la mañana del 30 de mayo. Este desenlace fue posible gracias a que el operador encargado del servicio de alimentación, UT. Andino Colombiano, se comprometió a mejorar la calidad del suministro de alimentos. Entre las promesas adquiridas se incluyó la verificación rigurosa de la calidad y el gramaje de las materias primas al momento de su ingreso al establecimiento, con especial atención a las proteínas. Además, se acordó aumentar las visitas de supervisión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
La Personería Distrital, presente durante todo el proceso como garante de los acuerdos, se comprometió a realizar visitas periódicas para monitorear la óptima prestación del servicio de alimentación y el cumplimiento de los compromisos por parte del contratista. Este organismo también registró en el acta N° 362 de la Subdirección de Atención en Salud del Grupo de Alimentación del Inpec los detalles de lo ocurrido y los acuerdos alcanzados.
La intervención del Ministerio de Justicia busca no solo atender las demandas inmediatas de las mujeres privadas de la libertad sino también mejorar de manera sostenida las condiciones en El Buen Pastor. Este caso pone en evidencia las dificultades estructurales en los centros penitenciarios del país y la necesidad de un monitoreo constante para garantizar los derechos humanos de la población carcelaria.
Además de los problemas de alimentación, las instalaciones sanitarias en El Buen Pastor han sido objeto de críticas constantes. Las internas han reportado fallas en el suministro de agua, baños inoperables y condiciones de higiene insuficientes que incrementan el riesgo de enfermedades. Estos problemas estructurales requieren una intervención integral para mejorar las condiciones de vida de las reclusas y garantizar su dignidad y derechos.
El seguimiento a los acuerdos será crucial para evitar futuras crisis y asegurar que los compromisos se traduzcan en mejoras palpables para las internas. La comunidad y las organizaciones de derechos humanos seguirán atentas a las acciones de las autoridades para que se cumplan los compromisos adquiridos y se avance hacia una gestión penitenciaria más justa y humana.
Este episodio en El Buen Pastor resalta la necesidad de una reforma penitenciaria en Colombia, donde las condiciones de las cárceles frecuentemente no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. La sobrepoblación, la falta de recursos y la mala administración son problemas recurrentes que requieren atención urgente para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La respuesta del Ministerio de Justicia a la huelga de hambre en El Buen Pastor es un paso en la dirección correcta, pero el verdadero desafío radica en la implementación efectiva de los acuerdos y en la creación de un sistema penitenciario que respete y proteja los derechos de todas las personas privadas de libertad. Este caso servirá de prueba para medir el compromiso de las autoridades con la mejora de las condiciones carcelarias y la protección de los derechos humanos en el país.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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