En las últimas horas, se ha desvelado un capítulo oscuro de la historia colombiana, una narrativa que vincula a altos funcionarios, militares y políticos de la década de 1970 con el infame mundo del narcotráfico. Documentos anteriormente clasificados han salido a la luz, arrojando luz sobre una época turbulenta en la que el poder político y el tráfico de drogas parecían estar entrelazados en los más altos niveles del gobierno colombiano.
Este sombrío episodio tiene sus raíces en los esfuerzos del presidente estadounidense “Jimmy” Carter por influir en la lucha contra el narcotráfico durante el mandato de Alfonso López Michelsen. En la “lista negra” del presidente Carter se encuentran registrados más de treinta funcionarios colombianos, entre ellos destacan figuras prominentes como el exministro de Defensa, el General Abraham Varón Valencia; el exministro de Trabajo, Óscar Montoya, y el coronel Humberto Cardona Orozco, quien ostentaba el cargo de jefe de INDUMIL.
Los documentos que conforman esta “lista negra” son en su mayoría informes de inteligencia desclasificados por el Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Estos archivos revelan acusaciones de corrupción y nexos con el narcotráfico que alcanzan hasta los círculos más altos del poder en Colombia.
Uno de los nombres más controvertidos en estos documentos es el del expresidente Julio César Turbay, quien durante su candidatura presidencial en 1978 se vio envuelto en acusaciones de vínculos con mafiosos. Se menciona que a través de su sobrino, Aníbal Turbay Bernal, Turbay habría establecido relaciones con elementos del crimen organizado que tenían influencia sobre las fuerzas del orden en Colombia.
Pero la sombra del narcotráfico no se limita solo a los políticos en ejercicio. Incluso familiares de prominentes figuras políticas como Alfonso López Michelsen están implicados en estos documentos. Un memorando del Departamento de Estado señala las “posibles actividades de narcotráfico” de Alfonso López Caballero, hijo del presidente López Michelsen, quien en ese momento se desempeñaba en las Naciones Unidas en Nueva York.
Además, se revela la utilización de recursos estatales para facilitar el narcotráfico. Uno de los casos más impactantes es el del emblemático Buque Gloria, que se utilizó para transportar cocaína a Miami y Nueva York. Se descubrió que un oficial de la Armada, Alfredo Gómez, hermano del segundo al mando del Gloria, estaba involucrado en esta operación ilícita, lo que pone de relieve la profundidad de la corrupción que permeaba incluso las instituciones militares del país.
Estas revelaciones no solo sacuden los cimientos de la historia política colombiana, sino que también plantean interrogantes sobre la complicidad y la connivencia que permitieron que el narcotráfico se enraizara en las más altas esferas del poder. El legado de este oscuro capítulo sigue resonando en la Colombia contemporánea, recordándonos la importancia de enfrentar la corrupción y la criminalidad con determinación y transparencia.