Se trata de CHEC Dredging Company Limited que hace los trabajos junto a la Administración Nacional de Puertos. La elección del gobierno uruguayo podría comprometer la seguridad de la región.
Una sorpresiva autorización se conoció en las últimas horas en Uruguay. Se trata de la aprobación para que una compañía marítima que responde al régimen chino drague el puerto de Montevideo, lo que podría comprometer la seguridad de la región en momentos en que Beijing intenta expandir su influencia en todo América Latina. Tal como informó el diario El Observador, dragas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) empezaron trabajos específicos junto a la compañía CHEC Dredging Company Limited para aumentar la profundidad de la base naval.
Luego de la autorización de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para la profundización de las aguas del puerto a 14 metros, la ANP y el Ministerio de Transporte (MTOP) comenzaron el análisis para determinar quién sería el encargado del desarrollo de las obras. Sorprendió cuando se otorgó a la empresa de capitales estatales chinos ese permiso basándose en un antiguo contrato.
Para que las tareas posteriores tuvieran mayor celeridad se evaluaron otras alternativas y allí las autoridades se encontraron con un acuerdo vigente -firmado el 20 de diciembre de 2019- a partir de una licitación que se había adjudicado el 20 de noviembre de 2018 al consorcio chino. El actual gobierno de Luis Lacalle Pou lo reactivó y autorizó la participación de CHEC Dredging Company Limited en los estratégicos trabajos.
El acuerdo incluye el dragado de mantenimiento y corrección del canal de acceso, el antepuerto, dársenas, canales interiores y zonas de navegación del puerto de la capital. Establece que esos trabajos podrían realizarse hasta en cinco etapas. Con ese compromiso asumido se definió no ejecutar la totalidad de la licitación y comenzar con el 20%, algo permitido en el contrato, según indicó el diario uruguayo.
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Juan Curbelo, presidente de la ANP, indicó que el objetivo de profundizar el canal de acceso al puerto de Montevideo lleva años. “Comenzamos con los 10 metros, luego pasamos a los 11. En 2022 logramos, con dragas propias, el objetivo de los 13 metros”, expresó. La apuesta ahora es llegar a los 14 metros que otorgará a Montevideo un diferencial sobre Buenos Aires gracias a la concesión a Beijing. “Ya hemos tenido un impacto positivo. Visualizamos que el puerto será, definitivamente, el puerto hub del Río de la Plata”, señaló.
Fuentes portuarias uruguayas se sorprendieron por la medida: “Es raro. Es un contrato de 2018. Los chinos hicieron un lobby muy fino para que Uruguay autorizara la ampliacion de ese contrato para usar eso y poder profundizar el puerto de Montevideo. Uruguay se movió rápido y en lugar de hacer una licitación nueva, como hubiera correspondido para estas tareas, usaron ese papel de hace seis años, para dejar a los chinos meterse”, dijo uno de los grandes jugadores a Infobae en extricto off the record.
China en América Latina
La expansión de China y su obsesión por los puertos de la región no son nuevos. A su intento de instalarse en Tierra del Fuego, Argentina, como puerta de entrada a la Antártida sumó ahora el puerto de Montevideo entre sus principales objetivos. El gobierno uruguayo fue generoso y buscó un viejo contrato celebrado por la anterior administración de Tabaré Vázquez para otorgar la draga al régimen.
Pero no es el único puerto regional en el que Beijing ya controla movimientos. En Perú, sobre el Océano Pacífico, ya controla el Megapuerto de Chancay. Un supuesto “error administrativo” del gobierno peruano otorgó el control absoluto de esta base naval que se convirtió en la puerta de ingreso de Asia en América Latina.
“El gobierno peruano asumió que el gigante naviero chino simplemente utilizaría el puerto del que será propietario mayoritario y no tendría derechos exclusivos sobre él. Pero durante las negociaciones, Cosco de alguna manera obtuvo precisamente estos derechos. Ahora la APN intenta rescindir la exclusividad, alegando que cometió un error”, dice un estudio escrito por la analista Elisabeth Braw para Atlantic Council.
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