El abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz planteó este domingo sacar a la Policía Boliviana del monopolio de la lucha al narcotráfico e incorporar al Ejercito para lo cual sugirió una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
Considera que, al ser dos instituciones antagónicas, será más difícil para el narcotráfico corromper, comprar y pagar impunidad porque a esa organización criminal hay que atacarlo con la misma o más fuerza que sólo tiene el Ejército.
El analista cruceño sostuvo que la muerte de tres policías en el municipio Porongo significó un aplazo total y absoluto para el Ministerio Público porque hasta ahora no se conocen si utilizaron las herramientas de una investigación adecuada, como ser la entrega vigilada, agente encubierto, colaborador eficaz o compensación económica para hacerle seguimiento a los narcotraficantes.
Ruiz sostiene que, viendo la magnitud de los hechos de Porongo, hay que cortarle al narcotráfico fuentes de monetización inmediata para que este no pueda corromper autoridades del Ministerio Público, jueces, policiales y políticos.
Ve extraño que hasta ahora no se haya procedido a la inmediata incautación de bienes, que no se hubiera realizado un rastrillaje de llamadas, que la UIF no investigue hasta el cuatro grado de manera ascendente y descendente de las fortunas mal habidas de cualquiera que huela a narcotráfico y que no se hayan aplicado escuchas telefónicas.
En relación a la salida del general Jhonny Aguilera del Comando de la Policía Boliviana, sostuvo que no es la solución, sino que deben irse muchos más, pero más allá de quienes se vayan, el Estado debe demostrarle al país que no protege al narcotráfico y debe sancionar con la pena máxima a las autoridades involucradas para que en adelante ningún servidor público se atreva si quiera a pensar en coludirse con el narcotráfico.
Sostiene que lo ocurrido en Porongo significa “la pena de muerte a tres policías por insubordinación al narcotráfico” y constituye un mensaje escalofriante que puede tener una sociedad: matar a sangre fría y en estado de humillación a tres policías ante el silencio cómplice de la Policía y el Ministerio Público.
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