Iceta, reforzado por Roma como comisario pontificio, anuncia sus medidas para las monjas de Belorado

Como arzobispo de Burgos, Mario Iceta ya tenía autoridad para abordar el caso de las “clarisas rebeldes” de Belorado, pero ahora su autoridad queda reforzada y ampliada al ser nombrado por la Santa Sede comisario pontificio “ad nutum Sanctae Sedis” de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

Iceta cuenta, pues, con “los derechos y deberes que el Derecho universal de la Iglesia y el Derecho propio del Instituto atribuyen al Superior Mayor y a su Consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil”.

En rueda de prensa en el obispado de Burgos, se ha difundido este cargo, a la vez que se recordaba que con fecha 29 de mayo de 2024 expira el nombramiento de Sor Isabel como abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado. Y este día era el acordado previamente con el delegado episcopal para la vida consagrada para la elección de la nueva abadesa.

El pasado 13 de mayo, Sor Isabel, asegurando hablar en nombre de toda su comunidad, anunció que las religiosas abandonaban formalmente la Iglesia Católica y se colocaban bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas, un hombre excomulgado que asegura ser obispo.

El arzobispo Iceta anuncia su cargo de comisario y su medida de crear una comisión sobre las monjas de Belorado; el tema interesa a toda la prensa nacional.

Para reencauzar la situación, Iceta, como comisario pontificio, ha anunciado este miércoles que crea una comisión gestora formada por:

– él mismo, como Comisario Pontificio;
– la Presidenta de la Federación (de clarisas) de Nuestra Señora de Aránzazu y su Secretaria Federal (que velarán por el cuidado de la comunidad);
– el Vicario Judicial de la diócesis (para los temas canónicos);
– el Director de Asuntos Jurídicos del arzobispado (para el ámbito civil);
– y la colaboración del Delegado episcopal de Vida Consagrada y los capellanes del monasterio.

Preocupación por los bienes

La diócesis y la comisión gestora pedirán la colaboración de un despacho profesional para administrar los monasterios y sus bienes y se encargará la realización de una auditoría y un inventario (esta semana se ha hablado del riesgo de que las religiosas rebeldes empiecen a vender obras de arte, bien para su sostenimiento, bien para enriquecer a su controvertido “obispo” Rojas).

En una nota, la diócesis advierte que “los monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas. Hay que hacer notar que, si se llegara a decretar la supresión de los Monasterios, por no poder cumplir lo establecido en la Instrucción sobre la vida contemplativa (denominada Cor Orans), todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos”.

La diócesis anuncia que en la tarde del martes se remitió un burofax a Sor Isabel “comunicándole la finalización de su mandato y el nombramiento del Comisario Pontificio, con efectos inmediatos”.

Prohibirán el acceso a Pablo de Rojas y sus colaboradores

El arzobispo y la gestora anuncian que prohibirán el acceso a estos monasterios y sus inmuebles a Pablo de Rojas, a su colaborador-portavoz José Ceacero “y a cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol” (nombre de la controvertida asociación que pretende controlar a las religiosas).

En una nota, la diócesis afirma que “las hermanas merecen el máximo respeto y consideración. Transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia católica”.

La nota detalla que “la renuncia expresa y pública de abandono de la Iglesia católica las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la comunión eclesial. Ello conlleva el inicio del procedimiento canónico correspondiente. La consecuencia prevista por el Derecho canónico, en caso de no deponer su decisión, concluiría con la declaración de excomunión latae sententiae, que lleva consigo la expulsión de la vida consagrada. Confiamos vivamente en que no sea necesario llegar a este extremo”.

“Es nuestra preocupación, asimismo, velar por el bienestar de las hermanas mayores. Tenemos constancia del cuidado esmerado que les ofrecen, aunque nos aflige que no estén recibiendo la atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han amado y profesado, y será una cuestión prioritaria que habrá que abordar”, añade el comunicado.

La diócesis ora por la situación, “para que las hermanas reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa. La Iglesia las espera con entrañas de misericordia”.

Todas estas medidas se han comunicado también al Nuncio, a las autoridades de Conferencia Episcopal y a los vecinos obispos de Vitoria y Bilbao.

Inquietud por las religiosas

El arzobispo, en la rueda de prensa, aclaró que en la tarea de “revertir” la situación “no tenemos prisa ni hay un timing establecido” y que lo que intentará es “actuar con prudencia y delicadeza“.

Añadió: “El interlocutor no tengo por qué ser yo o la madre federal, sino cualquier otro sacerdote”. Por ejemplo, dijo, el vicario diocesano para la vida consagrada tiene una “relación excelente” con las religiosas y puede ser un buen puente con ellas.

Sobre la situación psicológica de las monjas dijo: “No sé concretamente cuál es su estado ni puedo asegurar un estado cognitivo concreto de cada una de ellas”. Eso sí, insistió en que “el estado de las monjas es lo que más me ocupa y me preocupa”.

La superiora de la provincia clarisa, la Madre Javier, declaró que su relación con la abadesa era muy buena, que eran muy amigas y que no supo nada raro hasta hace poco, si bien la relación últimamente se había enfriado “de una manera un poco extraña”. Las clarisas nunca han vivido nada similar en su provincia.

También confirmaron que Sor María Amparo, la única religiosa que ha huído del convento rebelde, está ahora con las clarisas de Vitoria, “tranquila y bien” e “integrada”.