Una purga interna para limpiar las filas de la Policía, una auditoría mixta de la institución, además de la despolitización del verde olivo, son parte de los retos urgentes para el séptimo intento de reforma policial en Bolivia. Entendidos en el tema señalan que a estas medidas inmediatas le deben seguir cambios estructurales.
“La reforma institucional de la Policía Boliviana comenzó hace varios meses, con la aprobación de la Ley de Carrera de Generales y Ascensos. Continuará con el paquete de leyes anunciado por el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo)”, sostuvo el presidente Luis Arce durante el acto de conmemoración por los 196 años de creación de la Policía Boliviana.
Desde 1999, cuando el entonces presidente Hugo Banzer anunció una transformación de la Policía, a raíz de una lista de 172 oficiales acusados de corrupción y bajo rendimiento académico, se han anunciado al menos seis reformas. La reciente instrucción del Presidente de una transformación policial es la séptima.
Mientras que esta última impulsa una línea de acción normativa, en las anteriores hubo cambios sectoriales, como el relevo de los comandos, el cierre de la Policía Técnica Judicial para la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la descentralización y fortalecimiento técnico para la implementación de la Policía comunitaria.
El exministro de Gobierno Carlos Romero señaló que hay un problema estructural recurrente que aún no fue solucionado porque no se le puso el énfasis necesario: la corrupción. Dijo que hay un estudio que identifica este elemento en varias policías de la región, pero que en el caso de Bolivia, además de la corrupción, se sospecha que algunos uniformados están ligados a organizaciones criminales.
Diagnóstico y auditoría
El coronel del servicio pasivo y analista de seguridad y defensa Jorge Santiestevan coincide con Romero en que para iniciar la reforma es necesario un diagnóstico integral de la Policía.
“Inicialmente hay que establecer elementos generales. Esto se debe hacer con un diagnóstico y con base en ello generar propuestas”, dijo Romero.
Para Santiestevan esta valoración debe realizarse a partir de una auditoría en todos los niveles de la Policía. “Debe ser mixta, porque si es solo interna van a seguir socapándose. En ese proceso deben participar la Contraloría, la Comisión de Policía y Fuerzas Armadas del Legislativo y una comisión de la propia institución. Es necesario identificar el mal para erradicarlo, si no se extirpa de raíz seguirá contaminando”.
Aunque Santiestevan afirma que nunca se realizó una fiscalización de este tipo, sí hubo un diagnóstico, realizado con apoyo de la ONU, entre 2015 y 2016.
“Muchos de los temas generales, como la necesidad de fortalecer la infraestructura, la formación de los recursos humanos o la descentralización de la Policía fueron advertidos en ese diagnóstico. Se avanzó mucho, pero aún quedan temas pendientes”, dijo el exministro Romero.
Una purga interna
Santiestevan insistió en que, para salir del problema actual es necesario cernir las filas del verde olivo. Dijo que debe haber un cambio a todo nivel.
“Al margen de que ya se relevó al comandante, debe haber un relevo desde los niveles más altos hasta los más bajos. Es decir, en todo el Estado Mayor de la Policía, en los comandos departamentales y en las direcciones nacionales y regionales, porque todas están funcionando mal”, argumentó el coronel.
Indicó que esto se debe a que la injerencia política en el verde olivo causó una desinstitucionalización. Por ello ve que la tarea inmediata para el nuevo comandante, Orlando Ponce, es “cernir” la institución.
“No va a servir de nada que se cambie al comandante si la estructura permanece. Las denuncias de vínculos con el narcotráfico, con organizaciones criminales, con el contrabando y otros son muestra de que debe haber un cambio urgente”, afirmó Santiestevan.
Despolitización
Además de la limitación en el número de personal, en el equipamiento y en la formación de la institución, para Santiestevan hay un escollo mayor: la injerencia política.
“Cuando en los cargos más importantes se pone a personas elegidas por intereses políticos, se tiene todo un comando subordinado a consignas y a una serie de prebendas. Ninguna reestructuración va a dar resultado si la injerencia se mantiene. La solución es la reorganización profesional interna, la renuncia de la política para que prime la carrera policial”, apuntó.
Romero observa que este “manoseo político” durante los últimos dos años es el origen de la situación crítica en la que se encuentra la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
“Se ha debilitado la lucha contra el narcotráfico, ahora hay protección. Pero sería injusto descargar la responsabilidad solo en la Policía. Hay indicios que dan cuenta de un manoseo proveniente de lo político. Eso derivó en el debilitamiento de la especialidad técnica, en la reorganización de clanes y en su penetración en algunos niveles institucionales de la Policía y que muy probablemente trasciende fuera de ella”, sostuvo.
Qué pasa con el paquete de leyes que apoya el Ejecutivo
De las tres normas anunciadas por el Gobierno central, la que más reacciones despierta es la del nuevo Régimen Disciplinario de la Policía. La norma, que es alentada desde el año pasado, aún no ha sido remitida al Legislativo.
“La modificación del Régimen Disciplinario 101 es un tema pendiente desde hace tiempo. Pese a que se trabajó mucho y fue objeto de importantes consensos con los representantes de los policías, el tema quedó interrumpido. Su cambio es necesario porque es discrecional y en muchos casos persecutorio”, explicó el exministro de Gobierno Carlos Romero.
Sobre la primera ley de este paquete, que ya está en vigencia, manifestó que debe ser abrogada. Argumentó que ésta generó contradicciones al interior de la Policía.
La norma a la que hace referencia es la Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía, aprobada el año pasado en la Asamblea Legislativa con la mayoría del partido oficialista.
La oposición rechazó esta ley por considerar que resta atribuciones al comandante general de la Policía, desplaza a los coroneles de los comandos departamentales y establece que para ser comandante del verde olivo se requiere ostentar el grado de “general superior”, que debe ser otorgado por el Presidente. Además por incluir al ministro de Gobierno en el Alto Mando Policial.
“Esta ley debe ser abrogada. La norma amplió el tiempo de gestión de una promoción en desmedro de las que vienen cumpliendo la carrera. Obviamente eso ha generado muchas contradicciones al interior de la Policía”, acotó Romero.
Añadió que con la ley se traspasó la frontera entre el mando civil y la responsabilidad operativa, creando una distorsión.
“El mando civil regula, a través de políticas públicas, los temas de orden público y de seguridad ciudadana. Mientras que la responsabilidad operativa es técnica, profesional y le corresponde a la Policía. Esta ley traspasó esa frontera”, afirmó.
hoybolivia.com
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