El Parlamento, dominado por el orteguismo, es parte de la estrategia para silenciar a la sociedad civil.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la cancelación de otras 100 ONG por «incumplir» sus obligaciones en virtud de la legislación nacional en el marco de una campaña represiva del Gobierno de Daniel Ortega.
La Asamblea aprobó una ley en abril que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.
La Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación, en quien recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos.
En concreto, el decreto de cancelación, aprobado por 75 votos a favor, 16 abstenciones y cero votos en contra, fue presentado por el diputado Filiberto Rodríguez el pasado 6 de julio, tal y como ha recogido el portal de noticias Artículo 66.
El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del Gobierno de Daniel Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.
Por otro lado, el Gobierno de Nicaragua ha destituido a Duilio José Hernández como embajador de Costa Rica tras estar tres años en el cargo y ha nombrado, en su lugar a Valdrack Jaentschke, ministro consejero en el país.
«Dejar sin efecto el nombramiento del compañero Duilio José Hernández Avilés en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Costa Rica», ha publicado el diario oficial ‘La Gaceta’.
Según recogen distintos medios nicaragüenses, Hernández Avilés presentó su renuncia el pasado 7 de julio, aunque se desconocen sus razones. De hecho, el Ejecutivo ya había intentado forzar la retirada de Hernández en 2019 para enviarlo a Turquía, tal y como ha recogido el diario ‘La Prensa’.
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