El general Máximo Jhonny Aguilera Montecinos protagonizó varios episodios al mando de la Policía Boliviana, luego de que el MAS retornó al Gobierno. Entre los temas que encaró por orden del Ejecutivo están los procesos y bajas de sus camaradas por el “motín policial” de 2019; dirigió la captura de la expresidenta Jeanine Añez, en Beni, por el supuesto golpe de Estado; también fue señalado por recibir 35.000 dólares de un narcotraficante y mantener una estructura de corrupción con oficiales de su confianza.
Pero ninguna de esas denuncias mellaron su gestión, hasta que se registraron dos triples asesinatos, el primero de ellos precisamente cometidos contra tres policías, que al final terminaron en su relevo.
“Este cambio, hermano Presidente, es un cambio para oxigenarnos, es una decisión absolutamente sabia”, fue parte del discurso de despedida del general Aguilera, la noche del viernes cuando se confirmó su cambio.
En reemplazo del comandante de la Policía Boliviana fue promovido el general Orlando Ponce, su compañero de curso.
Aguilera fue el primer oficial ascendido en el marco de la Ley 1387 de carrera de generales, que pone por sobre los uniformados con 30 años de carrera al ministro de Gobierno como cabeza del Alto Mando Policial.
Aguilera fue ascendido al grado de general primero y quedó truncada su promoción a general mayor y luego a superior, el máximo grado antes de ser pasado a la reserva activa.
Motín policial
Entre las primeras medidas que Aguilera tomó como comandante, en noviembre de 2020, estuvo el inicio de procesos disciplinarios contra sus camaradas por el motín policial de 2019, hecho que terminó en la renuncia de Evo Morales, luego de las protestas por el supuesto fraude electoral que fue revelado por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Más de 35 oficiales procesados, que no sólo negaron haber dirigido el supuesto amotinamiento, denunciaron en varias oportunidades el hecho de que allegados de Aguilera no fueron dados de baja, como pasó con sargentos y suboficiales, pese a que aparecían en fotos o videos junto a Luis Fernando Camacho, exlíder cívico y actual gobernador de Santa Cruz.
Entre los favorecidos está el exjefe de seguridad de Añez, José María Velasco, quien además fue nombrado por el ministro Eduardo del Castillo como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y luego fue cambiado por los narcoaudios revelados por Morales.
Captura de Añez
Otra orden del Gobierno cumplida por Aguilera fue la captura y traslado de la expresidenta Añez desde Trinidad a La Paz, sindicada por el supuesto golpe de Estado, en marzo de 2021.
Unidades de Inteligencia ya habían dado por fugada a la exmandataria, quien fue encontrada dentro de un sofá-cama en la habitación de un familiar.
Uno de los oficiales a cargo del operativo fue el mayor Álvaro Muñoz, exayudante de órdenes de Aguilera, quien desde el 21 de junio se vio implicado en los intentos de encubrimiento y fuga de Misael Nallar, el acusado por el asesinato de tres policías en Porongo, Santa Cruz.
Lima Lobo
El 26 de abril de 2021, Página Siete hizo público un informe de Interpol Bolivia, que señala que el narco Einar Lima Lobo pagó 35.000 dólares a Aguilera, en septiembre de 2019, cuando éste ocupaba el cargo de director departamental de la Felcc Santa Cruz, con el fin de evitar su extradición. El informe estaba dirigido al entonces comandante de la Policía Yuri Calderón y al subcomandante Donato Coronel, quienes no tomaron acción alguna contra su camarada.
En el documento se revelaba que tanto oficiales de la Felcc y la Felcn protegían al narco e impedían el trabajo de los policías de Interpol. En su momento, Aguilera, quien ya era comandante, negó el hecho pero el caso sigue abierto en la Fiscalía.
Del Castillo calificó de “totalmente falso” el informe de Interpol. Al ministro le bastó una carta que Lima Lobo escribió a este medio, en la que negó el hecho, pero unos días pues de la publicación fue extraditado a Brasil, donde cumple una condena de 14 años por narcotráfico.
Denuncias de corrupción
Una de las constantes en la gestión de Aguilera y de Del Castillo son las denuncias de supuesta corrupción. Los cobros extorsivos por los cambios de destinos señalaban con frecuencia al exjefe de personal Juan Carlos Bazoalto, quien en mayo fue removido de Diprove Santa Cruz, luego del escándalo por los autos robados en Chile, que después eran vendidos por policías en Yapacaní, Santa Cruz.
De acuerdo con un recuento de casos que Página Siete hizo, en la gestión de Aguilera los efectivos policiales estuvieron involucrados en todos los delitos graves del Código Penal, que incluyen: homicidio por tortura (en oficinas de Trata y Tráfico de La Paz), violación, complicidad en la fuga de reos, contrabando y hasta robo agravado, como fue el caso de la exasistente del general, la subteniente Lizett Condori, implicada en un atraco.
En el tema de narcotráfico se presentaron casos de volteo y tráfico de droga por parte de policías, alguno de ellos fue detenido en Chile. Uno de los casos no esclarecidos es la denuncia contra los hijos del coronel Jhonny Corrales, señalados por extorsión a narcos y personas dedicadas a la internación de autos indocumentados.
Pese a que fue uno de los señalados por el supuesto montaje del caso terrorismo, Aguilera siempre estuvo atento a las consultas de la prensa y es recordado por su interacción con los periodistas, como en la recuperación de la medalla presidencial, cuando aún era coronel en la Felcc de La Paz. En 2020, durante la gestión de Añez, su compañero de curso Iván Rojas trató de implicarlo en el caso de certificados falsos, con el fin de evitar que sea tomando en cuenta en los ascensos a generales.
Fue un oficial de frases célebres como ésa de que “la Policía Boliviana es mejor que el FBI”. Aguilera se despidió el viernes con una frase de las más características frente a cámaras: “Por su atención, muchas gracias”.
Página Siete
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