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Sáb. Nov 23rd, 2024
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El presidente Luis Arce Catacora instruyó investigar los presuntos vínculos de la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el narcotráfico, según la información ofrecida por el ministro de Justicia Iván Lima, en entrevista con Unitel.

La orden nace a raíz de una denuncia que salió desde el masismo. Fue el diputado Rolando Cuéllar quien puso la denuncia sobre la mesa, al exhibir una carta firmada por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien  agradece los “generosos aportes”  a la campaña electoral por  Miguel Ángel Salazar, una persona vinculada con el narcotráfico.

Miguel Ángel Salazar es el nombre falso que utilizaba el narcotraficante argentino José Miguel Farfán, quien en 2019 fue extraditado a su país después de ser capturado en la capital cruceña, donde se hacía pasar por un acaudalado empresario ligado al agro y a los bienes raíces.

Iván Lima explicó que el Viceministerio de Transparencia tomó parte del caso y abrió una investigación por los presuntos nexos del partido azul con el crimen organizado.

El ministro apuntó que la investigación de este caso no es una competencia exclusiva del Gobierno, sino que también debe ser tratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Es justamente ante el TSE que se formalizó una denuncia, lanzada por parlamentarios de Comunidad Ciudadana en demanda de claridad sobre el origen de los fondos que utiliza el masismo para impulsar a su agrupación política. También pidieron que se cancele la personería jurídica del MAS

Según la norma, una de las causales para cancelar la personalidad jurídica de un partido es vulnerar las restricciones referidas al financiamiento. Además, indica que una organización política no puede recibir aportes financieros de origen ilícito.

“Se pide al TSE que dé una respuesta pronta y oportuna a la ciudadanía, donde se haga una investigación que devenga en la cancelación de la personería jurídica del MAS, ya que la ley dice que no se puede obtener financiamiento para campaña gracias recursos ilícitos”, remarcó la diputada Luisa Nayar.

El Deber


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