El Gobierno apunta a acelerar las tratativas sobre la nueva versión de la Ley Bases. Eso requiere un acuerdo de alivio fiscal con los gobernadores. Juega en contra el corte de fondos a trece provincias para cajas de jubilaciones. También, la incertidumbre sobre obras públicas.
El Gobierno encaró el mega fin de semana con dos señales vinculadas al pacto político que, como otras veces, resultaron contradictorias. Difundió la intención de acelerar las tratativas con bloques opositores y también con jefes provinciales para coronar la versión recortada de la Ley Bases y un acuerdo fiscal en la segunda quincena de abril. Después y sin siquiera aviso previo, según fuentes vinculadas a gobernadores “dialoguistas”, resolvió cortar por decreto la transferencia de fondos para cajas jubilatorias a trece provincias. Resultado: vuelven a sobrevolar los fantasmas sobre la voluntad de cerrar un pacto político.
El modo en que naufragó la primera entrega de la Ley Ómnibus y la reacción posterior de Javier Milei alimentaron la idea -forzada por el discurso oficialista aunque a contramano de las horas de negociaciones gastadas en Diputados y por vías reservadas- de una jugada con único objetivo: mostrarse como expresión excluyente de cambio y exponer al resto completo de la política como la “casta” que bloquea el camino para salir de la crisis.
El Gobierno dio después señales de reconsiderar su escalada. ¿Es parte del juego por momentos vertiginoso para desarrollar una estrategia que le permita ganar tiempo? ¿O supone el reconocimiento del efecto negativo causado por una gestión nueva que no termina de hacer pie políticamente? Pesa sin dudas el objetivo de llegar a un segundo semestre imaginado como etapa de alivio económico y, también, la señal al frente externo sobre la combinación de internas en el poder, problemas para avanzar con leyes y sostener su DNU inicial, judicialización creciente de sus medidas y falta de acuerdos básicos.
El caso de los recortes a las provincias es especialmente llamativo y acaba de agregar una decisión que, de mínima, sorprende porque era un tema en conversación y porque afecta a un conjunto de distritos de variado color político. Visto así, constituye un mensaje a jefes provinciales de la oposición dura y a los que se vienen sentando en la mesa de negociación.
De las 13 provincias afectadas por el decreto que elimina el envío de fondos para jubilaciones, 5 mantienen la marca de JxC (Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Chubut y Corrientes), 4 están alineadas con el peronismo/kirchnerismo (Buenos Aires, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego), 3 están en manos de espacios locales (Misiones, Neuquén y Santa Cruz) y la restante es territorio del PJ no K (Córdoba).
El malestar, al menos como primera reacción -en algunos casos pública y en muchos, de manera más reservada-, está relacionado precisamente con el estado de las negociaciones entre las provincias y el gobierno nacional. Según explican fuentes al tanto de esas conversaciones, se venía hablando de sumar el tema al acuerdo fiscal que debería acompañar la Ley Bases. Y, desde el inicio, había quedado planteada la conveniencia de una auditoría para determinar la situación real provincia por provincia.
Lo que está en discusión, de hecho, no es sólo el sistema de sostenimiento de las cajas de jubilación en esos trece distritos, sino además una deuda heredada de la etapa de Alberto Fernández. El problema no es nuevo en ningún sentido. No pudo ser saldado de fondo con Cristina Fernández de Kirchner, se puso en marcha un mecanismo de compensación a cargo de la ANSES en la gestión de Mauricio Macri y añadió cuentas pendientes en el anterior gobierno.
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En estas horas, hay intercambio de opiniones entre los más afectados. Por lo pronto, asoma como un punto de tensión para la cita que, si no hay cambio de planes, reunirá el jueves próximo a los gobernadores que conservan la marca de JxC y a sus interlocutores habituales: Guillermo Francos, Nicolás Posse y algún funcionario de Economía.
El impacto en ese conjunto de distritos es de hecho disímil. Afecta los ingresos de las cinco provincias referidas, pero no es indiferente para el resto (CABA, Mendoza, Jujuy, San Juan y San Luis) porque tienen reclamos propios. Lo vienen exhibiendo encuentros regionales -Patagónicos y Norte Grande- y contactos individuales, como el que mantuvo Jorge Macri y el ministro del Interior. En todos los casos, la cuestión de fondo es cuánto se acercan o se alejan de un entendimiento de “alivio” fiscal, que ya viene complicado en puntos decisivos como la modificación de Ganancias.
En principio, Santa Fe anticipó una de las posibles derivaciones de este nuevo recorte. Funcionarios de la gestión de Maximiliano Pullaro anticiparon la posibilidad de un reclamo judicial. No sería una novedad absoluta: otras podas de fondos a las provincias ya motorizaron planteos similares, con destino final en la Corte Suprema. Y ese es un tema en sí mismo: es sabido el disgusto frente a la suma de temas que llegan al máximo escalón judicial por falta de solución política.
El ministro del Interior tiene registro de la extensión de los reclamos sobre el recorte de transferencias. En su reciente encuentro con gobernadores del Norte Grande fueron expuestos dos rubros sensibles para las provincias de todo el país: los fondos para docentes y la parálisis de la obra pública. Francos estuvo acompañado por funcionarios de la jefatura de Gabinete y de otras áreas. El clima fue bueno y las demandas, claras.
En el balance de los diez mandatarios del NOA y del NEA ocupó un renglón destacado una señal sobre obras públicas: la posibilidad de retomar proyectos ya avanzados, algunos de ellos con aporte de financiamiento externo. De todos modos, hubo cautela.
Casi en simultáneo, Milei expuso ante un foro empresarial. Los títulos fueron copados por las afirmaciones del Presidente sobre el número de despidos de empleados en la administración pública nacional. Pero no pasó inadvertida la ratificación enfática del rechazo a la obra pública como tal, es decir, no sólo por cuestiones de ajuste sino como concepción de fondo.
En ese contexto y según los planes difundidos desde el Gobierno, los proyectos deberían llegar con acuerdo ya cerrado a Diputados, para encarar un trámite veloz, a partir de la tercera semana de abril. Resulta a la vista que el proyecto de Ley Base y el acuerdo fiscal con las provincias van de la mano. Las negociaciones son segmentadas y, a la vez, dependientes una de otra. Lo saben todos los jugadores.
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