Brasil, país líder en América Latina para proyectos público-privados

Brasil es el país de América Latina con más capacidad para movilizar inversión a través de Asociaciones Público-Privadas (APP), según el estudio Infrascopio 2021/2022, presentado este miércoles y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con 76,3 puntos sobre 100, el país lidera la lista de los mejor posicionados, seguido de Chile (75,3), Uruguay (66,8), Colombia (66,4), Perú (63,4), Panamá (61,1) y Costa Rica (60,7).

El índice Infrascopio es una herramienta de evaluación comparativa que mide la capacidad de los países para implementar asociaciones público-privadas (APP) en sectores clave de infraestructura, principalmente transporte, energía, agua y saneamiento o gestión de los residuos sólidos. 

Su objetivo es identificar los desafíos para la participación del sector privado en la infraestructura para que, una vez solventados, respalden el desarrollo.

Las APP son acuerdos en virtud de los cuales el sector privado suministra parte de los servicios que son responsabilidad del sector público bajo objetivos compartidos.

Los países de América Latina y el Caribe han dado pasos significativos en la creación de entornos propicios para las APP pero “deben centrarse en mejorar la preparación de proyectos, el financiamiento y la gestión de riesgos”, concluye el estudio.

“Las Asociaciones Público-Privadas representan una gran oportunidad para expandir mercados, generar empleos, contribuir a la recuperación económica y el crecimiento de la región”, declaró durante la presentación el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, citado en un comunicado.

Los mejores alumnos de esta edición han sido Brasil y Chile.

En Brasil la energía representa aproximadamente el 77% del valor de inversión total en proyectos de APP de infraestructura.

El gobierno brasileño amplió la licitación y comenzó a publicar documentos en inglés y portugués para aumentar la transparencia con los inversores extranjeros, afirma el estudio

Además desde 2009 existe una preferencia por seleccionar proyectos que ahorren más energía, agua y otros recursos naturales, así como que reduzcan la producción de residuos sólidos y las emisiones de gases de efecto invernadero, añade.

En el caso de Chile, antes de la pandemia de covid-19, “el malestar social obstaculizó el fuerte respaldo político y popular a las APP”, en particular para las carreteras de peaje, y el gobierno se centró en la infraestructura hospitalaria en su plan de 2018-22, sostiene el informe.

Pero la necesidad de impulsar la economía después de la pandemia y la crisis económica llevó al gobierno a lanzar un plan de infraestructura centrado en las concesiones viales, explica.

El principal desafío para las APP en el país “proviene del entorno político” dado que algunos inversores temen que la nueva Constitución, aún sin aprobar, incluya disposiciones que “podrían obstaculizar de alguna manera el entorno comercial tradicionalmente muy atractivo del país”.