Hay preocupación internacional por activista venezolana detenida

Rocío San Miguel se preparaba para salir de viaje por el principal aeropuerto de Venezuela cuando fue arrestada. Desde entonces lleva “más de 100 horas incomunicada”, según los abogados de esta activista a quien no han podido representar en una causa en su contra por “terrorismo”.

Su arresto fue seguido por el de cinco de sus familiares, incluida su hija y su expareja, un militar retirado, también acusado de estar vinculado en una supuesta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Los familiares fueron excarcelados ayer.

Esto es lo que se sabe del caso, seguido con “preocupación” por la oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como por el gobierno de Estados Unidos.

San Miguel, de 57 años y de nacionalidad venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero a las 5:00 de la madrugada en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía. Al momento de su detención se encontraba con su hija Miranda, quien pudo avisar a sus allegados del hecho.

La información oficial se ha conocido a cuentagotas. Pasaron más de 48 horas hasta que el fiscal general, Tarek William Saab, informó el domingo por la tarde que había una orden de detención sobre San Miguel, mediante un mensaje en la red social X.

La fiscalía la vincula con “Brazalete blanco”, un presunto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Maduro.

Maduro, que suele denunciar planes para derrocarlo, dijo que su gobierno neutralizó cinco “conspiraciones” en 2023. El mandatario, en busca este año de su tercera reelección, ya había acusado a San Miguel, en 2014, de estar involucrada en “un alzamiento militar”.

El equipo legal a cargo de la defensa de San Miguel, al frente de la ONG Control Ciudadano que registra violaciones de derechos humanos, denunció la “desaparición forzada” de la activista.

“Hasta las 10:30 de hoy (martes) 13 de febrero, la defensa técnica no se ha podido comunicar con Rocío San Miguel”, a quien la fiscalía le imputó los delitos de “traición a la patria”, “conspiración” y “terrorismo”, cargos por los que han sido procesados otros activistas venezolanos. 

“No contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho a la asistencia legal, como parte del debido proceso establecido”, dijeron. 

Creciente preocupación
Estados Unidos, la Unión Europea y la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por la situación de San Miguel.

“Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, señaló la ONU, en la misma línea de la UE.

La Casa Blanca ha elevado el tono varias veces en las últimas semanas contra Maduro, al que reprocha el incumplimiento del acuerdo entre gobierno y oposición para las elecciones presidenciales de este año, que incluyó un canje de “presos políticos”.

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