El Gobierno brasileño asentará a 295 mil familias hasta 2026

El gobierno federal anunció el lunes (15) una nueva estrategia de asignación de tierras a la reforma agraria en el país. El programa Terra da Gente, reglamentado por un decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, sistematiza alternativas legales para la obtención de tierras para la reforma agraria, además de las formas tradicionales como la expropiación de áreas improductivas y la regularización de tierras públicas.

Entre las novedades está la adjudicación (transferencia de propiedad) de tierras pertenecientes a grandes deudores federales y la posibilidad de negociar con bancos, empresas públicas y gobiernos estaduales la transferencia de propiedades rurales a cambio de quitas de deuda o canjes (reunión de cuentas).

“Es una nueva forma de abordar un viejo problema. Le pedí al ministro Paulo Teixeira que hiciera un estudio, con la ayuda de los gobernadores, de las secretarías que cuidan de la tierra en cada estado, con personal del Incra en los estados, para que pudiéramos tener una idea de toda la tierra que podría estar disponible para asentamientos en este país”, dijo el presidente Lula, durante el acto de anuncio del programa. Según él, la idea es acelerar la reforma agraria por medios no conflictivos.

“Esto no invalida la continuidad de la lucha por la reforma agraria, pero lo que queremos hacer, a los ojos de Brasil, es lo que podemos sin demasiada lucha. Sin pedir a nadie que deje de luchar”, añadió el presidente, quien recordó la historia de la concentración de tierras en Brasil desde el período colonial.

Según datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), 89 mil propiedades rurales en Brasil tienen más de 1.000 hectáreas y ocupan el 60,63% del territorio rural del país. Por otro lado, 2,5 millones de propiedades de hasta diez hectáreas ocupan el 1,5% del territorio rural, mientras que 5 millones de propiedades rurales de hasta 50 hectáreas representan una superficie del 9% del territorio rural nacional.

Objetivos del programa

La meta anunciada, entre 2023 y 2026, es incorporar al Programa Nacional de Reforma Agraria a por lo menos 295 mil nuevas familias, incluyendo todas las formas existentes de obtención de tierras.

“Este es un piso, un mínimo. Nuestra dinámica de recaudación está abierta. Vamos a recibir de los estados, tierras de grandes deudores, del presupuesto público, y eso puede ampliar las metas”, dijo el ministro de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

Según el gobierno, 73,2 mil familias serán asentadas este año, 81 mil el próximo y 90,5 mil en 2026, último año de la actual administración. Estas cifras se suman a las 50,9 mil familias incluidas en la reforma agraria el año pasado. Del total asentado en 2023, casi la mitad (24,7 mil) fueron familias que recibieron parcelas vacías de asentamientos existentes.

El Incra también incluye en el programa a las familias asentadas en áreas creadas por agencias estatales de tierras y a las que viven en unidades de conservación mantenidas por el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que el año pasado ascendieron a 15,1 mil. La creación de nuevos asentamientos y la titulación de áreas quilombolas totalizaron 10,9 mil en 2023. La marca, según el gobierno, es 60% superior a la registrada entre 2017 y 2022, durante los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro.

Expropiación y compra

Para la adjudicación de tierras por expropiación o compra directa, el Incra tiene un presupuesto de R$ 520 millones en 2024, de los cuales R$ 383 millones son para los trabajadores sin tierra y otros R$ 137 millones para la titulación de tierras quilombolas. El foco de estos recursos, según el presidente del Incra, César Aldrighi, será obtener áreas en conflicto.

“Se han identificado los conflictos más agudos y hay interés de los propietarios en vender las áreas. Los R$ 520 millones están siendo utilizados, y ya hemos gastado buena parte reservando estas áreas. Hay que decir que en el pasado no teníamos nada para la obtención de tierras, por lo que R$ 520 millones es algo significativo”, dijo.

Desde el año pasado, el Incra ha creado 37 nuevos asentamientos para 1.400 familias. Se trata de procesos que habían sido paralizados por administraciones anteriores y que han sido retomados. La autoridad de tierras también reanudó, en 2023, el registro de familias acampadas en situación de vulnerabilidad social, que se había interrumpido durante el gobierno anterior. Según estimaciones del Movimiento de los Sin Tierra (MST), hay unas 100 mil familias acampadas en los márgenes de las carreteras y en zonas ocupadas que aún no han sido destinadas a la reforma agraria. Desde 2017, según el Gobierno, ha habido 780 conflictos por la tierra en el país.

En cuanto a las áreas propiedad de empresas públicas y bancos, el Incra ha firmado acuerdos de confidencialidad con instituciones financieras para analizar las tierras rurales en stock y verificar la posibilidad de adquirirlas mediante compra o en forma de condonación de deuda con el Gobierno Federal.

Repercusión

Los representantes de los movimientos populares de lucha por la tierra presentes en el Palacio de Planalto destacaron la importancia de la resolución de los conflictos agrarios en el país, lo que sólo puede ocurrir con el reparto de tierras.

“La paz en el campo tiene un nombre: reforma agraria”, afirmó Ceres Hadich, de la dirección nacional del MST, quien calificó el anuncio del programa como una retomada de esa política pública, pero que necesita tener un presupuesto garantizado. “Más que un buen programa y planificación, es fundamental que tengamos presupuesto, estructuras estatales y funcionarios fortalecidos, valorados y motivados para llevar a cabo esta gran misión de fortalecimiento de la democracia”. El anuncio de la reanudación masiva de la creación de proyectos de asentamientos en Brasil en este momento está en consonancia con las dos principales prioridades del gobierno de Lula y el cumplimiento de la función social de la tierra, que son la lucha contra el hambre y el cuidado del medio ambiente”, añadió.

Los movimientos sociales también reclamaron más infraestructuras para las comunidades rurales, como el acceso al agua, la educación y la sanidad, así como incentivos para la producción sostenible.

“No se puede decir que el acceso a la tierra es suficiente. Tenemos que ir más allá si queremos luchar contra el hambre. Tenemos que promover masivamente la transición a la agroecología, descarbonizando los sistemas alimentarios”, dijo Anderson Gomes, del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA).