Política y reparaciones

Se ha dicho que la política es una actividad noble y a la vez pérfida. Noble en cuanto supone el sacrificio personal de una entrega en busca del bienestar colectivo, cuyo ejercicio pleno obliga a resignarse al abandono de una gran parte de la vida privada, la atención familiar y la inclinación por otros quehaceres o solicitudes propios del ciudadano común.

Se dice que es pérfida en el sentido de que supone la ausencia de restricciones para la búsqueda del poder, como presentar los hechos como dogmas o proposiciones rigurosamente ciertas cuando en realidad son interpretaciones de alcance impreciso y de significado equívoco.

El filósofo francés Raymond Aron, en su introducción al conocido libro de Max Weber El político y el científico, agrega que a esa ausencia de restricciones se suma al derecho a desencantar, o sea decepcionar, lo que reconoce que es, en parte, inevitable y que vulgarmente se asume al admitir que la convocatoria solicitando el apoyo electoral se hace en poesía y luego se gobierna en prosa. Pero a no alarmarse, ocurre en todas partes. Maurice Duverger, que fue catedrático de Ciencia Política en la Sorbona, enseña en su sociología que la simulación es uno de los elementos constantes de las campañas electorales y su utilización se considera común.

Siguiendo con Max Weber, decía que entrar en política es participar en conflictos en los que se lucha por el poder, que es un fenómeno de relación por el cual unos mandan y otros obedecen. Esto es, una relación de dominación de hombres sobre hombres que se sostiene por medio de la violencia legítima, que ejerce el Estado en forma excluyente y exclusiva.

Según su clásica afirmación, hay quienes viven para la política y quienes viven de la política. La oposición no es en absoluto excluyente, por el contrario, se hacen las mismas cosas y se reciben los mismos beneficios: la retribución material y el honor social.

Pero siempre la política aspirará al poder, o a influir en la distribución del poder como actividad directriz que permite decidir entre las distintas opciones para la consecución de los fines acordes con la ideología que se profese. Pues el Estado moderno es una asociación de dominación con carácter institucional, que ha logrado con éxito monopolizar dentro del territorio la violencia legítima que puede imponer al disponer de todos los medios materiales.

Por su parte, los ciudadanos acatan esa autoridad como legítima, con base en su legalidad, por su creencia en la validez de los preceptos legales, como una real y eficaz representación colectiva. Los revolucionarios son, en cambio, los verdaderos técnicos de la subversión.

Ahora bien, conferidos los poderes para el ejercicio del gobierno, este debe transitar por los carriles constitucionales, como regla inalienable del sistema democrático que inviste el Estado de Derecho. Pero es dable observar lo que ha ocurrido en los quince años de gobierno frenteamplista, y ver cómo se puede socavar la institucionalidad democrática sin que se precise dar un golpe de Estado.

Ha sido fácil advertir que, en los casos en que el Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria, hubo aprobación de leyes inconstitucionales, de leyes mentirosas que violentan la verdad histórica y una sobreabundancia de leyes reparadoras, en una interminable voluntad de aumentar esas retribuciones.

Así tenemos, como ejemplos claros de leyes inconstitucionales, la Ley 18.331, que por una simple mayoría derogó la Ley de Caducidad, que fue ratificada por dos consultas populares que la aprobaron y mantuvieron como una norma especial al recibir el voto directo del pueblo, que es depositario de la soberanía; y la Ley 19.334 que disfrazó como servicio descentralizado a la Fiscalía de Corte, a pesar de que la naturaleza jurídica de ese instituto constitucional, es privativo para el quehacer industrial o comercial del Estado.

Como leyes reparatorias enumeramos: 15.737, 15.783, 16.012, 16.104, 16.440, 16.561, 17.061, 17.449, 17.620, 17.917, 17.949, 18.026, 18.033, 18.420 y 18.596.

Como ley mentirosa por vulnerar la verdad histórica la Ley 18.596, que hizo extensivas las reparaciones desde el 13 de junio de 1968, pleno gobierno democrático de Pacheco Areco, que hasta el general Seregni reconoció, quien sin salirse nunca del marco constitucional se retiró del gobierno el mismo día en que terminaba su mandato, acompañado con el voto del medio millón de voluntades y triplicando los sufragios frentistas que votaron con el lema de Democracia Cristiana.

Fue un ardid grosero, pero provechoso para llevarse millones y millones desde aquella fecha aumentando y extendiendo las reparaciones que paga rigurosamente Juan Pueblo, sin respeto al bolsillo del sufrido contribuyente.

Una ley no puede ser solo la voluntad de una mayoría, siempre ocasional y pasajera, sino que su contenido debe ser coincidente con el derecho, la moral, las buenas costumbres, el sentido e interés comunes y nunca puede ser una negación de la realidad de los hechos, una tergiversación de la historia.