Industriales piden modificar el Código Penal para condenar a bloqueadores a ocho años de cárcel

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y sus cámaras departamentales, con el apoyo de entidades empresariales a escala nacional, presentaron la jornada de ayer una propuesta de modificación al Código Penal, para la penalización de los bloqueos.

La propuesta tiene por objeto “proteger la producción nacional como motor y fuente de recursos y empleo para la reactivación económica del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la penalización de los bloqueos, tutelando los bienes jurídicos y derechos constitucionales referidos a la libertad de tránsito, a la paz, a la seguridad y el orden público y el resguardo de los servicios públicos”, indicaron desde la institución.

La propuesta de la CNI plantea la prevención de pérdidas económicas; la protección de los derechos fundamentales afectados a causa de los numerosos bloqueos; las precisiones en el Código Penal que permitan actuar de manera adecuada contra el accionar cometido en diversas situaciones.

En este sentido, Jaime Ascarrunz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), que también apoya la modificación del Código Penal para sancionar con una mayor cantidad de años para aquellos que realicen el cierre de caminos, señaló que estos cambios son urgentes, pues ya no se puede seguir sufriendo “el abuso de grupos sociales que generan un grave daño al sector empresarial y al país en su conjunto”.

La CNI propone modificar los artículos 214, 293 y 358 incrementando la pena de privación de libertad de 4 a 8 años (antes se preveía penas menores e incluso sólo prestación de trabajo); y la incorporación de los artículos 213 Bis, 213 Ter, 213 Quater, 232 Bis y 358 Bis tipificando el bloqueo total o parcial de caminos que impidan u obstruyan el libre tránsito, la intimidación sindical y el vandalismo, con una pena de 4 a 8 años más las multas respectivas y la inhabilitación para cargos públicos y sindicales.

Durante la presentación, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, señaló que cada vez que una carretera es bloqueada se detiene el flujo vital de insumos, productos, bienes, servicios y personas que son fundamentales para el crecimiento económico y social.

“Las industrias no pueden operar, los trabajadores no pueden llegar a sus empleos, los servicios de emergencia se ven obstaculizados y la vida cotidiana se ve paralizada”.

Agregó que los bloqueos de carreteras tienen repercusiones en la imagen y estabilidad del país y lo hace inviable para la inversión nacional y extranjera al perder la confianza en nuestra capacidad para garantizar un entorno propicio para los negocios.

Rechazo a los bloqueos

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, indicó que ya no se puede seguir permitiendo el bloqueo de las carreteras afectando a la industria nacional que necesita tener los caminos expeditos para trabajar tanto con el mercando interno, como con el internacional.

“No compartimos con estas medidas de presión realizadas por intereses políticos. Las rechazamos”, subrayó Siles.